El último intento para voltear el resultado de la elección en Guatemala parece fracasado
Héctor Silva Ávalos
El Ministerio Público de Guatemala, dirigido por una fiscal general a la que Estados Unidos ha calificado de funcionaria antidemocrática y corrupta, movió ficha en un último intento desesperado por anular los resultados de las elecciones generales del 25 de junio pasado, que dejaron como gran ganador de la jornada al Movimiento Semilla, de oposición, al enviarlo a un ballotage con buenas posibilidades de llegar a la presidencia del país.
El jefe fiscal Rafael Curruchiche, también calificado por el Departamento de Estado en Washington como funcionario corrupto, lo anunció en la cuenta de Twitter del Ministerio Público de Guatemala (MP) ya entrada la noche del miércoles 12 de julio: a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que él dirige, un juez suspendió la personería jurídica al Movimiento Semilla, de oposición, lo cual impedía a su binomio presidencial participar en la segunda vuelta programada para el próximo 20 de agosto contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
A diferencia de ocasiones anteriores en que todo el sistema de justicia se mostró unido en casos contra personas o instituciones que se han opuesto o criticado al gobierno guatemalteco, esta vez el Ministerio Público se quedó solo. Media hora después del anuncio de Curruchiche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la elección del 25J y, entrada la tarde del jueves 13, los magistrados electorales anunciaron que no reconocían la suspensión de Semilla y mantenían su veredicto de que la segunda vuelta se realizará el próximo 20 de agosto.
La Corte de Constitucionalidad (CC), que unos días antes había entorpecido el proceso electoral al admitir un recurso que facilitó reconteos innecesarios de votos, esta vez también dio la espalda a quienes, como el MP, se empeñan en torpedear los resultados electorales. El jueves, pocas horas después del anuncio del fiscal Curruchiche, la CC admitió un amparo que congeló la decisión del juez que suspendió a Semilla. La corte, sin embargo, dejó abierto un espacio para que la investigación al partido de centro izquierda continúe en el futuro.
La tensión política había escalado en Guatemala tras la acción del Ministerio Público. Desde organizaciones sociales y gobiernos extranjeros llegaron reclamos de que el MP estaba poniendo en riesgo la estabilidad del país, su democracia, y de que estaba utilizando el derecho penal para criminalizar al único partido de oposición vigente en Guatemala, que además tiene buenas posibilidades de convertirse en el próximo gobierno.
En las calles se sumaron a los simpatizantes de Semilla colectivos artísticos, organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas a exigir respeto a los resultados electorales y la renuncia del fiscal Curruchiche y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras. La concentración más numerosa ocurrió frente a las oficinas centrales del MP en el centro de la Ciudad de Guatemala.
Hubo momentos de tensión importantes, como cuando la fiscal Cinthia Monterroso, enviada de Curruchiche, ingresó con agentes armados a la sede del Registro de Ciudadanos del TSE a incautar documentación de Semilla o cuando, por orden presidencial, miembros del ejército acordonaron el palacio de gobierno en la capital.
Las condenas a lo actuado por los fiscales llegaron desde todos lados. Una de las reacciones internacionales más fuertes fue la de Washington, a través de Brian Nichols, el subsecretario asistente para el hemisferio occidental, quien acusó al MP de amenazar la democracia electoral de Guatemala. “Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, sentenció Nichols en un tuit.
Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, conversa con reporteros en el tercer día de una revisión oficial de actas electorales en la Ciudad de Guatemala, el jueves 6 de julio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)
Hasta ahora, la posición de Estados Unidos sobre los asuntos de Guatemala había sido más bien cauta, pero las declaraciones de la administración Biden se han ido endureciendo tras la jornada del 25J y los diversos intentos del oficialismo por revertir el resultado electoral. En Washington, un funcionario legislativo del partido demócrata de Biden dijo a Infobae que la Casa Blanca ha sido bastante clara con los gobernantes guatemaltecos actuales respecto a las consecuencias negativas que una ruptura del orden impuesto por la voluntad popular podría tener.
Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala premiada en Estados Unidos por su labor anticorrupción, recordó en sus redes sociales que la ley de partidos políticos de su país prohíbe la suspensión de un partido “después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”.
