Sheinbaum reconoce que empresarios pidieron evitar que Batres presida la SCJN
La presidenta declaró que hay empresarios que plantean una u otra persona; “es un asunto de la corte porque hay una contradicción en la propia Constitución”, advirtió
Diego Joaquín Hernández
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que diversos representantes del sector empresarial le manifestaron sus inquietudes y sugerencias en persona respecto a quién debería encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La declaración surge tras la difusión de detalles sobre una reunión privada entre la mandataria y algunos de los empresarios más acaudalados del país, donde se cuestionó la posible llegada de la ministra Lenia Batres a la presidencia del tribunal en 2027.
A la pregunta expresa: “hace unos días se publicó una columna de que donde se da a conocer que en una reunión que tuvo usted con empresarios, ellos le manifestaban su preocupación por la posible llegada de Lenia Batres como presidenta de la corte. ¿Esto fue real esta información?”
Sheinbaum respondió: “Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres, pero bueno, ese es un asunto de la corte y ahí tiene que definirse porque hay una contradicción en la propia Constitución por como quedó redactada, de quién representa, quién va a representar la presidencia de la Corte. Entonces tiene que resolverse ese tema. Pero mi respeto y reconocimiento a todos los ministros y ministras de la Corte”.
De acuerdo con el columnista Salvador García Soto, el encuentro en Palacio Nacional se llevó a cabo hace aproximadamente dos meses en la oficina presidencial, y contó con la asistencia de doce empresarios, entre ellos Carlos Slim (Grupo Carso), Germán Larrea (Grupo México), Alejandro Bailleres (Grupo BAL), Carlos Hank González (Banorte) y Bernardo Gómez (Televisa-Univisión). Durante la sesión, que inicialmente abordaba temas económicos y de inversión, se planteó formalmente la preocupación por el perfil de la ministra Batres.
Los argumentos esgrimidos por el sector empresarial, de acuerdo con García Soto, señalan que las posturas de la ministra son percibidas como “radicales” y contrarias a los intereses de las empresas, lo que generaría incertidumbre entre los inversionistas. Entre los casos citados como motivo de alarma se encuentra la intervención de Batres en una disputa fiscal de la empresa Samsung en octubre de 2025, donde la ministra impulsó la atracción de un litigio por 9,500 millones de pesos, calificando al conglomerado de evasor fiscal.
Ante estos planteamientos, Sheinbaum señaló que existen diversos puntos de vista entre los empresarios, pero subrayó que la definición de la presidencia es un asunto que corresponde resolver a la propia Suprema Corte.
El periodista Jorge Ramos, en su columna Recovecos del pasado 12 de julio, titulada “El fantasma de la reforma judicial”, ya advertía que fuentes afirmaban que desde hace algunos meses que el sector empresarial ha tocado la puerta de Palacio Nacional para expresar preocupaciones, en particular en la Corte, y en concreto por la llegada de Lenia Batres a la presidencia en 2027.
“Incluso, ha habido una andanada de información publicada que busca nutrir esa narrativa en la que se pretendería (tengo mis dudas al respecto, pero en los tiempos actuales casi todo es posible) que ella no asumiera como presidenta”, escribió.
El 15 de marzo, Lenia Batres publicó en redes sociales: “Periodistas de la derecha, en nado sincronizado, afirman que constituyo un peligro para la inversión privada y, en ánimo golpista, llaman a evitar que presida la Corte”.
La “antinomia constitucional”: el conflicto de los artículos 94 y 97
El debate sobre la futura dirigencia del alto tribunal se ve profundizado por una contradicción técnica en el texto vigente de la Constitución, denominada como antinomia. La reforma judicial de 2024 introdujo dos mecanismos incompatibles entre sí para la elección del titular del Poder Judicial:
• Artículo 94: Establece que la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria, asignándose a quien obtenga el mayor número de votos en la elección popular respectiva. Bajo este criterio, tras el actual periodo de Hugo Aguilar, correspondería la presidencia a Lenia Batres por ser la siguiente candidata con mayor votación.
• Artículo 97: Conserva la redacción que indica que el Pleno de la Corte elegirá a su presidente por un periodo de cuatro años, mediante votación interna entre sus integrantes.
En la reforma a la reforma judicial de mayo, legisladores de Morena y sus aliados mantuvieron la redacción de dos artículos de la Constitución que se contradicen, relativos a la forma en que se elige a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma a la reforma judicial mantuvo la redacción del artículo 94 de la Constitución para establecer que la presidencia de la SCJN se renovará “cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.
Sin embargo, el artículo 97 todavía conserva el texto que señala que la presidencia de la Corte será elegida por votación interna del Pleno y durará cuatro años. La coexistencia de ambas disposiciones provocó una contradicción constitucional que el Congreso intentó corregir, aunque físicamente las dos versiones continúan dentro del texto constitucional aprobado durante el proceso legislativo.
El conflicto surgió tras la publicación de la reforma judicial de 2024, que modificó la integración y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. El nuevo modelo incorporó la elección popular de ministros, magistrados y jueces, además de un sistema rotatorio para la presidencia de la Suprema Corte.
Esta falta de armonización legislativa ha sido señalada por especialistas como un error que genera incertidumbre jurídica sobre qué norma debe prevalecer.
Postura de Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum ha reiterado que, debido a esta “contradicción en la propia Constitución por cómo quedó redactada”, el pleno de la SCJN deberá dilucidar el criterio de jerarquía o especialidad para definir quién representará la institución en el futuro.
De acuerdo con Jorge Ramos Pérez que cita datos de México Evalúa, se advierte un debilitamiento democrático no sólo por el golpe al poder judicial, sino también por un incremento en la militarización de la vida pública, la desaparición de órganos autónomos, perfectibles, pero que en suma constituían un contrapeso.
“Diversas fuentes aseguran que la reforma judicial ha puesto en la mira de Estados Unidos, principalmente, pero también de la Unión Europea, por el debilitamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los siguientes escalones, tribunales colegiados (magistrados) y juzgados (jueces federales), a quienes se les ha ventilado una incapacidad notoria para ejercer la función de juzgadores, con renuncias documentadas en varias partes del país”, escribió Ramos Pérez en su columna Recovecos, publicada en La Silla Rota.
