La propuesta del PRI: la Segunda Enmienda de EU aquí como solución
Carlos Ramírez
Si la crítica del PRI a la estrategia de seguridad es la misma de la Iglesia en lo que se refiere a la caracterización en México de un Estado fallido, la salida planteada con la iniciativa para permitir la venta libre de armas a ciudadanos mexicanos estaría llevando a la disolución del Estado por la pérdida de la esencia de su justificación: el monopolio de la fuerza y de la represión.
El Estado nació, en términos de Hobbes, como un contrato con la sociedad para sacrificar individualidad a cambio de seguridad institucional. La única función del Estado es la de la seguridad.
La iniciativa para el acceso libre a las armas en México sería el traslado, en escenarios geopolíticos diferentes, de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la autodefensa ciudadana con el acceso libre a las armas de cualquier tipo y la creación de milicias armadas paramilitares asociadas al Estado. Esta enmienda fue promulgada en 1798 cuando Estados Unidos asumía su condición de destino manifiesto y se lanzaba a la conquista del centro al oeste del continente atropellando de manera criminal a los indios originarios y a los territorios mexicanos que fueron arrebatados por la fuerza.
El debate estadounidense en torno a la Segunda Enmienda tiene que ver con la consolidación del Estado nacional como el poder, la fuerza y la autoridad por encima de los ciudadanos, liquidando la autonomía social que le permitía el uso libre de las armas y de la fuerza en función de los intereses de grupos sociales. La consolidación del Estado en la Unión americana debe de pasar por la cancelación de instancias y tradiciones de autonomía individualista y el sometimiento ciudadano al dictado policiaco y militar de los gobiernos. El ejercicio del derecho de la Segunda Enmienda no beneficia al ciudadano común que trata de proteger sus hogares y su propia individualidad, sino que constituye –y de ahí su fuerza– el resguardo territorial del proyecto ideológico capitalista a través de milicias armadas que responden a la ideología conservadora.
La polarización en torno a la Segunda Enmienda en Estados Unidos ha llevado a un choque entre la sociedad plural –en términos económicos, sociales y raciales– y el poder autoritario del Estado que se asume para defender el modelo capitalista de producción y apropiación de la riqueza. El caso de las milicias armadas para contener la migración resume el sentido de la propiedad de armas, pues son los conquistadores los que temen la pérdida de su hegemonía social.
La lógica de la propuesta priista tiene ciertos referenciales a la estrategia gubernamental de seguridad: reconocer la incapacidad de la aplicación de la fuerza del Estado contra la delincuencia, no tanto por el desbalance armado, sino por las doctrinas de defensa de los derechos humanos que se implementaron en 1990 y que dotaron a la delincuencia de un instrumento jurídico de enorme valor.
El acceso libre a las armas y la doctrina de la legítima defensa pudieran estar siendo consideradas como instrumentos de apoyo a la estrategia de seguridad para que la ciudadanía participe de manera directa en la defensa de sus intereses y bienes ante el acotamiento institucional que han implicado los derechos humanos y las reglamentaciones para el uso de la fuerza.
La política de seguridad del Estado que ha llevado al colapso de la inseguridad general en toda la República tuvo su origen también en el relevo de la burocracia política que pasó de los funcionarios que administraban la existencia de la delincuencia a los tecnócratas que dejaron sueltos los hilos de la delincuencia generalizada. El error histórico lo cometió el presidente López Portillo cuando colocó a Arturo El Negro Durazo Moreno como director de policía y tránsito de la capital de la República, a pesar de las advertencias en Estados Unidos de que como comandante de la federal de seguridad había construido un poder de control de bandas criminales. En ese momento el Estado perdió el control de la estructura policiaca de seguridad y la situación ha empeorado desde 1976.
La estrategia de seguridad del Gobierno actual cometió su propio error estratégico: prometer una solución definitiva el primer día de gobierno, esperando que la delincuencia entendiera la lógica de la gobernanza criminal, mejor conocida como la pax narca. En el modelo suma cero, el repliegue del Estado fue ocupado por la delincuencia. Y hoy no hay forma de salir del hoyo.
