Extraña a dirigentes del transporte declaraciones de Jesús Estrada Ferreiro
Los líderes transportistas locales expresaron su extrañeza ante una declaración reciente del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien anuncio que “el Metrobús se va a hacer, quiera o no quiera el que viene, o quiera o no quiera el que está ahorita”, pues indicaron que la aplicación de las ley relativa al servicio de transporte público corresponde al gobierno del Estado de Sinaloa, no al ayuntamiento de Culiacán.
Lo anterior fue expuesto en una reunión de trabajo celebrada en la Federación de Autotransportistas de Sinaloa por los dirigentes de las organizaciones que agrupan a cientos de permisionarios del servicio público de transporte urbano de Culiacán, José Manuel Mendívil (Alianza de Concesionarios y Permisionarios del Transporte Urbano y Suburbano de Culiacán, Josué Martín Palazuelos (Unión de Autotransportes Urbanos y Suburbanos del Humaya), José David Dávalos González (Delegación Única de Trabajadores del Volante), César Andrés López Rivera (Alianza de Permisionarios y Concesionarios de Minibuses Blancos), y José Francisco González (Sindicato Gremial de Trabajadores de Autotransportes del Municipio de Culiacán, CROC).
Tal declaración de Estrada, coincidieron, los obliga a analizar la postura del alcalde y a prevenir las consecuencias que ocasionaría la implementación del proyecto Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Culiacán, sobre todo de índole financiero y legal.
Al parecer, para el alcalde, la economía nacional, del estado y de municipio es una economía pujante y en crecimiento, lo que deja ver que ignora que el sector transporte enfrenta la peor crisis financiera de su historia, lamentaron.
Comentaron que nadie ignora la persistencia de una crisis financiera generalizada en el país, de la que Sinaloa y Culiacán no escapan.
Citaron las conclusiones de un estudio hecho público por Fernando Páez, director de Movilidad Urbana para México y Colombia del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés), según el cual la crisis derivada de la pandemia ha generado pérdidas para el sector transporte que llegarán a los 40 mil millones de pesos entre 2020 y 2021.
Páez destacó que solo en el 2020 los prestadores del servicio de transporte público mexicanos tuvieron pérdidas acumuladas por 19,500 millones de pesos. “Aún se observa una caída de la demanda de 30%. En las primeras mediciones veíamos una caída de 60%, y aun se observa una reducción de la demanda y no logramos llegar a ver los niveles prepandemia’, añadió también.
Reconocieron que Estrada es un promotor entusiasta para la implementación del SIT, pero es extraño que crea que los concesionarios operamos en la normalidad de la pre-pandemia y que contamos con condiciones ideales para desarrollar nuestra actividad, lo cual no es así. Durante la pandemia, los ingresos del sistema de transporte local cayeron hasta un 60 por ciento.
Los líderes gremiales precisaron que el servicio público de transporte es responsabilidad del Estado y corresponde al Gobernador ejercer las atribuciones en esta materia, así como las acciones legales, administrativas y de operación. El ayuntamiento carece de facultades para decidir cómo debe operar el servicio público de transporte o para decidir y gestionar el SIT, “mal llamado Metrobús por el alcalde de Culiacán”.
La única facultad de los ayuntamientos en materia de transporte público es la de intervenir en la formulación y aplicación de los programas de planeación, cuando afecten su ámbito territorial, conforme a los artículo 29, fracción III, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y, 18, fracción VIII, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado.
El alcalde pierde de vista que es obligación del ayuntamiento que representa cumplir y hacer cumplir las leyes derivadas de la Constitución Federal y la Constitución del Estado de Sinaloa.
La Ley de Movilidad ordena que la creación de sistemas integrados de transporte debe contemplarse en el Programa Estatal de Movilidad del Estado de Sinaloa, un instrumento que debe elaborarse con la participación de los municipios y ser congruente con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ante ello, consideran que los asesores de Estrada deben informarle que estos Programas no se han elaborado, ni publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.
Deben informarle también que, conforme al artículo 106 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, para tomar dinero del presupuesto y destinarlo a acciones, inversiones y obras relativas al aprovechamiento del territorio, debe sujetarse a lo dispuesto en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
La violación a lo dispuesto por el citado artículo 106, citaron, será sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. Finalmente, “como abogado que es, el alcalde debe saber que sus actos, como los de sus subordinados, se rigen por el principio de legalidad”, recomendaron.
