¿Cuál será el destino de la auditora estatal?
Álvaro Aragón Ayala
El gobernador electo Rubén Rocha Moya entiende el ejercicio de las auditorías como instrumentos viables para el combate a la corrupción; la sociedad exige auditorías para saber si los recursos públicos están siendo bien aplicados y si las dependencias están cumpliendo laboral y administrativamente con sus funciones.
Es la auditoría gubernamental una de las herramientas más importantes para lograr la transparencia plena y la rendición de cuentas de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal.
La administración pública requiere de la auditoría para retroalimentarse de información del proceso administrativo, cuyo impacto positivo en las entidades del sector público debe generar cambios en los procedimientos y prácticas para ser más eficientes, efectivas y económicas.
Clave, instrumento viable, la auditoría gubernamental tiene como propósito vigilar la correcta aplicación de los recursos percibidos por el Poder Ejecutivo y las dependencias estatales y municipales. No se puede hablar de combate a la corrupción cuando el instrumento auditor falla.
No es casualidad entonces de que el nombre y el destino de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, sea tema de discusión entre los personajes que habrían de integrar la Comisión de Entrega-Recepción (transferencia del gobierno de Quirino Ordaz al de Rubén Rocha Moya) porque su falta de eficiencia y eficacia mantiene bajo sospecha el uso de los recursos públicos de la casi la totalidad de las dependencias del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
No es gratuito ni producto del azar que el Congreso Local le exija a la auditora Guadalupe Félix 41 auditorías específicas a igual número de funcionarios o entes públicos.
Quienes le entienden a cabalidad a la agenda de la Entrega-Recepción, saben que los informes que ofrezca la auditora sobre el estado que guardan cada una de las dependencias es básica para que el proceso se desarrolle con normalidad.
Pero si la Auditoría Estatal falla en el cumplimiento de sus obligaciones la dinámica de la cesión de documentos contables-administrativos pudiera llenarse de “anexos” por comprobar o por revisar por la ausencia de orden o de una autoridad que no cumplió a cabalidad con sus funciones de supervisión y escrutinio.
En el ejercicio legal de la Entrega-Recepción, Emma Guadalupe está obligada, por ley y por la normativa que exigen el combate a la corrupción, a aportar el resultado de las auditorías terminadas y las que están en curso, para determinar, sin sospechas o “cuentas mochas”, el cumplimiento de aspectos legales y la veracidad de la información financiera y presupuestal que se le dará al equipo del gobernador electo.
Solo así, con datos duros y confiables, se podrá agregar en los “anexos” –naturales en todo proceso de Entrega-Recepción- los hallazgos significativos resultantes del examen, presentando comentarios, conclusiones y recomendaciones constructivas.
A como pinta el escenario, no se sabe cuál será el destino de Ema Guadalupe Félix porque no le alcanzará el tiempo, de aquí al octubre, a realizar las 41 auditorías específicas que se requieren para darle mayor factibilidad y transparencia al proceso de entrega-recepción; tampoco le serán suficientes las horas para obligar a regresar 7 millones de pesos que andan “volando” en una dependencia gubernamental.
El gasto exagerado en la imagen del gobierno de Quirino Ordaz y en los cientos de vuelos del mandatario, sin justificación aparente, denunciados por los diputados del Congreso, impactan negativamente en la imagen de la Auditora Estatal.
Así, con estos antecedentes y otros “prietitos”, como lo es el agandalle de salarios superiores a los 64 mil pesos en detrimento de auditores que ganan 11 o 22 mil pesos mensuales en esa dependencia, no se sabe a ciencia cierta cuál será su destino.
