Sí, seguridad para Paola Garate: De la capitalización propagandística a la exigencia de una escolta

​Alvaro Aragón Ayala

​La colocación de una corona fúnebre frente al domicilio de la diputada priista Paola Gárate Valenzuela, independientemente de su inmediata y astuta explotación política, constituye un hecho condenable que exige una investigación exhaustiva. Ninguna discrepancia individual justifica actos de intimidación orientados a coartar la libertad de expresión o condicionar la praxis legislativa mediante el miedo. El rechazo al agravio resulta imperativo por elemental civilidad democrática; sin embargo, en medio de la parafernalia, emerge una realidad ineludible: la atención pública no puede encasillarse en el resguardo personal de una legisladora mientras se ignora la insuficiencia del Estado para garantizar la paz de la población entera.

​El foco de este suceso pretende desplazarse hacia el espectro federal, apuntando de forma directa a las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, respecto a los protocolos para la asignación de medidas especiales de protección. No obstante, aun reconociendo la destreza de Garate para capitalizar la amenaza, centrar el análisis únicamente en la seguridad de la diputada desvía el diagnóstico sobre el origen de la crisis de seguridad. Con una mente dotada para el melodrama, con un instinto histriónico impecable, la representante popular convirtió el agravio en pasarela, olvidando, por unos instantes, que el verdadero drama de Sinaloa no radica en la dotación de escoltas de alta escuela para las figuras públicas, como ella, sino en los miles de ciudadanos que cohabitan diariamente con la vulnerabilidad, la zozobra y el desamparo, desprovistos de impacto mediático y excluidos de cualquier mecanismo extraordinario de defensa.

​Comerciantes extorsionados, empresarios bajo asedio, familias desplazadas por la violencia, jóvenes desaparecidos y trabajadores que alteran sus rutinas por temor convertirse en víctimas de un ecosistema delictivo, rebasan la experiencia individual de cualquier acto de histrionismo político. En Sinaloa, el anonimato representa el verdadero factor de riesgo. Sí, es verdad, la amenaza contra la diputada del PRI debe fracturar la narrativa oficial para visibilizar los alcances reales de las instituciones. Si un amago fúnebre contra una integrante del Poder Legislativo de Sinaloa moviliza la indignación nacional, con mayor rigor institucional debería atenderse el cúmulo de agresiones que flagelan a los ciudadanos sin tribuna, cuyos casos jamás ocuparán las primeras planas ni motivarán conferencias de prensa.

​Existe, además, una ruta jurídica que conviene precisar. La propia afectada notificó, con espectacular desplique propagandístico,  

la presentación de su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, activando el cauce legal ordinario para el esclarecimiento de amenazas. Esta acción resulta reveladora: si el riesgo se hubiese catalogado desde el inicio como una catástrofe inminente o de naturaleza excepcional, se habría promovido de forma simultánea la intervención de los esquemas federales especializados en análisis de riesgo. Esta observación no demerita la gravedad del hecho, sino que desglosa la secuencia institucional elegida por la propia denunciante, quien comprende con exactitud, como abogada que es, que el trámite local funciona como el preludio indispensable antes de dar el salto al escenario federal.

​En un Estado de Derecho, la protección gubernamental no opera en automático ni se concede por decreto de indignación, mucho menos por shows mediáticos; la denuncia es apenas el punto de partida. Corresponde a los órganos competentes evaluar la veracidad del peligro y determinar las medidas procedentes. Sostener lo contrario derivaría en una utopía operativa: destinar escoltas permanentes a cada político que denuncie amenazas en una entidad con altos índices de criminalidad resultaría inviable. La escasez de fuerza humana y operativa transformaría al Estado en una mera agencia de seguridad privada, exclusiva, desmantelando sus verdaderas funciones esenciales.

​Pretender transferir la responsabilidad del resguardo civil al Ejército Mexicano implica desconocer la distribución Constitucional de competencias. La Secretaría de la Defensa Nacional no moviliza sus recursos estratégicos ante el primer impacto publicitario.

​Aquí es donde la imaginación colectiva, alimentada por el suspenso cinematográfico, colisiona con la realidad. Conjeturar que el Gobierno Federal desplegará un cuerpo militar de élite —boinas rojas o comandos de intervención rápida— para custodiar la cotidianidad de Paola Gárate resulta una fantasía novelesca. Suponer que las Fuerzas Especiales de Reacción e Intervención, diseñadas para salvaguardar la seguridad nacional, rediseñarán sus cuadrantes tácticos para vigilar el perímetro de una diputada local pertenece más al guionismo de Hollywood que a las dinámicas castrenses. Las Fuerzas Armadas atienden prioridades de Estado, no agendas de relaciones públicas parlamentarias.

​El fondo del asunto rebasa la urgencia mediática de la diputada; sí, más alla de Paola, aunque le disguste, lo que se requiere exhibir es el desamparo de miles de sinaloenses en la solemnidad del olvido. Claro, caso de la legisladora Gárate desnudó algo más complejo que la vulnerabilidad de una representante popular: evidenció la fractura de un sistema incapaz de proveer certezas colectivas.

​Por ello, el desencuentro no debe rebajarse a una confrontación estéril con el titular de la Defensa Nacional que no mandó flores para la corona. El reto impostergable estriba en edificar mecanismos eficaces que resguarden equitativamente al ciudadano común, al agricultor, al estudiante, al empresario y al político. La seguridad pública no puede operar como un privilegio exclusivo para quienes detentan el poder o poseen la astucia para monopolizar la atención de los medios de comunicación; debe consolidarse como un derecho efectivo para la sociedad en su conjunto.

​Asi, pues, el problema real no es si una legisladora recibe protección especial; la tragedia es que millones de mexicanos carecen de la certeza de que el Estado los protegerá cuando su vida corra peligro, a menos que exhiban una corona fúnebre ante las redes sociales o las cámaras de televisión. El debate reduccionista se estanca, entonces, en la especificidad de un caso, en tanto la inseguridad permanece como la única constante para miles de ciudadanos que jamás tendrán una tribuna ni un despliegue fotográfico o mediático a su servicio.