Persecución política e intimidación gubernamental
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Persiste el uso faccioso de las instituciones del gobierno en molestar la tranquilidad institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el rechazo a la Ley de Educación Superior del Estado y por la defensa de su autonomía.
Sigue haciéndose presente la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en las instalaciones de la Casa Rosalina. No quiere ceder en su empeño de auditar lo que ya está siendo auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Los recursos propios.
Lo que debió hacer la ASE inicialmente apenas se está llevando a cabo. Instruir el procedimiento administrativo sancionador y no recurrir a la denuncia penal. No se trata de tenerle miedo a la denuncia por sí misma, pero habrá que atenderla porque las instituciones del gobierno no son autónomas porque las tienen para obedecer consignas.
La denuncia penal contra el Rector y el Abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa por la propia naturaleza de los nombramientos y régimen laboral al que pertenecen por disposición constitucional es para que desde el principio o no debió ser recibida o una vez recibida dictar el acuerdo de que el delito denunciado no encuadraba en ninguna descripción típica.
No faltan hechos en los que se pretende mantener distraída la atención de la comunidad universitaria. Buscan cualquier motivo para escandalizar. Ahora son unos perros que presumiblemente aparecieron por la Facultad de Derecho Culiacán, y que ahora se reclaman porque tuvieron crías y no aparecen porque al parecer se extraviaron en el periodo vacacional.
La Fundación o Asociación de Cuidado Animal que los reclama debió poner mayor empeño en atender a esos perros que seguramente no tienen dueño ya que la Universidad no los adoptó. El destino de esos animales debió ser el refugio institucional que debe existir en Culiacán y que los demandantes de que aparezcan esos perros debieron poner mayor cuidado desde que llegaron a Ciudad Universitaria.
Las casualidades no se aceptan en estos momentos de conflicto con las autoridades gubernamentales por desconocerle competencia a la Auditoría Superior del Estado para auditar los recursos propios de la Institución, ha creado un malestar general que se busca cualquier pretexto para la persecución política y la intimidación contra funcionarios de la Universidad.
La lucha seguirá, la defensa jurídica continuará en los tribunales. Las amenazas y la intimidación estarán presentes en todo momento, serán los enseres oficiales de las autoridades del gobierno, pero al final no alcanzarán sus propósitos.
La defensa a la autonomía universitaria es el valor superior que seguirá abanderando la comunidad rosalina, bien lo saben que no desistirá en mantenerse unida, firme y decidida para evitar el ultraje con vestidura legislativa y con el nombre de Ley de Educación Superior de Sinaloa.
El estado debe preocuparse por investigar a los capos de la droga, algunos muy conocidos no cuentan con carpetas de investigación en la Fiscalía Estatal, para que se evite que personajes que actúan amparados con las siglas de la delincuencia organizada obtengan inmunidad institucional.
No está por demás decir, que estamos expuestos a represalias los que por alguna razón nos hemos atrevido a opinar. El gobierno quisiera que guardáramos silencio, pero es algo que no nos podemos permitir. Seguiremos por el camino que iniciamos, nos podrán reprochar algunos actos, pero seremos firmes en nuestras convicciones.
La UAS no se toca, la autonomía se respeta.
