La verdad sobre la escolta de Imelda Castro en el Sinaloa violento
La escolta no constituye una prerrogativa elitista; es la condición institucional indispensable para impedir que el poder criminal capture los espacios democráticos y ejerza un veto sobre la política comunitaria
Alvaro Aragón Ayala
La reciente difusión de una imagen sintética y/o generada por la IA en la que Imelda Castro Castro, Coordinadora de la Transformación y la Defensa de la Soberanía en Sinaloa, aparece flanqueada por elementos de la Guardia Nacional desencadenó una reacción mediática y política previsible: sectores opositores instrumentalizaron de inmediato la escena para articular una narrativa de supuestos privilegios de casta. Sin embargo, un análisis riguroso despojado de la estridencia electoral y cimentado en la ciencia política y la sociología del conflicto exige desmantelar esa lectura superficial. La escolta militar no es la exhibición de un privilegio personal, sino el reflejo de un Estado obligado a garantizar la supervivencia de la política formal en un territorio bajo asedio criminal.
En su obra fundamental “Votos, drogas y violencia”, Guillermo Trejo y Sandra Ley demuestran que la violencia político-criminal no es un fenómeno aleatorio ni se limita a enfrentamientos entre facciones delictivas; es una estrategia deliberada del crimen organizado para someter a las autoridades locales, influir en las contiendas electorales y capturar la vida pública. En un entorno convulso como el de Sinaloa, donde las disputas por el control territorial se han recrudecido, la agresión contra actores políticos opera como un mecanismo para alterar el comportamiento de las instituciones.
De acuerdo con el proyecto “Votar entre Balas” (desarrollado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político), Sinaloa ha registrado una alarmante concentración de agresiones directas contra funcionarios, candidatos y dirigentes de diversos espectros partidistas. Entonces, si la violencia se emplea como un instrumento de dominación territorial, la frontera entre la vulnerabilidad de quienes practican la política en esas zonas se toma el estatus de riesgo.
Los lamentables atentados sufridos por legisladores del partido Movimiento Ciudadano demuestran que la amenaza no distingue siglas ni ideologías. Por ende, la asignación de esquemas de protección institucional no responde al alineamiento político ni a una lógica de concesión personal, sino a una evaluación técnica de riesgo realizada por las instituciones de seguridad del Estado mexicano para preservar el orden constitucional.
Para comprender la verdadera naturaleza del fenómeno, resulta indispensable acudir al enfoque del Análisis Económico del Derecho y a las tesis expuestas en “La narcofinanciación de la política”. Las organizaciones criminales buscan incidir en los procesos democráticos mediante dos vías contrapuestas pero complementarias: la penetración económica a través del financiamiento ilegal de campañas o la coacción física y la intimidación sistémica. Cuando un proyecto político rechaza la subordinación ante las estructuras informales de poder, la violencia o la amenaza de esta se convierten en los recursos delictivos para forzar el repliegue de los liderazgos democráticos. Permitir que una aspirante recorra los 20 municipios de Sinaloa -incluidos desplazamientos por regiones de alta peligrosidad- en absoluta indefensión equivaldría a ceder la presencia y el veto político del crimen organizado.
Desde la perspectiva que aborda José Reveles en “Necro-política y narco-gobierno”, cuando las instituciones omiten su deber de resguardar a los actores políticos, la delincuencia logra imponer un esquema donde el poder de vida y muerte dicta las dinámicas institucionales. La “necropolítica” prospera precisamente ahí donde el Estado se ausenta y deja vacíos que son rápidamente cooptados por el poder delictivo. En este marco, la protección asignada a Imelda Castro por gestión de los partidos que integran su coalición representa un acto de prevención institucional, orientado a frenar cualquier intento de interferencia de poderes fácticos sobre la libre deliberación democrática.
Asimismo, como han expuesto Ricardo Ravelo en “Los narcopolíticos” y Manu Ureste en “Vivir con el narco”, las ramificaciones de la delincuencia infiltran y condicionan la vida cotidiana de las comunidades cuando la política se atemoriza y se encierra en las oficinas. El riesgo real para Sinaloa no radica en que una dirigente recorra el estado custodiada por las fuerzas federales; el peligro democrático irreversible ocurre cuando el miedo expulsa a los líderes políticos del territorio, imponiendo el silencio comunitarios y el sometimiento cívico.
En este contexto adquiere valor estratégico la propuesta de Imelda Castro en torno a la creación de las Vocerías por la Paz y su eje categórico de “desnarcotizar” la economía, la cultura y la política. Lejos de reducir el problema de la inseguridad a una mera dimensión policial o punitiva, este planteamiento aborda el problema estructural de fondo: desmantelar los circuitos económicos e ideológicos a través de los cuales el crimen permea la sociedad. Para reconstruir el tejido social y recuperar los espacios públicos, la presencia directa en las comunidades es insustituible.
Desde la teoría estratégica clásica, el control del territorio exige evaluación de riesgos, disciplina y preservación de la fuerza. Sun Tzu en el “Arte de la Guerra” enseñaba que la prudencia y la lectura adecuada del terreno no constituyen cobardía, sino el fundamento central para sostener una posición. Igualmente, la doctrina sociopolítica del trabajo territorial demuestra que la representatividad popular requiere presencia permanente entre la gente. En Sinaloa, la escolta de la Guardia Nacional no aleja a la dirigente del pueblo; por el contrario, es el instrumento técnico y operativo que le permitirá permanecer sobre el terreno y mantener el contacto directo con la ciudadanía en condiciones de seguridad.
Sí, es plenamente válido exigir transparencia sobre los protocolos y costos de los esquemas de seguridad. Sin embargo, resulta intelectualmente falaz y políticamente deshonesto calificar el resguardo institucional como un “privilegio de clase”. La autenticidad de un liderazgo popular no se mide por el nivel de exposición física o vulnerabilidad al que se someta de manera irresponsable, sino por la congruencia de sus causas y la defensa firme del bienestar colectivo.
En última instancia, pues, la discusión no debe centrarse en los elementos de la Guardia Nacional que custodian a Imelda Castro, sino en las condiciones estructurales de deterioro de la seguridad que hacen imperativa su presencia. Si el Estado protege a un actor político, no está blindando a un individuo, sino protegiendo el derecho de la sociedad a ejercer la política de manera libre, soberana e independiente de las presiones del crimen organizado.
La escolta, en consecuencia, no es la historia principal; es el síntoma de una época convulsa. La verdadera historia es el territorio violento y la determinación de no abandonarlo en manos del terror.
