Regularización de autos “chocolates”, arma electoral de la 4T que pone en riesgo al sector automotriz: IP
Alejandro Páez
El sector empresarial del país, advirtió que la ampliación por tres meses al programa de regularización para autos usados de procedencia extranjera concedido por el gobierno federal podría convertirse en un “arma electoral” para el partido en el poder rumbo al 2024, que pondrá en riesgo al sector automotriz y la industria nacional para la generación de empleos pero además incentivará el contrabando.
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales advirrtió sobre los riesgos que implica este decreto del presidente Andres Manuel López Obrador quien decidió ampliar hasta julio la medida para importar autos usados de Estados Unidos y Canadá, y previó la posibilidad de que se extienda durante el resto del sexenio con propósitos electorales.
“Dentro del decreto se encuentran 14 entidades federativas sin estudio técnico que acredite (la regularización de vehículos) y con riesgo de que se haga extensivo a todo el territorio nacional, y hay un objetivo electorero detrás de todo esto y de cara al 2024, es un temor que tenemos y más siendo testigos de políticos que forman parte del gobierno para que se dé y se extienda a los autos ensamblados distintas nacionales (fuera de la región T-MEC)”, alertó el dirigente de los distribuidores.
A partir de marzo del 2022 y hasta febrero de 2023, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se regularizaron en México un millón 319,438 automóviles que ingresaron de manera ilegal a nuestro territorio, con un costo por trámite para legalización de 2,500 pesos.
Rosales recordó que cuando se publicó el decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera el 19 de enero de 2022 el Presidente AMLO se comprometió a ayudar a la gente y acabar con este problema.
Sin embargo–agregó–la realidad es que a raíz de este programa ha provocado una serie de fraudes a la población por personas y organizaciones que prometen tal regularización ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular para atender la demanda y el fenómeno de los vehículos de contrabando se ha incrementado ante la omisión de cerrar la frontera a este tipo de unidades.
El mencionado decreto automotriz vence el próximo 31 de marzo, pero el Ejecutivo lo ha prorrogado varias veces y con elo¿lo han ingresado al país 1 millón 319,438 unidades ilegales, cifra por arriba de 1 millón 132,751 vehículos nuevos que se han vendido entre marzo del año pasado y febrero de 2023 (periodo similar).
A su vez el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, sostuvo que dicha medida ha puesto en riesgo al sector automotriz y a sus empleos a cambio de una medida político-electoral y recaudatoria por parte del gobierno morenista, cuya muestra es que ha recibido ingresos excedentes por más de 3,000 millones de pesos por la legalización de los “autos chocolate”.
Explicó que esta ordenanza convalida la ilegalidad y pone en total desventaja al mercado mexicano de autos de segunda mano, cuya vida útil, componentes y funcionamiento están certificados para evitar daños al medio ambiente, cuidar la inversión y la seguridad de los compradores.
A pesar del más del millón de vehículos regularizados, ahora hay otro millón o más esperando la regularización o sustituyendo a los que ya se regularizaron pero que en realidad desean permanecer en la ilegalidad, ya que tampoco se han anunciado reglas claras sobre qué va a pasar con los vehículos de contrabando que no han dejado de entrar a México y que no se regularicen después de que algún día por fin se dejen de publicar más ampliaciones al mismo, dijeron los organismos.
