Injerencia foránea y democracia

“Una reforma razonable sería clara en distinguir cuando existe intervención foránea evidente contra la decisión de los mexicanos en las urnas y cuando no”.

Gustavo de Hoyos Walther

Recientemente, el oficialismo presentó cuatro propuestas legislativas. Dos de ellas las introdujo la Presidenta Claudia Sheinbaum: la iniciativa contra narcocandidatos y la prórroga con la elección judicial. Las otras dos fueron presentadas por el Diputado Ricardo Monreal: nulidad de elección por injerencia extranjera y regulación contra abusos en tarjetas financieras. En esta ocasión me concentraré en la que respecta a la posibilidad de anular elecciones por razones de injerencia foránea.

Esta propuesta plantea modificar el artículo 41 de la Constitución Política y la Ley de Medios de Impugnación para añadir la intervención internacional como una causal oficial de nulidad en comicios federales y locales.

La idea detrás es blindar los procesos democráticos frente a presiones externas, considerando como motivos de invalidez electoral las siguientes conductas debidamente probadas:

• Financiamiento ilícito, es decir que los recursos económicos provenientes de gobiernos, empresas u organizaciones del exterior se realice fuera de la Ley.
• Guerra digital y desinformación, es decir que existan campañas automatizadas mediante bots, manipulación digital masiva o difusión sistemática de noticias falsas dirigidas a alterar el voto.
• Presión política o económica, es decir que acciones de diplomáticos, organismos internacionales o agentes favorezcan o perjudiquen a alguna candidatura.
• Invasiones o intimidación, es decir que ocurran actos físicos o de coacción territorial orientados a trastocar el orden democrático del país.

Hay que decir que actualmente, la legislación electoral de México sólo contempla tres causas específicas para declarar la nulidad de una elección federal o local. A saber: que se exceda el tope de gastos de campaña por más del cinco por ciento autorizado, que se compren o adquieran indebidamente coberturas informativas en radio y televisión y, finalmente, que se empleen recursos públicos o fondos de procedencia ilícita en las campañas.

De acuerdo con la postura oficialista, la reforma es indispensable para resguardar la soberanía nacional ante nuevas dinámicas geopolíticas, el uso de ciberataques y redes transnacionales de desinformación.

Frente a esto hay que decir que los supuestos del proyecto de reforma son demasiado ambiguos. Siendo así no hay razones para pensar que el poder podría utilizar esta figura de forma discrecional ante el Tribunal Electoral para silenciar críticas periodísticas foráneas o anular resultados desfavorables en futuros comicios.

Una reforma razonable sería clara en distinguir cuando existe una intervención foránea evidente en contra de la decisión de los mexicanos en las urnas y cuando esto no es así. La barra, pensamos, debe ser muy alta. Mientras esto no sea el caso, lo mejor será rechazar la reforma tal como está debido al peligro de que se use para anular decisiones ciudadanas sin razones de peso.