Blindaje institucional sobre la información médica del presidente
Diana Lastiri
Desde que se institucionalizó la transparencia en México, los ciudadanos han querido saber sobre la salud del presidente de la República. Pero durante 20 años los gobiernos de todo signo político han rechazado dar a conocer esa información pese a los distintos episodios médicos que han padecido los diferentes titulares del Ejecutivo. Ante la reiterada negativa, el interés ciudadano no ha cesado. Al contrario, se ha incrementado por los males físicos que ahora ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus más de cuatro años de gestión.
Las peticiones ciudadanas han buscado mediante diferentes dependencias abrir el candado, pero la respuesta sistemática es la misma: los mexicanos no pueden saber las condiciones de salud de quienes los gobiernan. Así fue con los gobiernos del PAN, de Vicente Fox y Felipe Calderón; del PRI, con Enrique Peña Nieto, y ahora de Morena, con López Obrador.
Información obtenida por Proceso, vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), indica que, de enero de 2003 a la fecha, la Presidencia de la República, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, el ISSSTE, el IMSS, Morena, entre otros entes públicos, han sido requeridos en 307 ocasiones sobre el estado de salud de los titulares del Ejecutivo federal.
Ninguna de esas peticiones ha tenido éxito, pues en todos los casos los entes obligados responden que la información “está clasificada como confidencial”, alegan “incompetencia” para tener los datos, “inexistencia” de la información y que la ley no les obliga a tener ese tipo de documentación.
En el mejor de los casos, señalan, la información está disponible públicamente vía los comunicados oficiales en los que se ha dado a conocer de manera genérica algún dato relacionado con el tema.
Contra todas las evasivas del gobierno federal a entregar la información, los ciudadanos han presentado 55 recursos de revisión en los cuales el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI) revocaron en 18 ocasiones y modificaron en 14 más las respuestas, pero únicamente para que los sujetos obligados las fundamenten adecuadamente; no les ordenan entregar la información.
