Defensa de Lozoya ve “imposible” justificar alza en reparación por Odebrecht y AgroNitrogenados; UIF acusa a Emilio de recibir “mordidas”
Alfredo Maza
La defensa legal de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró este viernes que es “de imposible justificación” el aumento a la cifra por la reparación de daño de los casos Odebrecht y AgroNitrogenados que busca imponerle el Gobierno Federal, la cual pasó de ser de 10.7 a 30 millones de dólares (mdd).
“Incrementar ese monto hasta 30 millones de dólares como se pretende ahora, no sólo carece de sustento técnico, sino que es de imposible justificación ante el juzgador.
“Lo que se traduce en que no sería aceptado por el Poder Judicial de la Federación, encargado de salvaguardar la proporcionalidad y legalidad de los acuerdos”, señaló este viernes el despacho Ontiveros Consulting mediante un comunicado.
UIF acusa a Emilio Lozoya de recibir “mordidas” millonarias
En respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró mediante un comunicado que Lozoya recibió ‘mordidas’ de por lo menos 15.7 mdd en ambos casos, que representaron solamente en el caso de AgroNitrogenados un costo de 760 mdd para el Estado mexicano.
“Lo anterior indica que el monto del probable daño a la nación por parte del procesado debe ser calculado analizando todas las consecuencias de las actividades ilícitas del C. Lozoya”, señaló.
Ambas respuestas se dieron luego de que en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como ‘justa’ la cantidad que tanto la UIF como Pemex pidieron por la reparación del daño.
Miguel Ontiveros es abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Foto: Cuartoscuro/Archivo
Gobierno sube 200% cifra de reparación de daño; ‘casi es extorsión’, responde Lozoya
Durante la última audiencia de Lozoya, celebrada el martes pasado, la defensa del exdirectivo anunció que no se alcanzó un acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados debido a que el Gobierno de México aumentó un 200% su solicitud “sin justificación ni sustento legal”.
Por esta razón el juez Gerardo Genaro Alarcón, del Reclusorio Norte, rechazó realizar la audiencia intermedia hasta que el Gobierno “no sustente y fundamente” el cambio, “sobre todo porque la Fiscalía no tuvo intervención en la etapa de mecanismos alternativos”.
En dicha audiencia Lozoya, luego de pedir la palabra para acusar un “acoso político del que ha sido víctima mi familia”, agradeció la decisión del juez.
“Este cambio (de cifra) me parece que es ilegal, es inmoral y raya casi en la extorsión (…) Acepté pagar el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿por qué para este gobierno comer en un restaurante es ilegal, pero no ir a restaurantes en Boston o jugar golf en Madrid?”, dijo.
Hoy, tres días después de la audiencia y luego de ser cuestionado sobre el asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el cambio:
“Considero justa la cantidad de reparación del daño porque no es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho.
“Claro, no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros, pero él mismo declaró de cómo se manejó la relación con la empresa d Odebrecht, del dinero que aportaron, cómo se manejó dinero para comprar votos y aprobar la llamada reforma energética, de cómo se le entregó dinero a legisladores del PAN”, dijo.
En respuesta a esta declaración, la defensa del exdirectivo precisó que el monto por 10.7 mmd “no es una oferta de Emilio Lozoya. Esa cantidad fue solicitada por la UIF y PEMEX —hace más de un año—, ante el órgano jurisdiccional en calidad de reparación del daño”.
“Más aún: cuando —en audiencia pública—, el Juez de la causa cuestionó a los representantes de la UIF y PEMEX acerca de las razones para incrementar dicho monto, éstos contestaron que el motivo era “una instrucción superior”. Esta respuesta motivó el diferimiento de la audiencia por falta de fundamentación en la postura del gobierno de México”, señaló el despacho.
En respuesta a esta declaración, la UIF emitió un comunicado en el que recordó que Lozoya, siendo director de Pemex, presuntamente compró con sobreprecio la empresa AgroNitrogenados, lo que “causó graves daños al patrimonio de esta entidad pública y, por ende, a la Nación”.
“El 29 de enero de 2014, Pemex erogó 275 millones de dólares en la compra de una infraestructura industrial (Agronitrogenados) que no estaba en operación desde 1999. El sobreprecio de esta compra fue de 216 millones de dólares, es decir, el C. Lozoya compró por 275 mdd algo que en realidad valía 58 mdd.
“En los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente. Así, la operación fraudulenta del C. Lozoya, solamente en el caso de AgroNitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares”, señaló.
De acuerdo con la Unidad, por esta operación Lozoya recibió como “mordida” de parte de la empresa Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero.
“Por fortuna, el gobierno de México ha logrado recuperar de Alonso Ancira Elizondo, como reparación del daño, el sobreprecio de 216 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 104 mdd y Ancira tendrá que entregar a Pemex los 112 mdd restantes del 1º de diciembre de 2023”, mencionó.
En cuanto al caso Odebrecht, la UIF recordó que se tienen identificados otros presuntos sobornos por al menos 7.3 millones de dólares, pagados por la empresa trasnacional brasileña, a la cual se le adjudicaron tres contratos por parte de Pemex conocidos como Salamanca, Tula I y Tula II.
“De las actividades ilícitas del C. Lozoya se desprendieron también dos compras de inmuebles en el mercado mexicano por 7 millones de dólares”, agregó.
Para resolver este asunto en definitiva el juez Alarcón decretó para el próximo jueves 31 de agosto a las 12:00 horas la continuación de la audiencia intermedia en la que la FGR deberá justificar de manera formal el cambio de 10.7 a 30 mdd por parte del Gobierno.
