Cateo en la UAS para saquear documentación e inventar delitos
Álvaro Aragón Ayala
Imposibilitado legalmente para auditar el presupuesto y los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, arqueos que le permitirían libremente prefabricar o inventar más delitos contra los funcionarios uaseños, el gobernador Rubén Rocha Moya ordenó el cateo de la institución para saquear documentación universitaria sobre los que ni la Fiscalía General de Justicia ni el Juez de Control tienen jurisdicción. El cateo es violatorio a la autonomía de la Casa Rosalina y a las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El allanamiento fue decretado por el Juez de Control y Enjuiciamiento, Adán Alberto Salazar Gastélum, para “ayudar” a la Fiscalía General de Justicia a armar carpetas de investigación contra Jesús Madueña Molina y otros funcionarios universitarios sobre los que el gobernador desató una verdadera cacería con el propósito meterlos a la cárcel porque no le quieren ceder el control de la institución. El juez recibió instrucciones del mandatario estatal para imputar delitos al Rector.
Rubén Rocha ha intentado tomar por asalto a la UAS por medio de la Ley de Educación Superior del Estado, vetada por varios jueces federales por violatoria a la autonomía universitaria. En la estrategia de Rocha se incluyó la criminalización e invención de delitos contra los funcionarios uaseños. Ahora, al no doblegarlos ni poder auditar a la UAS, Rocha Moya quiere sustraer documentación de la institución mediante un cateo a todas luces ilegal.
Para atacar a la UAS, Rocha fabricó el pretexto “ideal”: que la máxima casa de estudios se niega a ser auditada, pero la realidad es que rechaza ser fiscalizada, pero nada más por el gobierno estatal y la Auditoría Superior del Estado porque no tienen facultades legales para realizar este tipo de arqueos. Es la Auditoría Superior de la Federación la que audita el presupuesto universitario por estar integrado con recursos federales; los ingresos propios los audita el órgano de control interno de la Casa Rosalina con el apoyo de un auditor acreditado por la Secretaría de la Función Pública.
Para fabricar delitos el gobernador instrumentalizó a la Auditoría Superior del Estado, a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal del Poder Judicial, solo que los expedientes que arman carecen de elementos de prueba pues son integrados con recortes de periódicos y fotocopias de plataformas “noticiosas” digitales. Ni una sola evidencia contundente han podido sumar a los expedientes porque no han tenido acceso a la información de la UAS. Todo lo inventan.
Para salvar el escollo de la auditoría y fabricar o alimentar las carpetas de investigación inventadas, Rocha planeó la práctica del allanamiento en pleno periodo vacacional de la UAS, sólo que la documentación que pretenden saquear está bajo resguardo de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y escapa a la jurisdicción de la Fiscalía. El gobernador pretende adulterar la documentación universitaria que consiga para continuar prefabricando delitos. Los papeles que buscan con el cateo ya fueron auditados por la ASF.
Con los cateos atentatorios a la autonomía universitaria, Rocha Moya quiere reforzar los expedientes que obran en los juzgados de control. Intenta que “fluyan” los delitos prefabricados en el Congreso Local y en el Tercer Piso y que fueron trasferidos a la Fiscalía General de Justicia para su operación-aplicación, y a los medios, para su amplia difusión. El montaje gubernamental cuasiperfecto ha topado con la defensa jurídica de la Universidad y la falta de pruebas contundentes. Los cateos le servirán para inventar esas pruebas.
La irrupción de las fuerzas policiales y/o de agentes del Ministerio Público en la Universidad Autónoma de Sinaloa es violatorio a la autonomía universitaria. Con la orden de cateo, Rocha Moya trata a la UAS como si se tratara de un campo de concentración de guerrilleros o bien un ente que pone en riesgo la seguridad nacional. La tesis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisa sobre autonomía universitaria:
“La intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en las instituciones académicas violenta su autonomía y genera un efecto amedrentador sobre la comunidad académica. Si bien dichas intervenciones pueden darse en casos excepcionales y en virtud de los deberes Estatales de preservar la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Estados, estas deben darse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos, por lo que los Estados no pueden invocar la existencia de situaciones excepcionales como medio para suprimir o denegar, desnaturalizar o privar de contenido real la libertad académica, la autonomía universitaria o, en general, los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o como justificación para practicar o tolerar actos contrarios a normas imperativas de derecho internacional. La aplicación de la legislación de seguridad nacional, las normas sobre antiterrorismo y en general cualquier acción de las fuerzas de seguridad sobre los campus deben cumplir con los estándares de proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y necesidad”.
