¡Otra vez! Congreso Local prepara asonada contra la UAS
Álvaro Aragón Ayala
De nueva cuenta, diputados de Morena intentarán procesar el asalto y secuestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la elaboración y aprobación de una anticonstitucional Ley Educación Superior del Estado de Sinaloa que les permita entronizar una Ley Orgánica Externa Morenista, no universitaria, que facilite a las huestes de este partido político irrumpir y tomar el dominio total de la casa rosalina.
La Ley de Educación Superior del Estado, punta de lanza de los planes morenistas, está en su fase de aprobación, en su estatus de iniciativa-lectura-dictamen; en su esencia esa legislación en ciernes viola los principios de autonomía universitaria plasmados en la Constitución General de la República y en la Ley General de Educación Superior.
La Ley de marras forma parte del paquete legislativo con el que los diputados de Morena pretenden secuestrar a la máxima casa de estudios de Sinaloa para someterla al adoctrinamiento político y alinearla al pensamiento único profesado por los ideólogos de la Cuarta Transformación.
Precisamente, el diputado José Manuel Luque Rojas, responsable de la elaboración de la Ley de Educación Superior del Estado, confesó que “el objetivo de revisar el marco jurídico, revisar las instituciones (es) para que sirvan a los propósitos de la Cuarta Transformación”.
Aunque por ley el Congreso del Estado está imposibilitado a dar curso a iniciativas de reformas universitarias que no cuenten con el aval de los Consejos Universitarios, el presidente de la JuCoPo del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndrez, y el diputado José Manuel Luque Rojas, planean salvar ese obstáculo con una Ley estatal, cuyo articulado los faculte para irrumpir en la UAS.
La Constitución y la Ley General de Educación Superior es muy clara, muy precisa. Limita la posibilidad de que los poderes ejecutivos y legislativos -tanto federales como de los estados- modifiquen unilateralmente las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Al respecto la LGES establece que:
“Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”.
Sin embargo, Feliciano Castro Meléndrez y José Manuel Luque confeccionan una ley estatal que contraviene la Constitución y la Ley General de Educación Pública, que en el fondo le permitiría al Poder Legislativo encabezar u organizar foros o consultas foráneas, contra la autonomía de la propia UAS, para validar la construcción de una Ley Orgánica Externa Morenista para la casa de estudios.
