170 mil estudiantes al vacío: La SEP y la SHyCP “estrangulan” a la UAS
Alvaro Aragón Ayala
El estrangulamiento presupuestal contra la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es un acto de asfixia política ejecutado por la Federación -la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-. Con el otorgamiento de un subsidio anémico, precario e insuficiente para cubrir las actividades sustantivas anuales, el Gobierno Federal sabotea deliberadamente el derecho a la educación de 170 mil estudiantes. Entonces, la amenaza de paro por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS- SUNTUAS- es la respuesta legítima de la planta docente y administrativa que se niega a convalidar el desmantelamiento de la universidad pública.
La crisis financiera de la UAS es provocada por el centralismo federal. La institución asumió el mandato constitucional de la cobertura universal y abrió sus aulas a todo joven sinaloense sin recibir un solo peso adicional. Además, la universidad arrastra el costo histórico de una doble nómina -trabajadores activos y jubilados con prestaciones de retiro- que el gobierno se niega a cofinanciar. Para destrabar los recursos adicionales prometidos, la UAS implementó un severo programa de austeridad y reingeniería, mientras que el SUNTUAS reformó su Contrato Colectivo de Trabajo y validó la creación de un Fideicomiso Pro-jubilación. La universidad cumplió cada exigencia; la Federación prometió apoyos financieros, pero con absoluta mala fe, faltó a su palabra y niega los fondos.
Esta política de estrangulamiento arrastra una genealogía perversa. El modelo actual de financiamiento universitario fue diseñado durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari bajo una lógica de control clientelar: mantener presupuestos base raquíticos para obligar a las universidades a depender de apoyos emergentes y fondos extraordinarios controlados desde el centro. Para agravar la situación, el fondo de apoyo extraordinario fue desaparecido por orden federal. Ya no operó a partir del 2019, dejando a las instituciones de las entidades federativas a la deriva. Lo que hoy enfrenta la UAS es el resultado directo de ese desamparo gubernamental.
La huelga y la inviabilidad financiera hacia la que el gobierno empuja a la UAS configuran un escenario de sabotaje nacional. La parálisis de actividades arrojaría de golpe a 170 mil jóvenes al vacío. Aquellas familias que intenten un esfuerzo desesperado por salvar la escolaridad de sus hijos se verán arrastradas a un severo endeudamiento al buscar educación privada a través de créditos, que asfixiarán la economía del hogar durante años. Para las mayorías, el destino será la deserción forzada y un profundo fenómeno de frustración social, ansiedad y apatía frente a un Estado que les cerró las puertas en la cara.
El impacto social de vaciar la universidad pública más grande del noroeste del país equivale a fracturar el tejido productivo. El ocio forzado y la desesperación económica incrementarán drásticamente la vulnerabilidad de la juventud ante el reclutamiento por parte del crimen organizado y las economías ilegales. Asimismo, se desatará un éxodo de migración forzada y fuga de cerebros hacia el extranjero en busca de las oportunidades que la SEP y la SHyCP les niega en su propia tierra, descapitalizando humanamente a la nación.
En el plano estrictamente macroeconómico, si el gobierno sigue empujando al colapso a la UAS, se saturará el mercado laboral con decenas de miles de personas sin preparación especializada, empujando los salarios a la baja y ensanchando la brecha de desigualdad social entre quienes pueden pagar educación privada y quienes son condenados al rezago. La pérdida de competitividad ahuyentará la inversión extranjera ante la carencia de ingenieros, médicos y científicos.
Dejar morir por falta de un presupuesto adecuado a la UAS no representa un ahorro para la Federación; constituye un crimen social. La movilización del SUNTUAS y la resistencia institucional apelan a las tesis más profundas de las luchas universitarias de América Latina: la autonomía no es un privilegio de autogobierno, sino la garantía material de que el pensamiento crítico y el ascenso social no dependan del arbitrio de la burocracia centralista. Si la Federación mantiene su indiferencia, la huelga será responsabilidad exclusiva de un gobierno que decidió traicionar a su juventud.
