Al margen de la ley otorga SEPyC 25 nuevas supervisiones de educación física
Alejandro Luna Ibarra
La competencia electoral 2021 en Sinaloa ya quedó atrás, lejos, para la mayoría que piensa, como el gobernador electo, Rubén rocha Moya, en lo que viene y en la estrategia para construir el mejor gobierno en la historia moderna de Sinaloa; más justo, más honesto y con mayor desarrollo y bienestar para las mayorías, sin embargo, no todos están pensando en eso. Algunos, con el resabio de la derrota, siguen urdiendo, desde sus cargos sindicales y de gobierno, a punto de extinguirse, cómo hacer daño y beneficiarse de él. Todos los días maquinan y operan el saqueo del erario público y, al margen de la ley, tienden las trampas para hacer fracasar al próximo gobierno o, al menos, causarle el mayor daño posible. El “Año de Hidalgo” está incontenible.
En pago por servicios electorales a favor del candidato del PRI, el Gobierno del Estado le otorgó al STASE 69 plazas académico administrativas y de servicios generales con cargo al presupuesto de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, a personal que no laboraba ni se requería en esa institución. Los recursos para pagar esas plazas no están en el presupuesto pero el próximo gobierno tendrá que pagarlas, aún sin justificarse, porque se otorgaron en abril y cumplen los seis meses que establece la ley, para ser definitivos, en octubre, antes del cambio de gobierno.
El convenio fue firmado por el secretario general del STASE Juan Gabriel Ballardo y por la rectora de la UPES Alma Hortencia Olmeda y aunque causó mucha indignación en su momento, sobre todo en los trabajadores de la UPES que habían venido reclamando su basificación desde el 2013 y que fueron ignorados, el asunto se consideró un hecho único, sin embargo, el otorgamiento de plazas al margen se multiplicaron. No sólo se incrementó de manera sorprendente el número de plazas no docentes (que no van a concurso) otorgadas de manera injustificada en la complicidad entre funcionarios y líderes sindicales, sino que, con descaro y en abierto desafío a la normatividad institucional, se están repartiendo con la cuchara grande.
Durante la campaña electoral, el secretario de educación Juan Alfonso Mejía entregó plazas de supervisión a amigos y familiares de funcionarios públicos con cargo al presupuesto de misiones culturales y al de educación para adultos, con el pretexto de que no había un reglamento específico como en educación básica, regulada por la USICAMM, sin embargo, esta semana quedó al descubierto una violación abierta a las normas federales de la USICAMM, quedando claro que el supuesto apoyo del grupo oficial del SNTE 27, que encabeza Edén Inzunza, al candidato de Morena, Rubén Rocha, fue mera simulación, pues acaban de cobrarle al Gobierno del Estado una nueva cuota de servicios electorales a Mario Zamora, concedida por Juan Alfonso Mejía.
El 25 de agosto de 2021, a un año y medio de suspensión de las clases presenciales a causa de la pandemia del Covid 19, y con una educación física prácticamente suspendida, Edén Inzunza Bernal presidió un acto de entrega de 25 nuevas plazas de supervisión a maestros de educación física. Actualmente sólo existen 18 plazas federalizadas de supervisión de educación física. Cada supervisión tiene un promedio de 60 trabajadores, entre secretarias, auxiliares y maestros de educación física, lo cual es un promedio razonable. Sin embargo, por decisión de la autoridad estatal, en acuerdo con el SNTE 27, se crean (sin presupuesto) 25 nuevas plazas (un 130% más de plazas), sin aumentarse el número de trabajadores, lo que implica que cada supervisión será dividida en dos o hasta en tres supervisiones, de tal manera que cada supervisor sólo tendría que supervisar a 20 o 30 trabajadores. Es decir, con los nuevos nombramientos una supervisión de educación física tendrá el mismo número de trabajadores que una escuela primaria, con mucho más sueldo y con mucho menos responsabilidades, que un director de primaria.
De acuerdo con las directrices de la SEP, la creación de esas plazas es injustificada laboralmente, sin embargo, el mayor problema es que no tienen clave y no por tanto no existen los recursos para pagarse. Es decir, no se trata sólo de beneficiar a los amigos adjudicándoles una plaza de supervisión vacante, sin mediar concurso, sino que se les están creando nuevas plazas que la SEP no ha autorizado y por tanto que no tienen recursos.
Lo que están haciendo Edén Inzunza y Juan Alfonso Mejía al otorgar un nombramiento temporal de una plaza nueva es crearle un problema presupuestal al próximo gobierno de Rubén Rocha Moya, pues un nombramiento temporal por seis meses da al trabajador el derecho de reclamar legalmente su basificación, de ahí que el próximo gobierno tendrá que pagarles, –aunque no se justifiquen las plazas— o será demandado.
No obstante, el procedimiento está al marguen de la ley, pues el reglamento de la USICAM, establece que todas la plazas, incluidas las de supervisión, deberán ser sometidas a concurso. Es decir, no pueden ser adjudicadas por designación directa, por lo que el procedimiento carecería de validez legal y representa una violación a la normatividad, por lo que podría ser motivo de sanción administrativa a la autoridad que haya emitido los nombramientos.
Queda claro que la creación de plazas sin presupuesto no tiene sólo la intención de ayudar a los amigos y allegados, al margen de la ley, como un acto prepotente de la autoridad, sino que tiene además la intención de boicotear los planes del próximo gobierno de la 4T para su descalificación. ¿Es directamente el gobernador Quirino Ordaz el que pretende, desde lo que le queda de gobierno, sabotear al gobierno de Rubén Rocha Moya?
Sin embargo, estos son sólo botones de muestra, pues el favoritismo y la afectación de los derechos laborales, practicadas por el gobierno en los últimos dos años, ante la indiferencia y la complicidad de los dirigentes sindicales, han llevado disparar el número de demandas laborales contra el gobierno estatal al grado de que cerca del 30% de los trabajadores del gobierno han entablado al menos una demanda contra el patrón (gobierno del estado); demandas que el gobierno de Quirino le estará heredando al gobierno de Rocha Moya. No se trata sólo del saqueo del erario en el “año de hidalgo” sino del boicot al próximo gobierno de la 4T.
