Fiscalía viola la ley y no recibe denuncia de la UAS
Al calificarla como una accion del gobierno estatal contra la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, director de Asuntos Jurídicos de la Casa Roslina reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) violentó la ley al no permitirle interponer una denuncia penal contra funcionarios estatales.
Denunció a raíz de la persecución política que está sufriendo la UAS y su comunidad universitaria por defender su autonomía, acudió como abogado de la universidad a la FGE con la intención de interponer una denuncia penal, sin embargo, los trabajadores de la Fiscalía no la quisieron recibir, hecho del que fue testigo un notario público.
“Acudimos el 24 a las instalaciones del Centro de Atención Temprana a presentar nuestra denuncia como cualquier otra persona lo haría. Esto lo hicimos confiando en que las instituciones fueran a dar la atención y servicio público que legalmente están obligados a dar y tenemos que denunciar que no se nos permitió entregar la denuncia penal contra servidores públicos que la UAS pretendía entregar. Repito y reitero nos negaron entregar una denuncia penal en la Fiscalía”, añadió.
Con la Fiscalía abiertamente en contra y predispuesta a realizar acciones contra la UAS, Robespiere dijo, la Universidad entró en estado de indefensión pues se violaron sus derechos.
Esta acccion, agregó, se suma a otros actos intimidatorios que ha recibido la universidad, y citó como ejemplo, que inmediatamente después de que se dio a conocer que el Rector de la universidad, Jesús Madueña Molina, recibió una suspensión definitiva al amparo que interpuso en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, personal de la Fiscalía acudió a las instalaciones de la UAS con evidente propósito de intimidarlo.
“Se presentan dos grupos de agentes investigadores de la Fiscalía a tomar fotografías de las instalaciones universitarias sin un oficio de por medio (…) los atendí y les pedí que volvieran con un oficio (…) se retiró un primer grupo de investigadores haciendo con ello un primer acto intimidatorio minutos después de que se dio la suspensión y minutos después llega otro grupo de agentes solicitando información, actos que nosotros catalogamos de intimidatorios contra la universidad y su comunidad”, sostuvo.
El abogado general de la UAS puntualizó que ante tales actos la universidad acudirá a las instancias que la ley les ofrece como el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General de la República.
