Democracia, el pecado original del INE; contra la Constitución
Carlos Ramírez
El diseño del Instituto Federal Electoral en 1990 le permitió al presidente Carlos Salinas de Gortari eludir el camino de una verdadera transición a la democracia por la vía del respeto al voto, una de las decisiones clave de la transición democrática de España.
El INE ha venido cargando con ese pecado original con apenas tres menciones en la ley general de instituciones y procedimientos electorales: contribuir al desarrollo de la vida democrática, difusión de la educación cívica y la cultura democrática y la educación cívica en procesos electorales federales.
Ante el fracaso de las oficinas de desarrollo político de Gobernación, de las dos cámaras del Congreso y de los partidos políticos que reciben subsidios para los menesteres de la democracia, el INE ha asumido para sí la facultad metaconstitucional de definir qué es la democracia y de usar todos los instrumentos legales para obligar a los partidos a someterse a los dictados de un grupo de once consejeros que han sido escogidos de manera selectiva por representar el modelo democrático del sistema/régimen/Estado priísta: el tradicional de la democracia representativa.
Los conflictos en el sexenio de López Obrador con el INE parten del pecado original del INE, porque la fuerza política del lopezobradorismo se desprende de la legitimidad del 53% de los votos y de la mayoría simple en las dos cámaras y por tanto con derecho suficiente para definir nuevos rumbos de la democracia sin romper con los postulados de la democracia. En la realidad, la facultad de exclusiva del INE tiene que ver con la democracia procedimental, es decir la garantía de la organización de elecciones y el conteo de los votos, pero en las últimas semanas se ha visto cómo funcionarios del INE han roto con sus facultades legales y se han asumido como los únicos defensores del modelo de democracia representativa, en tanto que López Obrador ha optado con legitimidad por la democracia participativa.
El INE ha asumido funciones que no le corresponden, tales como la organización de encuestas, la publicación de libros y la realización de seminarios con la intención de excluir cualquier otra forma de democracia que no sea la representativa priísta. El vacío político en la producción de discusión sobre la democracia por la negligencia de Gobernación y los partidos ha convertido al INE en el Instituto electoral y comisario de la democracia priísta para la cual fue creado por Salinas de Gortari.
El debate no es nuevo. El populismo del presidente Cárdenas decretó en 1934 el principio de la educación que ha servido para definir la democracia mexicana: “la educación que imparte el estado será socialista”. En 1946, el presidente Miguel Alemán clausuró la educación socialista como tal, aunque dejando los valores civiles, pero fue más allá al definir el criterio de la educación que ha servido para concretizar el modelo de democracia mexicana: “el criterio educativo será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo”.
En este contexto, la democracia mexicana no es solo el modelo procedimental de respeto al voto, sino que tiene que ver con la función del Estado de mejorar las condiciones de bienestar social. En el horizonte histórico, el incumplimiento de este mandato constitucional democrático ha estado en los gobiernos neoliberales de Salinas a Peña Nieto y es el eje rector del funcionamiento del INE como comisario de la democracia priista procedimental, en tanto que el populismo (y valdría la pena releer la definición del modelo de populismo histórico de Arnaldo Córdova en su libro clásico La ideología de la Revolución Mexicana) ha sido la definición del Estado social mexicano, con la excepción del periodo del neoliberalismo salinista 1983-2018.
El INE debe regresar a su función original de realizar elecciones y contar votos y que esta sea su aportación a la cultura cívica y a la vida democrática, porque la ley electoral señala como fines del instituto el “contribuir al desarrollo de la vida democrática”, pero no definir el modelo de democracia, porque en una democracia la facultad de definición de prácticas políticas corresponde a los actores directos.
Por tanto, la reforma del INE debe abrogar la facultad arbitraria asumida por el INE de ser el Instituto para definir la democracia.
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