Graciela Domínguez: ¿A quién le conviene que fracase?
Alvaro Aragón Ayala
La llegada de Graciela Domínguez Nava al Ejecutivo de Sinaloa ante la segunda licencia de Rubén Rocha Moya ofrece la lectura de un reacomodo de alto nivel impulsado por la Presidencia de la República. El objetivo de fondo es devolverle cauce, ética y viabilidad operativa al proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad, luego del desgaste reputacional provocado por las imprudencias políticas de la gestión saliente y el severo escrutinio internacional sobre su entorno.
Domínguez Nava cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la legitimidad constitucional para ejercer el mando. Su principal fortaleza estriba en su perfil técnico y académico y su experiencia en el quehacer gubernamental y legislativo. Su verdadero reto será demostrar la capacidad real para desmontar el lastre burocrático y ejercer un poder efectivo sobre una estructura heredada.
El éxito de este interinato beneficiaría a Sinaloa al restaurar la confianza ciudadana, la certeza económica y la coordinación federal. No obstante, en la aritmética del poder, la gobernabilidad de Graciela representa una amenaza para diversos frentes que apuestan deliberadamente a su tropiezo.
Graciela llega a un gobierno que no empieza de cero. Recibe un aparato administrativo construido durante casi cinco años de rochismo: un cuerpo de funcionarios, compromisos vigentes, expedientes sensibles, relaciones políticas complejas, una crisis de seguridad aguda, una sociedad profundamente desconfiada y, sobre todo, una estructura estatal bajo una lupa internacional inédita.
Entonces, el primer desafío de la gobernadora interina no necesariamente está afuera, sino dentro del propio aparato estatal. Graciela llega a gobernar con el mismo equipo que acompañó a Rocha. Puede ocurrir, entonces, que una parte de la administración continúe operando bajo las inercias del pasado. Ahí aparecerá su primera prueba de autonomía: ¿Gobernará con el aparato de Rocha o gobernará sobre el aparato de Rocha?
Mantener funcionarios no significa obligatoriamente mantener al rochismo; sin embargo, conservar a determinados operadores en posiciones estratégicas puede ocasionar que las viejas redes continúen manteniendo la capacidad de decisión. Para trascender como una gobernadora decisiva y no como una figura decorativa, debe equilibrar la continuidad operativa con la firmeza política. Sus primeros nombramientos en áreas clave -especialmente en seguridad y finanzas- actuarán como el termómetro real de su independencia respecto a los grupos del pasado, pero que están en activo. Sus decisiones -y también sus omisiones- serán mucho más elocuentes que cualquier discurso.
El interinato no será, entonces, un paréntesis neutral. Será el campo de batalla donde se definirá si Sinaloa recupera la fortaleza del Estado o si se consolida el triunfo de los intereses instituidos. La viabilidad de la 4T en 2027 dependerá estrictamente de la capacidad de la gobernadora para ejercer el poder real y cerrar el paso a quienes se benefician del caos.
¿A QUIEN LE INTERESA QUE GRACIELA FRACASE?
Para responder a esta interrogante con inteligencia es necesario identificar los grupos de intereses y sus objetivos. Existen, al menos, seis cofradías que podrían tener incentivos para que el nuevo gobierno colapse:
1.A quienes necesitan que nada cambie: Toda estructura de poder genera beneficiarios. Si durante años determinados actores tuvieron acceso privilegiado a decisiones, contratos, información, nombramientos o seguridad, una administración autónoma representa una amenaza directa. Para ellos, el escenario ideal no es necesariamente el regreso de Rocha, sino algo más sencillo: que Graciela carezca de la fuerza suficiente para modificar el status quo.
2.A quienes necesitan que el rochismo sobreviva políticamente: El futuro político de Rubén Rocha y de su grupo afín aún genera consecuencias. Si Graciela consigue estabilizar Sinaloa, recuperar la confianza y gobernar con autonomía, se producirá un efecto político inevitable: el ciclo Rocha comenzará a ser sustituido por una nueva etapa de Morena. Esto afectaría directamente a quienes necesitan conservar posiciones e influencia rumbo a 2027.
