Amenazas, intimidación y espionaje: 2022 ha sido el año más violento para la prensa en lo que va del gobierno de AMLO
El cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento para la prensa al registrar 696 atentados, esto, bajo un contexto de 12 periodistas asesinados, amenazas, intimidación, discursos estigmatizantes, acoso y espionaje.
De acuerdo con la organización Artículo 19, esta cifra representa un incremento de 329.63% si se compara con el cuarto año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se registraron 162 atentados y, de 63.38% respecto al mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se contabilizaron 426.
En 2022 se agredió a la prensa cada 13 horas, convirtiéndose así en el año más violento para la labor periodística desde 2007, cuando la organización inició el registro de agresiones.
En su informe anual Voces contra la Indiferencia, Artículo 19 refiere que al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos; amenazas, con 151, y uso ilegítimo del poder público, con 111 casos. Estas tres categorías corresponden a más del 63% del total de ataques documentados en el año.
9 tentativas de homicidio y 12 asesinatos
En nueve de los 12 homicidios de periodistas, integrantes del crimen organizado fueron identificados como posibles autores materiales, los cuales, según la información recabada por Artículos 19 operan en colusión con las autoridades.
“Ello configura la existencia de redes criminales entre poderes públicos y fácticos, y explica por qué la impunidad es tan alta y se mantiene con el tiempo”, alerta.
Además, la organización registró nueve tentativas de homicidio: seis de ellos ocurrieron con armas de fuego en Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México. Uno más, en Yucatán, se utilizó un arma punzocortante y en otros dos se trató de persecuciones y choques de auto provocados, en los que ambos periodistas sufrieron lesiones.
Ante el aumento de la violencia, el Estado mexicano ha sido omiso en la realización de acciones que prevengan este y otros tipos de ataques contra la prensa, como ha indicado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Conferencias matutinas
El eje de la comunicación social del actual gobierno federal se ha centrado en la figura del presidente de la República quien, mediante conferencias de prensa diarias y discursos en actos públicos, se posiciona directamente sobre los temas que considera prioritarios, pero muchas veces hace cometarios estigmatizantes contra medios y reporteros.
Al respecto, Artículo 19 señala que el año pasado durante la conferencia matutina, en al menos 176 ocasiones se vertieron comentarios estigmatizantes dirigidos a medios de comunicación, periodistas e incluso organizaciones de la sociedad civil. De ellos, 44 configuraron ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos por López Obrador, quien emplea calificativos como “chayotero”, “vendido”, “pagado”. Además, en este espacio se pretende imponer al Estado mismo como único ente capaz de validar la información.
Ante esto, la organización alerta que el clima de hostilidad y latente impunidad genera condiciones de permisividad para que otros actores agredan a la prensa. Por ello, después de funcionarios públicos, son personas sin identificar y particulares quienes violentan con mayor frecuencia a periodistas y medios de comunicación, con 164 y 118 ataques, respectivamente, lo que equivale a 23.56% y 16.95%.
Ese informe anual detalla que el discurso oficial constantemente niega la realidad de la violencia contra periodistas y medios de comunicación, con afirmaciones como “Se respeta la libertad de expresión”, “Ya no hay corrupción”, “Este gobierno respeta”, “No se va a censurar a nadie”, entre otras, pero como cada año, los agentes del Estado son los principales agresores contra la prensa. De los 696 casos documentados, 296 (42.53%) fueron cometidos por ellos, es decir, cuatro de cada diez.
#EnVivo: Presentación informe anual 2022 "Voces contra la indiferencia" https://t.co/9dtVJpmiuQ
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) March 28, 2023
La prensa agredida y espiada
De los 696 ataques documentados a lo largo de los 12 meses de 2022, 178 (25.57%) se perpetraron contra mujeres periodistas, de las cuales cuatro se autoadscriben como indígenas, mientras que 450 (64.66%) fueron agresiones a hombres, de los cuales 15 dijeron ser indígenas; los restantes 68, es decir, 9.77%, se cometieron contra medios de comunicación.
Artículo 19 sólo halló que una mujer y un hombre atacados pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, mientras que no se documentó alguna agresión contra personas periodistas no binarias.
A esto se suma el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El 3 de octubre de 2022 se revelaron nuevos casos de espionaje con Pegasus dirigidos a un defensor de los derechos humanos —Raymundo Ramos— y dos comunicadores —Ricardo Raphael y un periodista que laboraba en Animal Político— a partir de la investigación realizada por ARTICLE 19, Social TIC y R3D con el apoyo de Citizen Lab22 y en coordinación con los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso. Estos hechos reafirman el uso ilegitimo de tecnologías de vigilancia, en especial, el realizado por las fuerzas armadas sin contar con atribuciones normativas.
También confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos como activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos que investigan, denuncian y exponen casos en que éstos son violados, como Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Para Artículo 19, la respuesta del Estado mexicano a las revelaciones de Ejército espía y Guacamaya Leaks ha sido decepcionante. “El presidente negó los hechos y dirigió sus acostumbrados ataques verbales en contra de Ricardo Raphael y Animal Político. Es más, se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales, como Infodemia, con la finalidad de “desmentir” lo que era evidente: la Sedena adquirió Pegasus y lo usó contra periodistas y activistas este sexenio”.
Por su parte, la Defensa Nacional también negó los hechos y ha tratado de ocultar por todos los medios posibles la contratación de un servicio de monitoreo remoto a una empresa autorizada por NSO Group para vender Pegasus en México.