La pretendida suspensión de Semilla, según Juan Francisco Sandoval, exjefe fiscal anti-impunidad exiliado en Washington tras ser perseguido por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, es inconstitucional.
“La segunda vuelta tenía que seguir vigente porque el TSE es la máxima autoridad electoral, la única que puede suspender y cancelar políticos. La ley electoral tiene rango constitucional, por ende sus disposiciones son superiores a cualquier norma ordinaria aplicada por el juez”, dijo Sandoval en charla con Infobae. La voluntad popular, alega el ex fiscal, “no puede supeditarse al capricho de una mafia que actúa por intermedio del MP corrupto de Consuelo Porras (la actual fiscal general)”.
Esta nueva intentona de anular los resultados electorales del 25J ocurre luego de que, a principios de julio, varios partidos de la órbita del oficialismo, incluido el del presidente Alejandro Giammattei, intentaron bloquear los resultados a través de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia al pedir una revisión de actas y posibles reconteos de votos basados en supuestas actas irregulares de escrutinio que no representaban ni el 0.5% del total. Este proceso había impedido que el TSE hiciera oficiales los resultados. Sin embargo, las altas cortes avalaron los resultados y el tribunal lo hizo oficiales el mismo jueves 13.
Un caso sacado de la manga
El caso que el fiscal Rafael Curruchiche anunció contra Semilla está basado en una sola firma. Una firma para intentar anular todo el proceso electoral cuya limpieza ya fue avalada por misiones internacionales de observadores, entre ellas la que envió la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha vuelto a mostrarse preocupada por los intentos de socavar la democracia guatemalteca.
La suspensión temporal de la personería jurídica de Semilla, dijo Curruchiche, es por la denuncia de un ciudadano, hecha en mayo de 2022, de que había sido adherido ilegalmente a ese partido político con una firma falsa. En julio de 2023, más de un año después y en pleno proceso de certificación de unos resultados electorales que dejaron fuera de la contienda presidencial a los principales apoyos políticos de la actual fiscal general, el MP de Consuelo Porras decidió que la sospecha por esa firma era suficiente para dejar por fuera a Semilla.
Curruchiche aseguró, también, que “posiblemente” hay otras cinco mil firmas sospechosas, pero no presentó pruebas de ello. También adelantó el fiscal que puede atribuirle un caso de lavado de dinero a Semilla.
Manifestantes reunidos frente al Tribunal Supremo Electoral para exigir que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales. REUTERS/Josue Decavele
De acuerdo con una fuente en el Ministerio Público de Guatemala, que habló con condición de anonimato por seguridad, Curruchiche pidió el lunes 10 de julio el expediente del Movimiento Semilla y antes de eso, desde mayo de 2022, no había habido movimiento alguno en esa investigación.
Juan Francisco Solórzano Foppa, ex superintendente financiero y excandidato de oposición a la alcaldía de Ciudad de Guatemala, aseguró que la acción del MP y del juez séptimo de instancia penal es ilegal porque la acción es contra el comité de formación del Movimiento Semilla, el cual tuvo vigencia temporal en 2018, cuando el partido se formó legalmente. “Un comité pro-formación de un partido constituido no se puede suspender después de que se constituyó ese partido político, pues (el comité) deja de tener personalidad jurídica” cuando el partido nace, tuiteó.
Solórzano Foppa fue defensor de José Rubén Zamora, el periodista guatemalteco al que la fiscalía especial que dirige Curruchiche persiguió con un caso también lleno de irregularidades. Un tribunal ha condenado a Zamora, uno de los periodistas más críticos del Ministerio Público y del gobierno Giammattei, a seis años de prisión. Solórzano Foppa también fue criminalizado varias veces, la primera en mayo de 2021 con un caso similar al que hoy el MP quiere armar contra Semilla.
Como en otros casos contra opositores políticos o voces críticas, en este que pretendía interferir con los resultados electorales del 25J en Guatemala, la acción del MP fue precedida por anuncios hechos desde cuentas apócrifas en redes sociales, sobre todo en Twitter, que adelantaban las acciones penales. Algunas de esas cuentas están relacionadas con la Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha financiada en parte por empresarios guatemaltecos que apoyó la candidatura de Zury Ríos, la cual naufragó en las elecciones presidenciales.
