Archivos e instalaciones militares, claves para esclarecer Guerra Sucia: Barrera

Zósimo Camacho

Es factible, antes de que concluya el actual sexenio, saber qué pasó con los desaparecidos de la Guerra Sucia, así como determinar las responsabilidades de quienes ordenaron el terrorismo de Estado: cárceles clandestinas, “vuelos de la muerte”, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Es la convicción del antropólogo Abel Barrera, integrante de la Comisión de la Verdad. La semana pasada, dicha Comisión empezó a revisar documentos y planos de las instalaciones militares.

“Es un gran desafío”, dice el antropólogo Abel Barrera Hernández sobre la misión encomendada a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es uno de los cinco comisionados.

Señala que este organismo honorífico –creado por decreto presidencial y al que se le conoce por su nombre corto de “Comisión de la Verdad”– recogerá los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero también los de militares que participaron en esos hechos o que fueron testigos. Destaca que se accederá a las instalaciones castrenses, en específico a los lugares donde se tenga indicios de las cárceles clandestinas y lugares de retención ilegal de personas.

Reconoce que, hasta el momento, ha encontrado disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para colaborar con la Comisión de la Verdad, a partir de la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El titular del Poder Ejecutivo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó la apertura de los archivos e instalaciones militares a los integrantes de la Comisión. Dispuso, inclusive, que militares en situación de retiro sean llamados dar su testimonio.

Abel Barrera señala que no se empieza de cero: ya hay un trabajo previo, realizado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad). Advierte que existe una coyuntura política para avanzar en el esclarecimiento de esos hechos e iniciar un proceso de justicia para las víctimas y sus familias.

Tal coyuntura está determinada por la lucha de decenas de colectivos de sobrevivientes del terrorismo de Estado y de familiares. Son ellos los que han empujado y acompañado la instalación de esta Comisión y son quienes le dan legitimidad y seriedad, explica Abel Barrera.

El decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad fue firmado por el presidente de la República el 7 de octubre pasado. Ese mismo día se publicó en Diario Oficial de la Federación. El objetivo manifiesto del organismo es realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria.

Cinco son los ejes de trabajo, citados en el decreto, de la Comisión. El primero, un Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el que se integran personas expertas independientes para realizar las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.

El segundo, un Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres personas expertas independientes, entre ellas, Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El tercer eje lo constituye un Plan Especial de Búsqueda, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Mientras, el cuarto eje se trata de un Plan Especial de Reparación y Compensación, donde de manera integral –se asegura– se atenderá la reparación por el daño a las víctimas.

Finalmente, el quinto eje está constituido por las Acciones para la Memoria y Garantía de No Repetición, a fin de dignificar la memoria de las víctimas.

La Comisión quedó integrada por cinco personas expertas: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.

El antropólogo Abel Barrera Hernández es director fundador de Tlachi, como popularmente se conoce al no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Desde que se fundó, hace 28 años, este centro ha acompañado los dolores y las luchas de las poblaciones me’phaa, na’savi, nahua, afromexicana, ñomndaa y mestiza esparcidas entre los pliegues de las regiones Montaña y Costa Chica, las más pobres de Guerrero y del país. Muy pronto Tlachinollan vio ampliar sus trabajos hacia las otras cinco regiones de Guerrero: Acapulco, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente.

Como antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Abel Barrera estudiaba los sistemas de petición de lluvias entre las comunidades indígenas de la Montaña. Hace más de 30 años, los recorridos por las comunidades y la vida cotidiana de Tlapa de Comonfort, –“el corazón de la Montaña”– con la violencia estructural que se ceba con los más vulnerables terminaron por abrirle un derrotero: el de defensor de derechos humanos.

En entrevista con Contralínea, asegura que todo ese andar confluyó en postularse integrar la Comisión de la Verdad. Siempre crítico del poder, encontró una oportunidad de seguir sirviendo a los más vulnerables.

“Este trabajo de defensa y promoción de derechos humanos nos imbuye de ese espíritu que tienen las personas, las familias, pueblos, comunidades, para defender sus derechos.”

