Crisis en la fiscalía de justicia
Álvaro Aragón Ayala
La prefabricación de denuncias penales contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que provocaron la renuncia obligada de la Fiscal Anticorrupción, Nereida Avilés Aceves, por no presentarse a los montajes, generó una implosión en la Fiscalía General de Justicia del Estado. La designación al “vapor” del nuevo Fiscal Marco Antonio Álvarez Armenta agravó la crisis interna de la dependencia, cuya credibilidad rueda por los suelos.
Los expedientes prefabricados por la Fiscalía General de Justicia, hipotéticamente autónoma, son prueba de que la dependencia es instrumentada con fines políticos por el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. La Fiscal Sara Bruna es títere del Tercer Piso. En el Consejo Consultivo de la FGJE se desataron los demonios cuestionando el arribo de Álvarez Armenta, ejecutor de Rocha.
El dominio total de la Fiscalía por parte de Rocha e Inzunza provoca el desplazamiento de funcionarios que ingresaron a la institución durante las gestiones de Marco Antonio Higuera Gómez, Gilberto y Alfredo Higuera Bernal, Fidel González Mendívil y Juan José Ríos Estavillo. Empleados de primero, segundo y tercer nivel son tratados en forma déspota, ejerciendo presión sobre ellos para que renuncien y cedan sus espacios a la nueva hornada de funcionarios morenistas.
La Fiscalía General es un auténtico pandemónium. Fiscales y agentes investigadores son aplastados. La grilla intestina y los intereses fácticos en la dependencia los inmoviliza ya que desde arriba hay instrucciones de que no se toquen determinados grupos criminales. Los resultados de la Fiscal son magros. La delincuencia opera por encima de la dependencia encargada de procurar justicia.
Los esfuerzos de la Fiscal Sara Bruña Quiñónez están concentrados en recepcionar y pulir los expedientes contra la UAS que le son enviados desde el gobierno del Estado para darles forma de carpetas de investigación y turnarlos a los jueces de control dominados por el gobernador y su secretario general de Gobierno. La Fiscalía es una fábrica de y carpetas “patito”.
El nuevo Fiscal Anticorrupción designado por el gobernador Rubén Rocha Moya por encima de la “autonomía” de la Fiscal Sara Bruna recibió ese “premio” por declararse dispuesto a prefabricar las denuncias contra los funcionarios universitarios, pero su designación “al vapor” molestó y es impugnada por integrantes del Consejo Consultivo de la FGJE y diversas organizaciones de la sociedad civil que piden que se le revoque el nombramiento.
Luis Rubén Amaro Rodríguez y Mario Eduardo Rodríguez Kato del Consejo Consultivo de la Fiscalía consideraron que el nombramiento del nuevo Fiscal anticorrupción se dio al día siguiente de que Nereida Avilés Aceves presentó su renuncia “por jubilación”, sin antes socializar la dimisión y la nueva designación ante el consejo, analizar perfiles o realizar una votación.
Marco Antonio Álvarez no tiene experiencia en el combate a la corrupción, pues únicamente ha fungido como Ministerio Público y director de la unidad de carpetas de investigación en la zona sur, nada relacionado con el combate a la corrupción.
Observatorio Ciudadano Mazatlán, Iniciativa Sinaloa, Coparmex y No te Metas con Nuestras Hijas, solicitaron la intervención del Congreso del Estado para que muestre el expediente que acredita a Marco Antonio Álvarez para ocupar el cargo público.
Exigieron que en una audiencia pública se entreviste a Marco Antonio Álvarez para que se pueda defender y demuestre su capacidad y trayectoria para ocupar el cargo, y que a través de una votación se determine si le revoca el cargo o en caso contrario, se justifique su permanencia en la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción.
Funcionarios de la Fiscalía con alta experiencia que ingresaron en la época de Marco Antonio Higuera Gómez, Gilberto y Alfredo Higuera Bernal, Fidel González Mendívil y Juan José Ríos Estavillo, consideraron que la Fiscalía Anticorrupción es operada directamente por el gobernador Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza en abierta intromisión a la autonomía de la dependencia.
La Fiscalía General de Justicia, pues, implosionó. Quedó al desnudo con la renuncia obligada de Nereida Avilés Aceves, quien se negó a ser parte de las perversidades jurídicas contra funcionarios de la UAS. Avilés Aceves no quiso pasar a la historia de la Fiscalía como una de las responsables de las infamias que se urden en el Tercer Piso y se bajan a la Fiscalía para su ejecución.
A MERCED DEL GOBERNAR
La Fiscalía de Justicia de Sinaloa está quedando a deber en Sinaloa, porque únicamente está a merced tanto del gobernador Rubén Rocha y del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, reveló el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa Ricardo Beltrán Verduzco.
Destacó que la Fiscalía sólo se está utilizando para perseguir a los enemigos políticos de Rubén Rocha Moya situación en la que no coinciden los abogados. “La Fiscalía está a merced y disposición del Secretario General de Gobierno y del gobernador, para hacer una ‘garrotera’ de los enemigos políticos del gobernador”, puntualizó.
Precisó que los datos en materia de inseguridad no van acordes a la realidad de Sinaloa. “Siempre han evadido el tema de la seguridad, Sinaloa es un volcán en ebullición, haz de cuenta que Sinaloa es el Popocatépetl, pero las autoridades son las últimas que se dan cuenta”, indicó
