Virus, mujeres, periodistas y la vulnerabilidad del Estado
Carlos Ramírez
La creciente lista de fallecidos en México por enfermedades de la crisis y la violencia criminal solo están revelando la inexistencia del Estado y la apatía del Gobierno: personas infectadas por el virus, feminicidios que no tienen fin, homicidios dolosos y asesinatos de periodistas dibujan un pasivo social que no encuentra respuesta en las instituciones.
La seguridad en sus diferentes versiones es la responsabilidad número uno del Estado; y si bien existen circunstancias que pudieran explicar las altas tasas de mortalidad, en el fondo se percibe un incumplimiento de las funciones originales del Estado como la autoridad máxima que tiene la obligación de garantizar una vida social sin violencia.
Pero la culpa es también de la sociedad: la pasividad social, por ejemplo, frente a las cifras de fallecidos por la pandemia –más de 300,000 en la contabilidad oficial y el doble en un examen más riguroso–, pero al mismo tiempo ocurren respuestas que rompen el distanciamiento público de la cultura de la muerte: la capacidad de reacción severa y violenta de las mujeres ante los feminicidios y ahora el aumento de protestas y tono de exigencias de periodistas por casos cotidianos de asesinatos de trabajadores de la información.
El Estado ha sido rebasado por la violencia, sin que exista sensibilidad social y política para diseñar respuestas concretas que atiendan primero las protestas y después presenten diagnósticos y posibles soluciones a la conclusión que deriva de las cifras de mortandad: el Estado ha sido desbordado, rebasado, atropellado, desdeñado, irrespetado, burlado y sencillamente anulado por la dinámica de la violencia en varias de sus circunstancias. Es decir, el Estado ha perdido su autoridad para ponerse por encima de los perpetradores de violencia. Y no hay más que una razón para ello: la impunidad criminal y violenta ante el desguanzamiento de la autoridad del Estado.
Y en el peor de los casos, el incremento en la impunidad delictiva podría estar configurando los perfiles de una gobernanza criminal que implicaría el desfondamiento del Estado o el mensaje de que la sociedad no tiene más camino que la autodefensa ante las actividades delictivas.
Las críticas hacia las acciones violentas de las mujeres en sus manifestaciones públicas pierden eficacia ante la respuesta policiaca de las autoridades a un problema que refleja un reacomodo en las relaciones de género y una conquista de derechos en una sociedad de origen machista. Las mujeres pasaron del “ni una más” a estallar expresiones de violencia que, ahí sí, hacen aparecer toda la fuerza del Estado no contra los feminicidas o agresores, sino contra las víctimas.
Los asesinatos de periodistas forman parte de la lógica de reestructuración de las relaciones de poder como consecuencia del descuido del Estado en la tutela del derecho a informar sobre temas que involucran perversiones del propio Estado. Por ello resulta paradójico que los periodistas le exijan al Gobierno y al Estado acciones de defensa que no se darán en tanto que el papel de los medios es el de denunciar irregularidades en las funciones públicas.
En una parte de Henry VI, Shakespeare hace estallar una frase que tenía un contexto: “maten a los abogados”, pero no porque fueran la parte negativa de los procesos judiciales, sino porque defendían a los ciudadanos del poder absolutista de los titulares monárquicos del poder. Hoy parece ser que el grito es “maten a los periodistas” porque se están dedicando a revelar, desde posiciones de vulnerabilidad ciudadana, los abusos del poder criminal y las complicidades de jure y de facto del Estado y del gobierno con las diferentes grupos del crimen organizado, un hecho que no es nuevo sino que viene desde la fundación del sistema/régimen/Estado priísta… y sigue muy campante.
Los periodistas deben dejar de quejarse de los asesinatos, ir más allá de la data cotidiana de agresiones y de exigirle al Estado y al Gobierno lo que no van a hacer para pasar a construir organismos civiles para la defensa de la libertad de expresión y llevar al Congreso leyes que castiguen la impunidad en las agresiones contra los medios, partiendo de la certeza de que esa tarea has ido ya desdeñada por el Estado y el Gobierno y por la ineficacia intencional del actual aparato burocrático y legal de defensa de periodistas y activistas de derechos humanos.
El fracaso del Estado se mide por el nivel de autodefensa ciudadana.