Fiscales, un presidente y un juez con historia
Hay un protagonista silencioso en todo esto, uno que ha hecho pocas declaraciones públicas pero no ha dudado en mantener tras bambalinas su apoyo incondicional al MP y a Consuelo Porras, la fiscal general. Ese protagonista es Alejandro Giammattei, el presidente de Guatemala.
Giammattei salió golpeado de las elecciones del 25J. Su partido, Vamos, y su candidato presidencial, Manuel Conde, no llegaron ni al 8% de los votos. Tampoco le fue mejor a sus aliados políticos, los que le ayudaron a sostener el control en el Congreso durante su presidencia. Con todos lo unía al presidente el afán por desmontar los esfuerzos anticorrupción que se habían instalado en Guatemala desde la década anterior, con la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que junto al Ministerio Público en mandatos previos al de Porras impulsó investigaciones criminales a las redes de mafias políticas del país, incluidos casos que implicaban a Giammattei.
En mayo de 2022, Giammattei reeligió a Porras como fiscal general y consumó así una buena relación que había empezado un años antes, cuando el MP bloqueó dos investigaciones en las que el principal sospechoso era el presidente, una por un supuesto soborno millonario recibido de mineros rusos y kazajos y otra por coimas que se supone le entrego un exfuncionario.
Porras había nombrado a Rafael Curruchiche en 2021 como jefe de la FECI, la fiscalía especial que hasta entonces fue la punta de lanza en investigaciones de grandes casos de corrupción. Desde su llegada, Curruchiche pidió que le hicieran llegar todos los casos en que el presidente aparecía mencionado y los enterró; también inició investigaciones contra el periodista Zamora y otros ex operadores de justicia que había trabajado antes para la FECI o para la CICIG. En buena parte de esos casos, Curruchiche y sus fiscales trabajaron de la mano con la Fundación contra el Terrorismo, que actuó como querellante particular.
Rafael Curruchiche y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras. Ambos han sido calificados por Estados Unidos como funcionarios corruptos y antidemocráticos.
La FECI tampoco ha actuado en denuncias de corrupción más recientes que involucran al círculo íntimo del presidente. A finales de junio pasado, por ejemplo, el periódico estadounidense The New York Times publicó que una magistrada electoral había denunciado a Miguel Martínez, el asesor más cercano al presidente Giammattei y su principal operador político, por intentar sobornar a la autoridad electoral para influir en los resultados del 25J.
Tampoco es nueva la relación entre el MP de Porras y Curruchiche y el juez Fredy Orellana, el titular del juzgado séptimo que emitió la orden de suspender la personería jurídica de Semilla. Fue Orellana quien conoció el caso contra el periodista José Rubén Zamora en primera instancia y quien ha ordenado acciones legales contra ex operadores de justicia a los que Curruchiche y el MP han perseguido, como el exjefe fiscal Sandoval, el exsuperintendente Solórzano Foppa y la ex fiscal Samari Gómez.
Orellana, además, fue fotografiado junto a uno de los abogados de Gustavo Alejos, un exfuncionario y operador político investigado y encarcelado por sus intentos ilegales de influir en la elección de las altas cortes del país. Alejos fue, también, uno de los recaudadores de fondos en campañas electorales para Sandra Torres, la candidata contra la que Semilla y su presidenciable están programados a competir en la segunda vuelta.
Bernardo Arévalo, el candidato presidencial del Movimiento Semilla, abordó el tema del MP y la fiscal general en las primeras declaraciones que dio tras sus sorpresivos resultados en la primera vuelta electoral. Dijo que, de ganar, no volverá a elegir a Porras como jefa del Ministerio Público y que pedirá la ayuda de los ex fiscales exiliados en Estados Unidos durante el gobierno de Giammattei -más de dos docenas- para acometer el rescate del sistema de justicia en Guatemala. Porras y Rafael Curruchiche, mientras, están empeñados en que Arévalo y Semilla no vuelvan a las urnas. Por ahora no lo han logrado.