3.A quienes buscan aprovechar el caos: Existe un actor considerablemente peligroso. El crimen organizado no necesita controlar formalmente al titular del Ejecutivo; le basta con que el Estado permanezca débil. Un gobierno dividido, inseguro o enfrentado internamente facilita el control territorial, la extorsión, el tráfico, la corrupción, la infiltración policial y la intimidación política. Por ello, el éxito de Graciela en materia de seguridad afectaría intereses criminales directos, aunque determinar el grado de esta amenaza exige indicadores objetivos y no mera especulación.
4.A quienes necesitan que Sinaloa llegue debilitado a 2027: El interinato tiene una fecha de caducidad política marcada por la contienda electoral de 2027. Quien controle el gobierno estatal en los próximos meses influirá directamente en la percepción de seguridad, la obra pública, la relación con los municipios, la comunicación política y la agenda ciudadana. Ciertos actores preferirán un gobierno interino débil, conscientes de que los vacíos de poder siempre terminan por ser ocupados.
5.A quienes han construido su posición alrededor de la confrontación: Existen actores políticos y mediáticos que se desenvuelven mejor en la crisis que en la estabilidad. Un gobierno fallido genera escándalos, denuncias, filtraciones y constantes crisis de seguridad que alimentan su relevancia. Un gobierno funcional reduce sensiblemente esos espacios. Graciela deberá evitar convertirse en rehén de quienes necesitan el conflicto permanente para subsistir.
6.A quienes en Washington consideran que la estructura sinaloense merece mayor escrutinio: Este elemento resulta imposible de ignorar. Agencias como la DEA y fiscales estadounidenses vertieron acusaciones sobre exfuncionarios y miembros de alto nivel de las estructuras gubernamentales y de seguridad de la entidad por delitos vinculados al crimen organizado -mantenidos bajo el principio constitucional de presunción de inocencia-. Este expediente demuestra que el problema de la gobernadora no es solo administrar Sinaloa, sino probar que las instituciones del Estado pueden operar con absoluta independencia de cualquier red política o criminal del pasado.
¿A QUIENES LE INTERESA QUE GRACIELA TENGA ÉXITO?
En la otra cara del tablero político, existen sectores clave para los cuales la consolidación de este gobierno es vital:
A)-A la presidenta Claudia Sheinbaum: Es la primera interesada. No solo por afinidad partidista, sino porque el colapso de Sinaloa impactaría directamente al Gobierno Federal. Sheinbaum ya fijó una postura clara al respaldar la honestidad y capacidad de Domínguez Nava para conducir la entidad. Un desempeño exitoso permitiría a Palacio Nacional sostener una narrativa poderosa: Sinaloa puede recuperar su institucionalidad sin romper con la democracia ni con el proyecto nacional.
B)-A Morena Nacional: Sinaloa se perfila como un laboratorio político hacia 2027. Si la gobernadora logra reducir la violencia, articular la coordinación federal, devolver la gobernabilidad y garantizar elecciones limpias, el partido llegará posicionado desde una base sólida. Si fracasa, la factura del costo político no será para Graciela, sino para Morena y su incapacidad de reconstruir el estado.
C)-A los empresarios y sectores productivos: Al sector económico no le descuenta la disputa interna del partido en el poder; le urge que regresen los consumidores, operen los comercios, fluya el transporte de mercancías y se reactive el campo bajo certezas de seguridad jurídica y física. Un gobierno estable reactiva directamente la economía local.
D)-A los medios independientes: Un gobierno institucional puede ser auditado; un gobierno sometido a presiones opacas genera una prensa dependiente del rumor, la filtración y el miedo. La recuperación del Estado de derecho fortalece el ejercicio del periodismo libre.
E)-Al propio Morena sinaloense: El movimiento enfrenta un problema de fondo. Si la estructura partidista no logra marcar una distancia clara entre partido, gobierno y grupos de poder, el desgaste público continuará acumulándose. Graciela Domínguez representa la vía institucional para trazar esa frontera indispensable y devolverle al Estado la dignidad de sus funciones.
