La 64 Legislatura irá por Quirino
Álvaro Aragón Ayala
La 63 legislatura del Congreso Local, trascendente porque enfrentó la tradicional omnipresencia del gobernador en turno exigiéndole transparencia en el uso de recursos públicos, heredará a la legislatura que viene, la 64, el compromiso de esclarecer el destino de los presupuestos ejercidos por Quirino Ordaz Coppel, que encabeza aún un gobierno “frívolo” y corrupto, inclinado al dispendio y al uso indebido de los dineros del pueblo.
La futura Legislatura será clave en el proceso de Entrega-Recepción del gobierno del Estado porque en una primera instancia exigirá a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas cumpla con sus obligaciones y no oculte información clave a la Comisión de transición, en tanto que a la Auditoría Superior del Estado le demandará la terminación ipso facto de las 43 auditorías específicas que se le realizan al gobierno de Quirino.
En una segunda instancia, a partir del 1 de noviembre, la 64 Legislatura estrechará vínculos con los nuevos responsables de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para que en el marco de la máxima publicidad exhiba la “documentación sucia” de la administración de Quirino Ordaz, mientras que a los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado pudieran fincársele responsabilidades de carácter administrativo, penal y político por su omisión en actos de desvío y rapiñaje de recursos públicos por parte del gobierno quirinista.
Para alcanzar el máximo grado de impunidad, Quirino Ordaz Coppel operó durante tres años contra la bancada de Morena con la complicidad del PRI y algunos legisladores tránsfugas que usó para desarticular jugadas legislativas de alto impacto en perjuicio de su gobierno e imagen y conspiró en varias ocasiones intentando “reventar” a quien fuera la presidenta de la JUCOPO y líder de los diputados morenistas, Graciela Domínguez Nava.
Quirino Ordaz ejerció su poder y el presupuesto estatal para maniobrar en las entrañas del Congreso Local, con una bancada priista minoritaria, pero con diputados traidores unidos a su causa, para oponerse a las grandes decisiones del Poder Legislativo, recurriendo en 6 ocasiones a su facultad de veto o a la “ley de bolsillo”, figura anti-legislativa en la que se amparan los gobernadores cuando ven amenazados sus intereses.
Para los diputados fieles a Morena los desencuentros con Quirino Ordaz fueron “el pan de cada día” ya que el mandatario estatal puso barreras para que no se hurgara en el manejo del presupuesto estatal, tendiendo distractores y ejerciendo presión sobre los legisladores no domados para evitar que esculcaran debajo de la alfombra donde se esconden los grandes trinquetes de su administración.
Quirino Ordaz controló y maniató a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Auditoría Superior del Estado, dependencias que no cumplen cabalmente con sus funciones.
Así, para que quedara constancia de su poderío, en una acción de soberbia y prepotencia, el gobernador vetó la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2019, la cual registró, después, en una mesa de negociación, la reasignación de recursos cuyo destino aún se desconoce.
Antes, Quirino Ordaz Coppel vetó el dictamen de la cuenta pública del 2017 que le fue reprobada por el Poder Legislativo. El Congreso del Estado hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para hacer valer su autoridad y la facultad que tiene el Legislativo para fiscalizar las cuentas públicas del gobernador.
De nuevo, en el 2018, el Congreso Local rechazó 21 “rubros” de la cuenta pública de Quirino Ordaz, lo que lo obligó a presentar una “moción suspensiva” para ganar tiempo ante el escándalo desatado por el uso irregular del presupuesto. La moción de marras le apostó a que el tema se enfriara.
Con antecedentes del uso irregular de recursos públicos desde su primer año de gobierno, el 2017, Quirino Ordaz escaló año tras año en el dispendio amparándose en un “blindaje informativo” que los diputados de Morena calculan que le costó más de mil millones de pesos, dinero tomado de algunas áreas “no específicas” para comprarse la imagen del “mejor” gobernador del país o el “mejor” calificado o posicionado por las encuestas.
El gasto millonario en publicidad y propaganda metió ya en un lío a los funcionarios de Comunicación Social del gobierno del estado, pues con las referencias de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y los documentos aportados por Iniciativa Sinaloa y los “datos duros” que obran en poder de los diputados de Morena, pudieran ser sometidos a procesos penales y administrativos, pese a que la Auditoría Superior del Estado ha sido omisa ante el dispendio en esta área.
Los diputados de la 63 Legislatura heredarán también a la 64 Legislatura la responsabilidad de llegar al fondo de los actos de corrupción cometidos por el gobernador en la construcción del estadio de futbol Kraken en Mazatlán y el contrato para el uso o usufructo del coloso deportivo en beneficio de un particular, trinquetes exhibidos con cinismo, y que orillaron a las diputadas de Morena Graciela Domínguez Nava y a Yeraldine Bonilla Valverde a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Heredará, a la vez, para una indagatoria más profunda y esclarecer si se cometieron o no ilícitos en la operación de compra-venta, documentos en los que se especifica la adquisición a un precio “inflado” del edificio Inbursa, habitado antes por la empresa Homex, al que se le invirtieron además más de 400 millones de pesos en reparaciones y remodelaciones, y la indagatoria sobre el uso de las aeronaves del gobierno del estado – tres helicópteros y dos aviones- como si fueran taxis aéreos para trasladar a Quirino Ordaz y a funcionarios de su gobierno “a cuestiones que no quedan claras”.
