El desfalco de los garrafones: un nuevo agujero millonario en Segalmex
Georgina Zerega
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo creado en enero de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el abasto de las familias con menos recursos, firmó un convenio por 99,9 millones de pesos —unos 5,3 millones de dólares— para adquirir 1,8 millones de garrafones para el agua, de los cuales solo recibió como máximo un tercio. Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS señalan un desfalco de al menos 51,6 millones de pesos —unos 2,7 millones de dólares— en la adquisición de este producto en 2019. Los cálculos internos de la paraestatal, enterrada desde hace tiempo en denuncias de corrupción, señalan que del total de los envases adquiridos solo se utilizaron unos 214.000 garrafones a lo largo de los tres años que lleva la dependencia desde que inició operaciones.
Las primeras acusaciones contra Segalmex comenzaron en 2020. Heredera de la histórica Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), esta paraestatal creada por López Obrador se encargó de fusionar a Liconsa y Diconsa, dos organismos que había hasta entonces encargados del abasto de alimentos y leche. Los dos pasaron a operar dentro del esquema de Segalmex, bajo el mandato de Ignacio Ovalle, un político de carrera en el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y antiguo amigo del presidente. El titular del organismo fue destituido en abril de 2022, cuando los señalamientos ya eran imposibles de ignorar. Sin embargo, López Obrador le ha defendido diciendo que es una “buena gente” que fue engañado por “puro priista de malas mañas”.
Las publicaciones periodísticas que se han hecho hasta el momento han ayudado a descifrar el esquema de corrupción que utilizó un grupo de funcionarios de esta dependencia —que forma parte de la Secretaría de Agricultura—, junto a algunos empresarios para asaltar las arcas públicas del Estado mexicano. La red operaba bajo la idea de comprar productos supuestamente para garantizar la autosuficiencia alimentaria, pero los proveedores nunca entregaban la totalidad de los artículos que Segalmex había pagado. Esto fue lo que sucedió con la compra de carne que publicó este periódico recientemente, y con la de azúcar, revelada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que ha llevado a la liberación de 22 órdenes de aprehensión.
Este esquema volvió a replicarse con la compra de 1,8 millones de garrafones para ser llenados con agua, que el organismo pensaba repartir en las tiendas de Diconsa para vender a la gente. En 2019, Segalmex firmó un convenio con la empresa Productora Procesadora Agrícola de México para adquirir tres tipos de estos envases: se trataba de 605.850 piezas de cinco galones (aproximadamente unos 19 litros), 605.850 piezas de tres galones (unos 11 litros) y 605.850 piezas de cinco litros. Las especificaciones eran que fueran de PVC o PET, unos botellones utilizados normalmente en México, y que tuvieran certificaciones para ser usadas con agua potable. Este periódico intentó reiteradas veces contactar con la compañía proveedora, pero no tuvo éxito.
La empresa firmó con Segalmex una recepción jurídica, una figura poco común en la administración pública y que se utilizó con frecuencia bajo el mandato de Ovalle. Esto significaba que cuando el organismo compraba algo, pagaba a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban esos productos hasta que Segalmex los solicitaba. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100% de lo que se les había comprado, generando un daño a la Hacienda pública.
En el caso de la compra de los garrafones, solo se entregaron los de cinco galones. Un análisis interno reconoce que Segalmex no sabe cuántos garrafones recibió del pedido de piezas, porque los productos no formaron parte del inventario de la paraestatal. Pero el mismo recuento señala que no se recibió ninguno de los envases de tres galones ni cinco litros. A pesar de que la empresa tenía, según determinaba el contrato, hasta el 31 de diciembre de 2019 para despachar esos productos, solo dio como mucho un tercio de los botellones que se le pagaron.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó esta compra puntualmente y señaló irregularidades en el proceso. Por un lado, hizo un análisis de tres facturas presentadas por el proveedor, trasferencias bancarias y pólizas contables con fechas de entre el 20 de diciembre de 2019 y el 9 de enero de 2020. En esos papeles pudo documentar que la paraestatal pagó 99,9 millones de pesos a la empresa, pero el organismo no tiene “evidencia de la recepción de los bienes, no obstante que la fecha límite de entrega era el 31 de diciembre de 2019″.
