Rubén Rocha, expuesto a la difamación y la calumnia
Álvaro Aragón Ayala
El gobierno de Rubén Rocha Moya plantó una estrategia de contención en torno a la irritación social y periodística que generó el asesinato del columnista de El Debate, Luis Enrique Ramírez Ramos, ordenando a los funcionarios estatales retirar las demandas que tengan contra los comunicadores ya que la actual administración “no armoniza con el ejercicio de acciones legales en contra de periodistas por expresiones difundidas en el desempeño de su profesión”, abriendo así la coyuntura para que la oposición y el “periodismo militante” abra “cuartos de guerra” contra el gobernador y los miembros de su gabinete.
El lunes, luego del crimen de Ramírez Ramos, el mandatario estatal dio un plazo de 48 horas a sus colaboradores para que retiraran cualquier demanda que tengan en contra de periodistas, especialmente si están relacionadas con su labor. “Los hechos ocurridos recientemente, en especial la privación de la vida al periodista Luis Enrique Ramírez, son motivo de reflexión sobre la garantía del ejercicio libre de dicha profesión en nuestro estado», plasmó en un oficio difundido con celeridad.
«Recordemos que este derecho (la libertad de expresión) debe gozar de una protección reforzada, a la cual todas las instancias gubernamentales estamos obligadas a contribuir (…) Esta administración no armoniza con el ejercicio de acciones legales en contra de periodistas por expresiones difundidas en el desempeño de su profesión, por ello, se conmina a aquellos funcionarios que se encuentran en dicho supuesto, para que en un plazo que no deberá exceder de 48 horas a partir de la recepción de esta comunicación, comparezcan ante la instancia correspondiente a formular su desistimiento», reza la circular rochista.
“No quiero a ningún funcionario aquí que tenga emplazado jurídicamente a los periodistas. No los quiero, porque yo no soy de la idea (de) ni siquiera de mandarles una carta aclaratoria”, precisó.
La posición del gobernador desvió la atención, por unos días, del “Caso Luis Enrique Ramírez”, el cual pasó a segundo a tercer plano o de hecho a desaparecer de los comentarios de algunos opinólogos o columnistas que se dieron a la tarea de “cazar” solamente a un funcionario estatal que en el pasado, en ejercicio de su derecho constitucional y la defensa de su honra, la de él y de su familia, recurrió a los tribunales en calidad de ciudadano, dirigente de un partido político y de candidato al Senado y la gubernatura de Sinaloa, exigiendo pruebas de los dichos en su contra en feroces campañas de linchamiento y montajes mediáticos que se implementaron para desacreditarlo y sacarlo del escenario político.
Cuando menos por unos días -luego de que se supo que las demandas contra los periodistas fueron retiradas en su momento-, los “analistas” olvidaron su “dolor” por el proditorio asesinato de Luis Enrique Ramírez, crimen que es cubierto por un manto de misterio que hacen levantar toda clase de sospechas a la sociedad y al gremio periodístico que sí está interesado en que el homicidio se esclarezca. La Fiscalía General de Justicia trabaja sin la presión de las movilizaciones de comunicadores ni el ejercicio mediático que se desplegó otro día de haber encontrado el cadáver emplayado del periodista de El Debate. El avance de la investigación solo es del conocimiento de la casa editorial para la cual trabajaba, la familia del columnista y el gobernador Rubén Rocha Moya.
La “medida de contención” para “paliar” la inconformidad del gremio periodístico sí causó efecto, sí funcionó. El gobernador es también experto en encuestas y en estrategias de comunicación, orientaciones y valoraciones periodísticas. Sin embargo, entre los dirigentes del PRI-PAN-PRD y los empresarios de “Sí Por México”, recalcitrantes opositores a la Cuarta Transformación, cayeron como “anillo al dedo” dos posiciones/expresiones de Rubén Rocha Moya: 1.- Esta administración no armoniza con el ejercicio de acciones legales en contra de periodistas por expresiones difundidas en el desempeño de su profesión. 2.- Yo no soy de la idea ni siquiera de mandarles una carta aclaratoria.
