Violencia en Sinaloa y la politización de la agenda de seguridad
Álvaro Aragón Ayala
Los asesinatos de hombres y mujeres en Sinaloa, motivo de enojo y duelo social o colectivo, obligan a reorientar los programas preventivos y persecutorios de los delitos y a politizar la agenda de seguridad para generar discusiones y análisis civilizados que permitan aterrizar un gran proyecto que establezca las mínimas garantías de la no repetición de hechos de violencia.
Los crímenes deleznables no deben ser colocados en la bandeja de la irresponsabilidad y simplismo, como sucede con algunos alcaldes silvestres que cada vez que se registran homicidios, feminicidios o “desapariciones” en sus municipios, recurren al discurso rupestre de “la profunda preocupación” para abonarle a un falso “humanismo” mientras se cruzan de brazos ante el crecimiento del fenómeno delictivo.
Los feminicidios, los homicidios dolosos y los ciudadanos que “desaparecen” deben constituir el ariete del gobierno de Rubén Rocha Moya para edificar un nuevo clima de convivencia, reconciliación y el armazón de un ejercicio de gobierno en el que se incluyan, con ineludible responsabilidad ética y política, a los presidentes municipales y a la sociedad toda en la búsqueda de la anhelada paz social.
La inacción de los alcaldes o alcaldesas de El Fuerte, Mazatlán, Choix, Cosalá, y de otros municipios en materia de prevención de delitos menores y de alto impacto, no sorprende a nadie dada la “incultura política” y los compromisos con los poderes fácticos de los munícipes. Aprovechar el dolor y las emociones colectivas para lanzar discursos y aparecer como los “benefactores” de las desgracias no soluciona el problema de la violencia.
Es urgente, ya, que los órganos de seguridad del estado dedicados hasta ahora al recuento de muertos y a la elaboración de estadísticas del sube y baja, se pongan a trabajar en la elaboración de un proyecto seguridad de gran calado que contenga los fundamentos sociales, técnicos y criminalísticos para prevenir los delitos y frenar la ola de sadismo y crueldad que sacude el estado.
No existe aún un programa élite que mitigue y dé tratamiento al fenómeno de la criminalidad, mucho menos que le dé seguimiento y evaluación a la política pública criminal y que califique los impactos de las políticas en el entorno social. El trabajo de los órganos de seguridad se centra únicamente en el recuento de sucesos delictivos y en crear el imaginario de que van a la baja la comisión de hechos fuera de la ley.
Debido a la falta de programas de prevención de delitos, inmersos en una sociedad en el que pululan toda clase de delincuentes, sociópatas y sicópatas, algunos ciudadanos o grupos de habitantes se han responsabilizado de su propia seguridad. En algunos colectivos ya se ha hecho incluso una costumbre el reporte de crímenes violentos, lo cual no significa que el problema se haya resuelto.
Los sinaloense se ven amenazados por los asesinatos, los feminicidios, los “levantones” y “desapariciones”, los robos de automóviles, atracos, secuestros, vandalismo y venta de estupefacientes, etc. El Estado/gobierno debe ser garante de la protección colectiva y debe hacer uso de la fuerza pública y del conjunto de aparatos estatales para proteger la integridad física y los bienes de la sociedad.
Si el gobierno de Rubén Rocha Moya logra identificar las raíces del crimen y la violencia y consigue explicar porque hay unas vidas más protegidas o expuestas a la violencia que otras podrá dar el gran salto para instalar una plataforma de seguridad estatal y tramitar, con los presupuestos y el concurso de las autoridades municipales y los colectivos sociales, las resistencias para impedir la repetición constante de actos criminales.
