FGR dio tiempo a exgobernador del PAN acusado de corrupto para blindarse hasta 2024
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas otorgó una carta de antecedentes no penales al exgobernador de esta entidad, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada desde el pasado 5 de octubre, misma que no ha sido cumplimentada a la fecha por la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero.
Los diarios Milenio y Reforma indicaron que la constancia se expidió el día de ayer y en ella se establece que “no se encontraron antecedentes penales del fuero común a Francisco García Cabeza de Vaca”. Con la carta de no antecedentes penales, el exgobernador buscaría competir por la senaduría que está vacante por la muerte del Senador Faustino López Vargas y que se elegirá por medio de una elección extraordinaria el próximo 19 de febrero de 2023. De ser el abanderado de “Va por México” —algo que se definirá el próximo fin de semana— contaría con fuero hasta 2024 frente a los señalamientos en su contra, lo cual impediría a la FGR proceder en su contra pese a que ya cuenta con una orden de arresto desde hace más de dos meses.
La Fiscalía tamaulipeca —que le dio la constancia— es encabezada por Irving Barrios Mojica, el Ministerio Público del Gobierno de Felipe Calderón que en mayo de 2009 orquestó el “michoacanazo” —como se conoce a la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico—, y quienes es señalado de fabricar culpables en el estado.
El exmandatario panista dejó el poder el pasado viernes 30 de septiembre, pero no acudió un día después a la toma de protesta del morenista Américo Villarreal, de quien se negó a reconocer el triunfo. Actualmente es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
De hecho, las acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca son bastas. El 19 de marzo de 2021, por ejemplo, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que el panista compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero. Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación de la UIF, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
La UIF ha presentado ante la FGR al menos cinco denuncias en contra del exgobernador en las que se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo en mayo del presente año y con las declaraciones de Santiago Nieto realizadas en junio del año pasado.
De acuerdo con la indagatoria, al menos 12 personas físicas y 25 personas morales integraron dicha red. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia.
La UIF detectó dos ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios. Informó de igual forma que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.
Sus hermanos, por ejemplo, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, son parte de los señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que hoy investiga la Fiscalía General de la República.
Tanto Cabeza de Vaca —quien en su gestión fue arropado por un grupo de panistas vinculados al expresidente Felipe Calderón y liderados por Roberto Gil Zuarth— como el PAN han insistido que todo se trata de una persecución política, no obstante la investigación en su contra seguirá su curso.
A raíz de los señalamientos, la FGR solicitó el 23 de febrero de 2021 el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, lo ligan con el crimen organizado.
Durante el juicio de procedencia que se llevó a cabo el 30 de abril del 2021 en la Cámara de Diputados federal, la Fiscalía exhibió que entre las investigaciones que se realizaron a Cabeza de Vaca se encontraron un caudal de bienes y recursos ocultos. Ese mismo día, los diputados aprobaron el desafuero del entonces Gobernador, sin embargo, la Legislatura de Tamaulipas, integrada en su mayoría por panistas con el apoyo de priistas, decidió que Cabeza de Vaca conservaría su inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez, misma que acabó el sábado 1 de octubre.
Cuatro días después de culminar su gestión un Juez giró una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada frente a la cual Cabeza de Vaca presentó un amparo contra una posible orden de aprehensión, pero Juez federal determinó que no puede impedir su captura si es por un delito que amerita la prisión preventiva de oficio, como es el caso. Ahora el exgobernador pretende retomar la protección que le otorga el fuero con la búsqueda de una senaduría.