Explica que, como antropólogo, en los tiempos en que concluyó su formación en la ENAH, “no tenía claridad de lo que significa estar en una trinchera que la gente no escogió, sino que tiene que estar ahí, resistiendo, organizando, peleando por su vida, su seguridad, su salud, por su educación. Eso lo empecé a ver en la medida en que me adentraba en las comunidades, en el mundo de las familias que han sufrido represión”.

Se trató de una “iniciación” de varios años que irremediablemente le llevó a conocer los graves casos de pueblos arrasados y desapariciones forzadas que son hoy heridas abiertas desde 1960, 1970 y 1980. “Aunque no fuimos parte de este proceso [las luchas de esas décadas], nos consideramos una especie de miembros de ese movimiento de los derechos humanos: alumnos de las familias, de los padres, madres, hijas, hermanas, de quienes aún a 50 años están reivindicando sus familiares desparecidos, torturados, perseguidos, encarcelados, exiliados. Esa historia es dolorosa. Es una historia que es parte de esta herida que llamamos en Guerrero “la herida de la guerra”, que no fue una guerra, sino una acción terrorista de las autoridades contra poblaciones inermes.

—¿Cómo se integraste a la Comisión de la Verdad? ¿Qué te motivó a participar en el proceso?

—La convocatoria simplemente para mí fue una ventana de oportunidad. Aun así, no había tomado la decisión de participar. Compañeras que formaron parte de la Comisión de la Verdad [de Guerrero] me comentaron que sería importante que participara en la convocatoria. No me lo había propuesto. Lo tuve en consideración, y platiqué con los compañeros de aquí, de Tlachi, y dejaron abierta la posibilidad de que yo pudiera participar. Así fue que me animé. Pero también porque sé que hay una posibilidad de empujar esta iniciativa, este decreto, desde acá de Guerrero. Sobre todo porque es un bastión de la lucha por democratizar nuestro país, por la justicia, la verdad. También sentí como un deber y un desafío, un compromiso para poderlo realizar. Eso fue lo que me movió. En verdad me siento muy comprometido con las familias, las organizaciones, los colectivos, los sobrevivientes.

“Ahora que he tenido oportunidad de ir a los diferentes estados como Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, y acá en Guerrero, y que hemos tenido reuniones con los colectivos, en la misma Ciudad de México, la verdad uno se siente pequeño ante la grandeza de tantas familias, compañeros y compañeras que lucharon. Y más, su trayectoria de lucha, casi por 50 años, a su edad, con sus enfermedades, la situación económica siempre adversa, los riesgos, las amenazas… y aún perseveran con ese espíritu inquebrantable y el deseo de justicia, esa contribución para que haya verdad y justicia. Uno no puede defraudar a este gran movimiento nacional, que es como el gran precedente de las luchas que han permitido que se den ciertos cambios, transformaciones, reformas, y también una nueva cultura de los derechos humanos: contra el autoritarismo, la represión, la militarización, contra la impunidad, contra el abuso de poder. El paradigma de los derechos humanos ya nos lo hemos apropiado como mexicanos, pero eso es parte de ellos y ellas, el legado que tenemos y que están vigentes, porque están sus protagonistas.

—Siempre has sido crítico del poder. Has propiciado el diálogo, la mediación, el acuerdo; pero has sido escéptico ante las palabras de los políticos. ¿Qué fue lo que te motivó a, esta vez, participar en una Comisión creada por acuerdo presidencial?

—Son varios factores. En primer lugar, mantuvieron viva la demanda [de justicia] varios colectivos y sobrevivientes en este sexenio con AMLO [Andrés Manuel López Obrador]. Hubo reuniones que tuvieron ellos y ellas con el subsecretario [de Derechos Humanos y Población] Alejandro Encinas sobre la necesidad de que se implementara un mecanismo que impulsara o que le diera una nueva fisonomía a este movimiento de la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas del terrorismo de Estado. En primer lugar, hubo un trabajo de intercambio de opiniones, planteamientos de parte de los colectivos hacia el gobierno. Entonces, hubo el compromiso de atender su demanda, y ahí fue donde estuvieron trabajando cómo podría ser esta Comisión de la Verdad. Hubo reuniones, pláticas con las víctimas. Es decir, había un respaldo de las organizaciones, de los familiares, hacia la creación de esta Comisión. Obviamente, tratando de que ésta tuviera la fuerza necesaria para que desde un decreto presidencial se empujara que se investigue, sobre todo en el tema de los archivos del Ejército, lo cual es difícil de hacer sin la voluntad política del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y si él asumía el compromiso, pues es obvio que los militares tienen que obedecer esa orden. Obvio, fue una comisión sui generis, que goza de cierta autonomía.

