Las bandas delictivas, el eje de la inseguridad, no la autoridad
Carlos Ramírez
Mientras las instancias políticas, partidistas y legislativas se han dedicado en las últimas semanas a ponerle candados a las actividades de las diferentes dependencias responsables de la seguridad pública/interior/nacional, el marco jurídico que involucra al crimen organizado sigue rezagándose y la percepción social sobre la inseguridad volvió a registrar un repunte en el segundo trimestre de este año.
La oposición política, partidista y social se está dedicando a acotar los espacios de movilidad de la estructura de seguridad sin atender los sentimientos de inseguridad de la sociedad mexicana. Este conflicto de intereses podría explicar las razones del aumento de la confianza social en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, mientras el área legislativa está buscando disminuir la articulación de la política de seguridad.
En el escenario del debate ha resultado paradójico que la sociedad política que estuvo condenando de 2006 al 2018 la estrategia de narcoguerra del Estado contra el crimen organizado y exigiendo la pacificación del país ahora sea la que está obstaculizando la reorganización de la estructura de seguridad pública/interior/nacional, condenando el modelo de construcción de la paz sin confrontaciones violentas en las calles y exigiendo el regreso al combate frontal contra las bandas delictivas.
La principal función del Estado es la de la seguridad de las instituciones y de la sociedad y para ello su tarea primordial es la de construir una estructura de contención y combate de la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. La estrategia anterior nunca combatió la complicidad institucional con el crimen organizado que llevó a la situación actual: las organizaciones delictivas usaron la complicidad institucional para construir un poder cuasimilitar que le disputa al Estado la dirección política y el control territorial.
El poder legislativo se ha dedicado a contener y acotar las iniciativas de reorganización de la estructura de la seguridad, pero no ha decidido ninguna legislación para combatir las diferentes formas de la delincuencia, con el resultado que se tiene a la vista: el 100% del territorio nacional está ocupado en mayor o menor medida por los intereses de las bandas delictivas, sin que se hayan reformulado las leyes para obligar a la autoridad a redefinir diversas formas de combate a la inseguridad.
De igual manera, la sociedad política –organizaciones e instituciones– nada han hecho para evitar la expansión política e institucional del crimen organizado. El reporte de Héctor de Mauleón en la revista Nexos de este mes hace un recuento de la expansión de bandas delictivas en el proceso electoral del 2021, sin que los partidos, los gobiernos, el Estado y sobre todo el Instituto Nacional Electoral hubieran impedido el avance criminal en las elecciones para imponer autoridades vinculadas a los intereses de las organizaciones delictivas.
Los partidos y las organizaciones sociales que se están oponiendo a la reestructuración del aparato de seguridad del Estado tuvieron una corresponsabilidad en la expansión criminal en instituciones de gobierno. Y la crítica de la opinión pública contra las iniciativas de reorganización de seguridad han soslayado de manera tramposa el escenario histórico integral de la crisis de seguridad, sobre todo cuando muchos de los críticos de hoy fueron funcionarios en las diferentes instancias de seguridad gubernamentales de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.
El debate sobre la prisión preventiva oficiosa tuvo justificación en cuanto a los daños provocados por esa figura en arrestos preventivos ajenos a la seguridad pública, pero sin explicar las razones de ese modelo penal. La PPO fue aprobada por el legislativo en años anteriores y ahora es otro legislativo el que condena su existencia, pero sin utilizar los instrumentos legales con los que cuenta para reformular desde las leyes reformas a la política judicial-penal.
Las oposiciones en el legislativo, los partidos y la sociedad no han cumplido con su corresponsabilidad en la participación más activa para rediseñar la estrategia total de seguridad y se han agotado en la crítica mediática y en el discurso político que en los hechos beneficia a la delincuencia porque buscan atarle las manos a la autoridad sin replantear estrategias de seguridad contra las bandas delictivas que han aumentado su actividad frente al acotamiento de los cuerpos de seguridad.