Además de la falta de entrega de los productos, la ASF registró irregularidades en la adjudicación de la compra a la empresa Productora Procesadora Agrícola de México. Durante el proceso se hizo una investigación de mercado y se compararon presupuestos de varios proveedores. Segalmex eligió a esta empresa a pesar de que ofrecía el producto a un precio mayor que sus competidores. “No se documentaron ni justificaron los criterios bajo los cuales, de los tres proveedores consultados, se adjudicó el pedido a Productora Procesadora Agrícola de México, S.A. de C.V., aun cuando presentó la cotización más costosa”, dice la auditoría. Lo adquirido, comparado a lo que podría haberse comprado, tenía un sobreprecio del 14%.
Quien debía controlar que la compra se ejecutara con normalidad, de acuerdo al contrato, era Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Segalmex y brazo operativo del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira. Este último dejó la dependencia en junio de 2020 envuelto en acusaciones de corrupción y actualmente es buscado por la justicia por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por una compra irregular de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin, que se hizo bajo el mismo esquema. Este periódico buscó su versión la adquisición de los garrafones, pero no obtuvo respuesta. Lozano Jiménez está actualmente detenido por el fraude con el azúcar.
El cálculo de Segalmex, según señala un análisis interno, estima que los únicos garrafones que fueron finalmente utilizados para vender agua a la gente fueron unos 214.000 de cinco galones. Segalmex había pagado en total por 1,8 millones de garrafones, por lo que solo se utilizó el 11% del total de los envases adquiridos.
Plantas de agua irregulares
Los garrafones que sí entregó el proveedor fueron utilizados por dos empresas a las que Segalmex les compró agua: Servicios Integrales Carregin —involucrada en el fraude del azúcar— y Gainmate Comedores Industriales, que comparte representante jurídico con la primera. Los envases fueron enviados a unas plantas de purificación y envasado de agua que habían levantado Carregin en asociación con Segalmex dentro de los almacenes de Diconsa. De acuerdo a un documento al que tuvo acceso este periódico, Diconsa compró en 2020 unos 3,4 millones de pesos en agua con estos garrafones, y unos 1,5 millones de pesos en 2021.
Estas plantas de agua fueron construidas bajo múltiples irregularidades, como lo adelantó esta semana Nmas. Primero se planearon unas 274 purificadoras, pero solo alcanzaron a hacerse unas 25, que dejaron de operar en 2021 y actualmente se encuentran abandonadas. Eran de inversión privada pero se levantaron dentro del territorio perteneciente a Diconsa, por el que no pagaban una renta. Tampoco pagaban por servicios como la luz o el agua. Esto quedó registrado en una auditoría de la Secretaría de la Función Pública, en la que se documentó que las purificadoras “se encuentran conectadas a las líneas eléctricas de los almacenes”, motivo por el que registraron “incrementos en las cuotas por consumo de energía eléctrica”. Las plantas también estaban conectadas a las líneas de agua, lo que provocaba problemas en comunidades en las que escasea el agua. La auditoría señala además que no hay ningún “documento que acredite la situación jurídica de la instalación” de las plantas.
Otro punto que documentó la Función Pública es que, como los garrafones que costaron casi 100 millones de pesos al erario no forman parte del inventario de Diconsa, ni de las empresas involucradas, terminaron perdiéndose o quedando abandonados en las plantas, que también cerraron sus puertas.
Para construir estas purificadoras, Segalmex firmaba convenios de colaboración con empresas privadas en las que establecían las bases del acuerdo, y a los que ha podido acceder este periódico. Allí, Segalmex se comprometía a poner inicialmente 500.000 garrafones vacíos para que las empresas pudieran llenarlos con agua y vendérselos. Esto era así porque supuestamente los recipientes habían sido comprados para “ser donados a los beneficiarios del programa”. La dependencia pública aseguraba que comercializaría esos productos en unos 13.040 puntos de venta, siempre de acuerdo a los convenios firmados tanto por Lozano Jiménez, como por Gavira. Los documentos señalan que se trata de “información confidencial” y que tienen vigencia hasta septiembre de 2024.