Abunda en que los colectivos de sobrevivientes y familiares de las víctimas acompañan el proceso y con ellos se han acordado las características del trabajo que se realiza.

“Segundo, que es otro momento histórico, otra etapa en este esfuerzo de lo que ya se hizo antes, con el trabajo de la Femospp, que bien o mal se investigó, se avanzó, hubo un informe que no se publicó como debía de ser. La misma recomendación de la CNDH, que también fue muy importante. Lo que se hizo en Guerrero con la Comisión de la Verdad, y un movimiento vigoroso con una estatura moral viva, vigente. Eso me motivó, saber que también era un cargo honorífico, un servicio.

“Por otro lado, en el estado de Guerrero la situación ha sido muy grave, desde hace décadas: las masacres, los asesinatos, las persecuciones… todo lo que ha sucedido con los militares en términos de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos con las desapariciones, ejecuciones, torturas. Por lo que documentamos desde que Tlachi existe como organización no gubernamental, desde 1994 a la fecha, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo [violadas por soldados], lo que lograron los compañeros del Centro con los campesinos ecologistas Teodoro y Rodolfo [ecologistas presos y torturados por defender los bosques], obviamente el caso emblemático de Rosendo Radilla [desaparecido por militares por “componer corridos” sobre Lucio Cabañas y Genaro Vázquez], que pertenece al terrorismo de Estado.

“Todo ese bagaje, toda esa lucha, ese movimiento, esa historia de los pueblos, las víctimas, también me motivó. Estamos en un momento óptimo para poder seguir impulsando. Es una coyuntura, una oportunidad, una posibilidad, es decir, en el sentido del decreto que te dan los lineamientos básicos de lo que se busca, de un informe final, para poder dilucidar lo más profundo que se pueda lo que pasó de 1965 a 1990, que es parte de este mandato.”

—¿Se llegará a saber qué pasó con los desaparecidos? ¿Quién ordenó las ejecuciones masivas? ¿Quién ordenó los “vuelos de la muerte” [avionetas desde las que militares y civiles de la Dirección Federal de Seguridad arrojaban personas al mar]?

—Es el gran desafío que tenemos como mecanismo de esclarecimiento histórico. Será muy importante acceder a los archivos. Ya se está accediendo. Esta semana ya se tiene este acercamiento, esta revisión de los documentos [militares]. Hasta el momento hay un ambiente propicio para facilitar la información. Esa es la meta, que se sepa. Es la intención: profundizar y llegar a esos quiebres de la historia, que nos ha dejado en situaciones muy tristes en términos de que la gente no sabe dónde están sus familiares. El caso de Rosendo Radilla es paradigmático. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana [de los Derechos Humanos], se dijera que era un caso que marcó un nuevo derrotero en nuestra vida política, y sobre todo en la lucha por los derechos humanos. Pero al final, no sabemos dónde está Rosendo. Sí, se hacen grandes esfuerzos jurídicos, esfuerzos de instancias internacionales, pero, lo concreto, lo material, saber dónde está Rosendo, si está vivo, muerto… si está muerto, dónde está su cuerpo, todas esas cuestiones de la verdad tangible. Eso será algo importante. Quién ordenó, ejecutó, dónde están los desaparecidos, qué pasó en las instalaciones militares, qué pasó con los “vuelos de la muerte”, sus responsables. Todas esas preguntas son las que están en nuestro plan de trabajo: cómo implementar una metodología apropiada para avanzar con los testimonios claves. A pesar de que [ya] hay muchos, sabemos de la necesidad de que haya más. Al mismo tiempo, de cómo se implementaron estas políticas, tanto de la represión, planes de gobierno, persecución, y una serie de políticas implementadas. Nosotros estamos abocados a que se avance. Esa es nuestra tarea como comisionados: indagar, investigar de manera exhaustiva, escuchar a las víctimas, tener la capacidad de atención, la sensibilidad para entender los momentos, coyunturas, el contexto, los diagnósticos para ubicar cómo se dieron todas esas acciones represivas del Estado.

