Crónica de un desafuero anunciado
Felipe Guerrero Bojórquez
La Auditoría Superior del Estado le dio 30 días al Químico Benítez, el aún alcalde de Mazatlán, para que regrese 60 millones de pesos que adelantó a Azteca Lighting como parte de un contrato de 400.8 millones de pesos para instalar 2 mil 139 luminarias.
En realidad el contrato dice que el adelanto es de 120 millones, pero el Ayuntamiento en vez de cumplir con el compromiso lo canceló y, además, por esta vía, trató de recuperar los 60 millones que ya había adelantado para, al mismo tiempo, cumplir con la exigencia de la ASE de que ese dinero regresara a las arcas públicas. Pero ni una cosa ni la otra, y ahora la administración del Químico, en este tema y otros, se hunde cada vez más.
Como se sabe el Congreso, a través de la ASE, le exige al Químico que regrese a las arcas los 60 millones que le adelantó a Azteca Lighting por el millonario contrato, bajo el sustento probado que violó la ley de adquisiciones al adjudicarlo de manera directa.
Presionado por el dictamen de la ASE, en una maniobra jurídica, al Ayuntamiento se le ocurre cancelar el contrato para recuperar los 60 millones, pero ante la impugnación de Azteca Lighting un juez determinó que ese procedimiento era ilegal ya que la cancelación se sustentó en que la empresa tenía cinco días para entregar 293 lámparas, lo que no es solo materialmente imposible sino que, además, el municipio no había cumplido con la entrega de otros 60 millones de pesos para complementar los 120 millones de anticipo que estipula el contrato.
Por lo anterior, el juez determinó que el procedimiento regresara a su estado normal e inicial, lo que significa que la administración del Químico está obligada a cumplir con los términos del contrato y entregar los 60 millones de pesos restantes para poder que Azteca Lighting le empiece entregar las lámparas.
Por un lado el dictamen del juez se basa en la existencia de un contrato que en lugar de haber sido rescindido debió respetarse, independientemente de cómo se generó. Y, por otro, el dictamen de la ASE se sustenta en que la administración del Químico Benítez violó la ley de adquisiciones y que en base a ello generó un contrato “leonino”, tal y como lo definió el propio gobernador Rubén Rocha: “Leonino pero legal”.
El Químico no solo no recuperó los 60 millones de pesos sino que está obligado, por el propio contrato “leonino” que él mismo generó, a entregar otros 60 millones de pesos a Azteca Lighting y, al mismo tiempo, regresar al municipio 60 millones que ya le ordenó la ASE. Y para ello solo le quedan 20 días, lo que igualmente es imposible que suceda. ¿Cómo hará las dos cosas contradictoriamente en su contra?
Y es así porque, en la lógica jurídica y técnica del Congreso, el Químico tiene que regresar los 60 millones entregados, al tiempo que un juez le pide, por el contrario, respetar el contrato de Azteca Lighting, lo que significa pagar los otros 60 millones restantes que ahí se establece y, esto último, al mismo tiempo, representaría un desacato al legislativo.
Si el Químico no regresa los 60 millones entregados a Azteca Lighting a las arcas municipales, el castigo del Congreso será más severo; pero si tampoco le entrega los restantes 60 millones a Azteca Lighting para cumplir con el anticipo de 120 millones, entonces los 60 millones ya entregados corren el riesgo de perderse por incumplimiento de contrato, lo que de hecho significa otra irregularidad administrativa grave.
El Químico Benítez está contra la espada y la pared, abandonado por los legisladores de MORENA, la dirigencia y la militancia. Por esto y por millonarios gastos sin comprobar, desde esta próxima semana, los escenarios de la crónica de un desafuero anunciado serán más claros aún.
