El debate oculto en la ley CFE: Estado, soberanía, subordinación
Carlos Ramírez
La intervención en tribuna durante el debate de la ley eléctrica que más causó estragos en Palacio Nacional fue la del diputado priista Idelfonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía del Gobierno de Peña Nieto y negociador en jefe del Tratado de Comercio Libre 2.0 conocido como T-MEC.
El punto central de la discusión fue y será la subordinación de decisiones mexicanas de Estado a tribunales internacionales en controversias por la aplicación del Tratado para regular inversiones extranjeras. El Gobierno de Estados Unidos violentó las relaciones bilaterales cuando permitió que el embajador estadounidense Ken Salazar se involucrará de manera directa con las bancadas del bloque opositor y asumiera las condiciones de “diputado 501”.
En su discurso, Guajardo cayó en la provocación al recordar que el contenido de controversias en tribunales internacionales había sido aceptado en el 2018 por el presidente electo López Obrador a través de su comisionado directo Jesús Seade. “Si la realidad no les gusta, se aguantan”, exclamó Guajardo y salió en defensa de empresas extranjeras al señalar que decisiones de soberanía económica del país están violando el T-MEC.
En la lógica del modelo de globalización comercial que negoció el presidente Salinas en 1991-1993, Guajardo mostró una actitud de sumisión al mantenimiento de sus compromisos en la negociación del T-MEC. Y dijo no sin ironía que somos soberanos para cambiar nuestra Constitución y nuestras leyes cuando queramos, pero también tenemos que ser advertidos de que si existen compromisos que afectamos al hacer los cambios, vamos a hacer responsables para pagar las consecuencias”, una argumentación que se cansó de reiterar el embajador Salazar en sus reuniones con el presidente López Obrador.
El debate que se abrió en torno a la capacidad soberana de México para modificar las leyes anteponiendo la Constitución por encima de los tratados internacionales puede haber sido la clave para aceptar la votación de la ley CFE en la Cámara de Diputados el domingo pasado con todos los augurios en contra y la seguridad de que la iniciativa sería rechazada.
En círculos de sectores involucrados en el funcionamiento del Tratado se instaló ya la preocupación sobre la posibilidad de que el presidente de México inicie un gran debate nacional en términos de soberanía y conduzca a una desactivación de la subordinación de México a los intereses de empresas extranjeras que se rigen por tribunales internacionales. Y en el mismo escenario, prevén la posibilidad de que la revisión del Tratado en materia de controversias se convierta en el punto central del proyecto lopezobradorista en la sucesión presidencial de 2024 al interior de Morena.
El discurso de Guajardo en la Cámara reafirmó el criterio central del proyecto neoliberal de apertura comercial del presidente Salinas de Gortari: subordinar a México a los intereses de los inversionistas estadounidenses; y de paso, Guajardo reconfirmó la validez del Memorándum Negroponte de 1991 en el sentido de que la firma del Tratado liquidaría los últimos resabios del nacionalismo político y económico mexicano.
En este sentido, la victoria opositora del amplio bloque PRI-PAN-PRD-Coparmex-Claudio X. González-embajada de EU no fue otra que la reafirmación del neoliberalismo salinista que ha fracasado en la promoción del desarrollo mexicano, que ha llevado a la economía mexicana a un modelo maquilador y que disminuyó en 20 puntos porcentuales la participación de productos mexicanos en los artículos de exportación.
De igual manera, el debate de la ley CFE en la Cámara y el discurso de subordinación a los intereses de EU del diputado priísta Guajardo deberá de ampliarse en función de la lectura que se dio, a petición del diputado morenista Klaus Uwe Ritter Ocampo del inciso a) del capítulo 8 del T-MEC: “México se reserva sus derechos soberanos de reforma de su Constitución y su legislación interna”. Las decisiones subordinadas sobre todo de los gobiernos de Salinas de Gortari y Peña Nieto no atendieron la contradicción entre el derecho soberano de México y los compromisos que debieran de subordinarse ala supremacía de la Constitución mexicana.
El tema apenas se abrió por la decisión presidencial mexicana de suspender contratos privados de electricidad por irregularidades de corrupción y aplicar en los hechos los contenidos legales que no pudieron formalizarse en una nueva ley eléctrica.