—A sobrevivientes de este terrorismo de Estado les preocupa que vayan a recabar más testimonios y no se avance más allá de lo que ya se sabe. Y que en 3 años no se pueda salir de ese pantano, con cada vez menos víctimas y perpetradores.

—Lo que puedo decir es que vamos a avanzar. Tampoco es empezar de cero, hay mucha información que ya está de la Femospp, la Comisión Nacional [de los Derechos Humanos], la Comverdad [de Guerrero], muchas investigaciones de académicos, activistas, militantes, muchos diarios de archivos personales donde la gente misma ha documentado. Nuestra tarea es cómo conjuntar toda esa memoria histórica, colectiva, digna. Hay un manantial de información en los archivos del Ejército, porque son ellos los que directamente intervinieron en estas acciones; por eso será fundamental para todos los archivos planteados en nuestro plan de trabajo. Hay que indagar. Es un gran desafío. Tenemos la confianza de que los cinco compañeros haremos alrededor de 40 investigaciones en lo que queda concluir este año, y las demás comisiones que están desde el impulso a la justicia, todo el tema de la búsqueda, reparaciones, memoria, todas esas facetas de la Comisión de la Verdad, sabemos que es un equipo multidisciplinario con gente experta y mucha experiencia. Qué tanto avanzaremos, con qué profundidad, para eso todavía faltan estos meses en que iremos midiendo.

—¿Han platicado ustedes con militares que estuvieron en inteligencia militar o que son responsables de ejecutar, torturar, de cometer este tipo de esas acciones?

—Uno de los puntos de estas reuniones es la invitación formal para que los militares que participaron o estuvieron [en estas acciones] den sus testimonios. Se hará de manera formal. Esto está comunicado. Y como es parte del plan de trabajo, ya se planteó a militares encargados de ese seguimiento de archivo, y facilitar información relacionada con instalaciones militares, para verificar lugares donde hay testimonios de que la gente fue detenida y desaparecida. Dentro de eso también poder abordar con personal militar estos temas. Para nosotros es muy importante, saber cómo participaron. Más allá de que el MP [ministerio público] investigue sus responsabilidades penales, nos interesa saber quién ordenó, qué pasó, qué se hizo, en qué se involucraron los grupos del Ejército para la represión generalizada y acciones terroríficas contra la población.

—¿Qué ambiente encuentran con las Fuerzas Armadas? ¿Hay resistencia a su trabajo?

—Por lo menos en términos formales, en términos de la relación que persiste entre los equipos de trabajo, nosotros como comisionados, y obviamente en el equipo de militares que atienden estos planteamientos y requerimientos ha habido plena disposición. Lo más importante es que se pueda acceder como hasta ahora a los archivos militares. Apenas están los primeros acercamientos, entrevistas. Se ha pedido cierta documentación y se ha facilitado. Nos interesa constatar qué tanto se puede conocer a fondo todos estos acervos, todos estos repositorios. Estamos empezando esta primera semana.

—Ellos insisten en que combatían delincuentes y que los “terroristas” eran los guerrilleros.

