64° Legislatura: cunde el estrés en la ASE, cómplice de la corrupción quirinista
Álvaro Aragón Ayala
La entrada en funciones de la 64° Legislatura provocó estrés entre más de 300 “trabajadores” de la Auditoría Superior del Estado ya que durante el sexenio quirinista, su titular, Emma Guadalupe Félix Rivera, pudo haber incurrido en graves actos de omisión y corrupción, los cuales pudieran ser “destapados” por los recién estrenados diputados locales.
Pese a que se presume que el presidente de la Comisión de Fiscalización, el priista Sergio Mario Arredondo Salaz, tratará de “blindar” a la auditora, es imposible sacudirle a Félix Rivera el estigma derivado del “maquillaje” de las cuentas públicas estatales y municipales e insostenible no poner en la mesa las discusiones parlamentarias el manejo arbitrario del presupuesto estatal.
Hasta ahora los legisladores locales han sido generosos con la auditora: no han activado la Unidad Técnica de Evaluación, responsable de auditar a la Auditoría Superior del Estado, y las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Hacienda, Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y la de Fiscalización, no han incluido en su agenda de prioridades el caso de la Auditoría Estatal, pese que ha sido acusada de ineficiente e imparcial.
Auditoría sumamente enlodada
La Auditoría Superior del Estado ha sido señalada de manejar su presupuesto de manera discrecional, como si se tratara de una “empresa particular”, donde se escuchan únicamente dos voces, primero la del aún gobernador Quirino Ordaz Coppel y después la de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera.
Las denuncias del personal de la ASE revelan que los auditores se echan “clavados” en las computadoras y los archivos contables-administrativos perciben salarios entre 12 y 22 mil pesos mensuales, mientras que a los funcionarios y la corte de adulación de Emma Guadalupe Félix Rivera les pagan arriba de los 64 mil pesos mensuales.
Antes de dar ceder a la 64° Legislatura los espacios del Congreso Local, diputados de la 63° Legislatura calificaron el trabajo de la titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa de parcial y deficiente y de falta de resultados, y la acusaron de presentar informes superficiales y tener una estructura burocrática obesa y un desempeño gris.
“Lluvia” de denuncias contra la auditora
El mes de abril, la otrora diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Comisión de Fiscalización, cuestionó que la ASE no haya realizado ninguna observación a la construcción de un estadio de futbol de más de 700 millones de pesos que se le regaló a un particular. Y preguntó: “¿Nos sirve así una Auditoría Superior del Estado? ¿Qué intereses protege la ASE? porque todo indica que no son los intereses del pueblo sinaloense”.
En la comparecencia ante el Congreso Local de Emma Guadalupe Félix Rivera, también la entonces diputada Graciela Grijalva Castro lamentó que Félix Rivera no haya atendido desde hace dos años la sugerencia de que renunciara, ya que su actuación no tiene mayor mérito. “Usted insiste en servir al gobernador, protegiendo sus excesos y frivolidades, en omisión de sus responsabilidades en materia de revisión del gasto público, desde el inicio y hasta el último año del ejercicio legislativo”, le dijo.
Afirmó que son cinco mil 342 millones de pesos acumulados a pasivos a corto plazo, los que dan cuenta del derroche y que se carezca de fuente de pago en más de tres mil millones de pesos en ese rubro, es decir, el equivalente a todo el presupuesto anual de Culiacán, muestran el dispendioso gasto sin control, solapado por el órgano fiscalizador que encabeza la auditora.
“No hay en el informe de la cuenta pública estatal, el menor análisis del gasto ordinario, ni del excedente de dos mil 903 millones de pesos en relación al presupuesto autorizado por el Congreso. Y no se toma siquiera la molestia de comparar las partidas aprobadas con los montos ejercidos, que por enésima ocasión resultan ignoradas, con sumas obscenamente abultadas”, indicó.
Tampoco hay revisión – indicó- en cuanto al destino de 13 millones de pesos más en el propio despacho del gobernador, ni en 253 millones extras en la secretaría general de gobierno.
Nada se dice sobre los gastos del registro civil, que materialmente se duplicaron, al pasar de 69 millones autorizados a 117 millones de pesos ejercidos o que se triplicaran en la dirección de asuntos agrarios, con sólo 38 millones de pesos previstos, comparados con los 124 millones de pesos ejercidos.
Del mismo modo, también se omite que la Secretaría de Administración y Finanzas haya gastado cien millones de pesos más o que también se gastara el doble en la secretaría de desarrollo social, con 681 millones cuando sólo tenía autorizados 323.
Yeraldine Bonilla Valverde, también a la sazón diputada, cuestionó la falta de revisión en la compra del edificio Homex, y de la millonaria inversión en su remodelación, pues aseguró que hubiera salido más barato construir un edificio nuevo.
En funciones de legislador, Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas, criticó que la Secretaría de Obras Públicas haya gastado más de lo que se le aprobó, sin saber en qué se gastó ese dinero y censuró las millonarias inversiones en estadios deportivos en franca violación de la ley sólo para beneficiar a amigos y familiares del gobernador, como Ernesto Coppel, Toledo Corro, Joaquín Vega Acuña, Ignacio de Nicolás, Ricardo Salinas Pliego…
Saqueo del Instituto de Pensiones y del ISSSTE
El otrora diputado Jesús Víctor Manuel Calderón Cabanillas, criticó que la ASE haya pasado de tener una estructura administrativa de 211 trabajadores a casi el doble, y que a pesar de tener herramientas para hacer un buen trabajo registre un desempeño gris.
Ese mes de abril, el diputado José Antonio Crespo López cuestionó la falta de revisión en las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, del que afirmó que ha sido llevado a la quiebra por los dos últimos gobernadores, poniendo con ello en riesgo el sistema de seguridad de los burócratas.
“Renuncie, por opacidad y falta de capacidad”, le dijo a la Auditora.
A su vez el diputado Édgar Barraza Castillo señaló que en donde hay mayor opacidad es en el manejo de los distintos fideicomisos públicos, principalmente el integrado con los descuentos quincenales que se les aplica a los trabajadores estatales.
La diputada, cuya función legislativa concluyó el 30 de septiembre, Delia Esmeralda López Altamirano, cuestionó la falta de resultados en las revisiones al ISSSTEESIN y falta de actuar en contra de sus funcionarios y exfuncionarios, pese a que no se les ha devuelto a los trabajadores el dinero que se les descontó para el Fondo de Vivienda.
“Su participación produce mayor oscuridad”, le dijo a la titular de la ASE.
Radiografía del gobierno de Quirino revela las pestilencias de la corrupción gubernamental en todos los niveles. El retrato morenista de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera refleja el rostro de la complicidad y el servilismo político.
Es de urgente y obvia resolución que la 64° Legislatura agende, para su rápida investigación técnica, a la auditoria estatal, con el propósito que se les dé certeza y veracidad a los futuros trabajos de fiscalización de las cuentas públicas de los ayuntamientos y del gobernador Quirino Ordaz Coppel.
