Modernización funcional de la Sedena; Comandancia activa capacidad operativa
Carlos Ramírez
A partir del hecho histórico de que los generales hicieron la Revolución Mexicana, le dieron estructura constitucional y construyeron el sistema político/régimen/Estado, la estructura administrativa-operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional se había venido rezagando desde su retiro de actividades políticas directas en 1946.
La reorganización actual crea la Comandancia del Ejército cómo la jefatura encargada del área operativa del ejercito, creando a su vez un espacio administrativo-institucional que depende de manera más directa del la Sedena como despacho específico de la presidencia de la República.
La utilización de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública en situación de crisis de la seguridad interior, el papel clave de la Sedena en relaciones internacionales con otros ministerios de defensa y ejércitos del mundo y las actividades de los militares en acciones de apoyo a obras prioritarias del gobierno federal en ningún momento han incrementado o expandido el concepto de militarismo como un sistema militar sobre el sistema político civil, aunque han requerido de nueva funcionalidad administrativa legal.
Las labores del ejército en más de quince actividades no han tocado ni por equivocación el hecho de que la estructura del Estado y del gobierno es civil en grado absoluto y la designación de miembros de las fuerzas armadas en oficinas como seguridad pública, aduanas y puertos ha sido consecuencia lógica del hecho de que esas dependencias tienen una función directa con la seguridad nacional como soberanía territorial y con la seguridad interior ante la expansión de las actividades del crimen organizado nacional y trasnacional.
Hasta antes de la reorganización, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional tenía tres funciones: como secretario de Estado. como alto mando para ejercer el control conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea y como comandante del Ejército Mexicano. La estructura anterior se auxiliaba apenas con el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Subsecretaría, la oficialía mayor y la Inspección y Contraloría General.
Ahora las funciones dentro del gabinete y las relaciones institucionales sobre todo con el Congreso serán más claras al separar actividades operativas dentro de la nueva Comandancia, aunque al final de cuentas el titular de la dependencia, el general secretario, continuará como la cabeza político-administrativa-operativa de la Sedena.
Los militares se retiraron de la función pública en 1946 y aún antes, en diciembre de 1940, el presidente y general Manuel Ávila Camacho decidió suspender la decisión política del presidente Cárdenas 1938 de constituir a los militares como el cuarto pilar corporativo del entonces partido del Estado al convertirse en Partido de la Revolución Mexicana.
Esa decisión fue clave para determinar las funciones estrictas de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden interno y en la salvaguarda de las fronteras territoriales externas. Desde 1940 desaparecieron los pronunciamientos militares y ningún jefe castrense atendió la presión nacional e internacional para asumir funciones políticas en momentos de crisis como las protestas obreras en 1958, el movimiento estudiantil del 68 y las supuestas tentaciones reeleccionistas presidenciales en 1954 y 1976.
La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en situación de crisis de la seguridad interior ha estado regulada por las leyes y definida de manera directa por el presidente de la república en turno desde diciembre de 2006. Las convocatorias a militares a cargos de seguridad pública han pasado por uniformados en situación de retiro y nunca algún secretario de seguridad ha sido de manera simultánea militar en activo.
Los enfoques analíticos sobre el papel creciente del ejército en actividades sociales, de obra pública y de seguridad deben de partir de la certeza de que las fuerzas armadas no han tenido ni una sola decisión de carácter político o gubernamental y que las instituciones del Estado están a cargo de funcionarios civiles con acotaciones legales estrictas.
La reforma administrativa en la Sedena fortalece el Estado civil de derecho.
Con información de Indicador Político