—Entendemos que la visión del Ejército, los mandos, y seguro de todo el personal castrense, es que ellos simplemente acataron órdenes y, por otra parte, cumplieron con algunas acciones, algunos operativos: “Nos mandaron a hacer una misión, y nosotros lo hicimos”. Desde la lógica bélica y militar siempre habrá una justificación, una postura de que ellos no cometieron graves violaciones a los derechos humanos, pero para eso se quiere hacer la investigación. Los responsables de violaciones graves difícilmente aceptarán y reconocerán; pero, creo que las experiencias de otros países de las Comisiones de Verdad, con equipos multidisciplinarios, con fuentes, las fuentes del Ejército, los modus operandi, testimonios, mostrarán este panorama de lo que significó la participación del Ejército contra la sociedad, la población, todas las implicaciones que tuvo en términos de graves violaciones a los derechos humanos. No esperamos que en una entrevista un soldado acepte su responsabilidad en una desaparición forzada; nadie lo hará, lo mismo que los civiles que son acusados por delitos y que no aceptan. Para eso están las autoridades, para investigar las evidencias. A nosotros, como mecanismo histórico, nos toca investigar. Para eso hay métodos, herramientas, documentos, testimonios. Nuestra investigación no se reduce a un sí o un no, si participó o no un militar en un operativo. Es parte de pruebas mayores, de contextos, acciones y evidencias que tienen que ver con decisiones, operativos, mandos, cadenas de mando: un sinnúmero de elementos, que no se quedará uno con el simple testimonio. Eso apenas es una referencia básica que puede ser central, hasta la manera en cómo se da el testimonio puede ayudar a dilucidar qué tanto hay de veracidad, o qué tanto hay de opacidad.

—¿Ya pudieron entrar a instalaciones militares? Hay un lugar que interesa mucho a colectivos de sobrevivientes de la Guerra Sucia: “el metro” un sitio en el Campo militar número 1.

—Estamos empezando, es la primera semana. Ahorita se trabaja en conocer los planos de las instalaciones militares, porque como están actualmente, es obvio que tuvieron cambios. No es lo mismo que hace 50 años a lo que hay ahora, se necesita información previa, conocer los planos, todos estos trabajos de ingeniería que se hicieron previamente. Se está accediendo a esos materiales, a esa información para que, a partir de eso, se identifiquen estos lugares: caballerizas, lugares de reclusión, en fin, todo eso… ubican una cancha de básquetbol… trabajar todos esos lugares. Probablemente ya no están, pero viene un trabajo de investigación. Por ahora han sido las modificaciones, los planos, el trabajo de ingeniería hecho a lo largo de 5 décadas. Y ver cómo se modificaron para recrear lo que pasó con algunos familiares que aún recuerdan que estuvieron ahí. Para eso se requiere, después de este trabajo, un recorrido a las instalaciones militares. Estamos empezando en el tema, no hemos profundizado, es algo que es parte de un proceso de reconocimiento.

—¿Basta el trabajo de una Comisión y la voluntad política de un presidente, que concluye su mandato en menos de 3 años, para desmontar el pacto de impunidad transexenal de una institución permanente como el Ejército?

—A nosotros nos toca hacer el trabajo de esclarecimiento e investigación histórica, pero al final de cuentas somos un eslabón de este gran movimiento de derechos humanos de las víctimas que viene de más de 50 años. Esa ola grande, ese gran movimiento, es el que nos permitirá sacar todas esas realidades dolorosas, como las olas del mar, con esa fuerza, que por un lado parecen aguas tranquilas, pero por debajo está la verdadera fuerza, que es la de los pueblos y víctimas; con esa fuerza, esperanza, con ese torbellino, es que nosotros como comisionados tenemos esa certeza de que lograremos avanzar. Obviamente, la voluntad política cuenta muchísimo, la disposición para que podamos acceder a los archivos es fundamental. Está puesta la escena en términos de que las víctimas están todo momento dándole seguimiento, qué avances hay.

“Hay muchos ojos, mucho corazón, mucha voluntad, y creo que eso es el capital simbólico, pero también político y moral de esta Comisión. Por esa razón no podemos desvalorar todo lo que esto significa. Tenemos una alta responsabilidad para estar a la altura de las grandes expectativas que tienen centenares de víctimas. Y que más allá de lo que pasa cotidianamente, y a veces hay ciertos jaloneos, pero creo que tenemos que ir empujando, esa es nuestra tarea, empujar, sobre todo nuestro mandato de hacer la investigación, acceder a los archivos, a los informes, y avanzar con este equipo, en las líneas que nos hemos planteado, y en el plan de trabajo que tenemos para este año.”

Con información de Contralínea