Presentan nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer la justicia ambiental

Con está inciativa, se busca actualizar el marco jurídico vigente desde 1988 ya que incorpora conceptos y mecanismos como programas de restauración ecológica, acciones de reparación y remediación, así como instrumentos para enfrentar los efectos del cambio climático

Diana Chávez Zea

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, que brindará herramientas muy novedosas para atender los nuevos retos ambientales, da más certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones e integra avances científicos.

Con está inciativa, se busca actualizar el marco jurídico vigente desde 1988 ya que incorpora conceptos y mecanismos que no estaban contemplados en el marco anterior, entre ellos programas de restauración ecológica, acciones de reparación y remediación, así como instrumentos para enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer la prevención de daños ambientales.

Entre los beneficios planteados se encuentra garantizar el derecho a un medio ambiente sano, previsto en el artículo 4 de la Constitución, así como fortalecer el acceso a la información y a la justicia ambiental. La iniciativa busca privilegiar la prevención de los daños antes que su reparación, sin dejar de contemplar mecanismos de restauración, reparación y remediación cuando éstos ocurran.

La funcionaria explicó que el proyecto contempla además acciones para impulsar el reciclaje y reducir la generación de residuos, recuperar ríos, barrancas, costas y playas, proteger especies emblemáticas y recuperar ecosistemas deteriorados. Estas medidas, se explicó, también buscan proteger los medios de vida de comunidades que dependen directamente de los recursos naturales.

Esta propuesta se sustenta en 10 principios, entre los que destacan considerar al patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; vincular la justicia social con la justicia ambiental; privilegiar la prevención; conservar y restaurar los ecosistemas; sustentar las decisiones ambientales en conocimiento científico; ordenar el territorio; fomentar una cultura ambiental; avanzar hacia una economía basada en el aprovechamiento de los recursos y no en el desperdicio; proteger a los defensores ambientales y preservar el patrimonio biocultural.

Uno de los objetivos centrales será brindar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones, particularmente en zonas donde los proyectos de desarrollo pueden generar conflictos socioambientales. Para ello, se plantea una mayor coordinación entre las autoridades, la población y los sectores productivos.

Asimismo, reconocer la importancia de integrar los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, además de promover la participación ciudadana en las acciones de conservación y restauración.

Otro de los cambios relevantes en la implementación de esta política será la incorporación de herramientas de evaluación estratégica ambiental para grandes proyectos. Con ello se pretende analizar los posibles impactos de manera integral y evitar que proyectos relacionados sean fragmentados para evaluar sus efectos de manera aislada.

Se plantea fortalecer la protección de quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos, mediante un capítulo específico dedicado a los defensores ambientales, así como rivilegiar un enfoque preventivo y propositivo sobre uno exclusivamente sancionador, con el propósito de que los proyectos de desarrollo incorporen desde sus primeras etapas criterios ambientales y de protección comunitaria.