Del análisis elaborado por los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Rubén Rocha Moya, se concluye que el gobierno estatal renunció a cualquier tipo de defensa jurídica, en los tribunales creados precisamente para solventar este tipo de controversias, para proteger al derecho al honor, al reconocimiento y el respeto, a la dignidad y a los méritos y cualidades que ha ido adquiriendo cada uno de los funcionarios estatales como fruto de su desarrollo personal, social, administrativo o político. El Diccionario de la Real Academia Española señala que el honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos; gloria buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se las granjea.
El honor es la reputación, el buen nombre, la consideración social o fama de que goza una determinada persona ante los demás, sea político o no lo sea, sea funcionario público o no lo sea. El honor en sí es la evaluación social de la misma a la luz de sus cualidades familiares, laborales, personales y de su participación en la vida política, económica y cultural. El honor, es el nexo de nuestras vidas privada y pública. Cuando se alude al honor quiere significarse el juicio de valor que los demás individuos practican sobre las propias cualidades y sentimientos.
Al renunciar a este derecho legal, el de la defensa de la honra, queda completamente claro que el gobierno de Rubén Rocha no instrumentará ningún tipo de acción, penal ni civil, contra los periodistas críticos, por lo que tendrá que recurrir a otro tipo de acciones para proteger su imagen y la de sus funcionarios. La “indefensión legal” del propio gobernador y de sus colaboradores allanó el camino para que la oposición –los estrategas del PRI-PAN-PRD y “Sí por México”-, desarrollen con entera impunidad campañas de difamación y calumnias contra el mandatario estatal y su familia y en perjuicio de los funcionarios estatales.
Aunque no ha recurrido a las demandas contra comunicadores, en defensa de su persona, su honra y la de su familia y la de su investidura, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el marco del 109 Aniversario de la Creación del Ejercito Mexicano, precisó que “la estrategia golpista a través de los medios de comunicación que se venden o se alquilan: mercenarios; esa estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a diligentes y gobiernos que enfrentan el poderío, corrupto de las élites, aquí en nuestro país no hacen mella». En “Las Manañeras”, el inquilino de Palacio Nacional censura y sataniza a algunos periodistas y actores políticos o sociales críticos de su gobierno.
En el 2011, bajo la protección de la organización internacional Artículo 19, el columnista Luis Enrique Ramírez admitió que él hizo “periodismo militante” apoyando la campaña de Mario López Valdez (quien fue candidato al gobierno de Sinaloa del PAN-PRD- Convergencia), y reveló que usaba en sus columnas información confidencial proveniente del espionaje que realizaba Luis Pérez, asesinado el enero pasado (2011), tras ser privado de la libertad a las afueras de la casa de «Oli» Alonso, quien también murió asesinada en julio de ese año. Malova derrotó al candidato del PRI-PANAL-PVEM Jesús Vizcarra Calderón.
En los planes del PRI-PAN-PRD está el derrotar en el 2024 a López Obrador y su “proyecto de nación” en los estados del país, implementando una “estrategia de comunicación territorial” para denostar y dinamitar a los gobiernos locales de la Cuarta Transformación. El propósito es ganar las elecciones para que no se dé continuidad a las políticas de la 4T. En Sinaloa, los opositores a Rubén Rocha Moya son los candidatos que fueron derrotados en la elección del 2021 y los medios y periodistas “militantes” que trazaron un proyecto de comunicación contra él y sus aliados de la campaña.
En el cierre del régimen lopezobradorista, la cruzada de desprestigio contra el presidente de la República bajará con fuerza a los estados y será más virulenta y estridente. Los opositores les inyectarán más recursos a los medios de comunicación –diarios impresos, plataformas digitales, radio y televisión. La arena de la discusión y los ataques se dará en los estados y municipios. La oposición planea arrebatar la agenda mediática a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Resurgirá con aspereza el “periodismo militante” adyacente a los partidos y figuras políticas contrarias a López Obrador y Rubén Rocha Moya.
