El gobierno pretende enfrentar la realidad económica con la desregulación, para ello tendrá que enfrentarse a sí mismo.
El lunes 4 de mayo pasado, la presidenta Sheinbaum firmó cuatro decretos dentro del marco del “Plan México” para fomentar, facilitar y dar certidumbre a la inversión.
El esquema es una operación de control de daños ante la falta de crecimiento económico y la incertidumbre que se vive en el sector privado, es un giro pragmático y el hecho más concreto en materia de atracción de inversiones. Los decretos que se firmaron son para la Autorización Inmediata de Inversiones, para la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, para la Simplificación de Trámites en la Cofepris y para el Fomento a la Inversión Productiva y el Cumplimiento Fiscal.
Dentro de las medidas anunciadas también se autorizó, la apertura energética para que empresas privadas puedan generar energía renovable, un reconocimiento tácito de que la CFE no puede hacerlo sola. Se trata de que los proyectos estratégicos relacionados con los Polos de Desarrollo para el Bienestar, con una inversión mínima de 2 mil millones de pesos o de sectores prioritarios como el electrónico, automotriz, farmacéutico, energético, químico y textil, obtengan constancia de autorización rápidamente.
Esta autorización tendrá que otorgarse en un plazo máximo de 30 días vía la ventanilla digital, mientras que para el resto de las inversiones privadas el plazo será de 90 días, en el entendido de que si no hay respuesta se aplicará la “Afirmativa Ficta” es decir la aprobación automática. En el caso de la Ventanilla Única Digital de Trámites de Comercio Exterior, se unifican 132 trámites de Economía, el SAT y Aduanas en un solo expediente digital.
En lo que corresponde a la Cofepris, se reduce trámites de 340 a 125, requisitos de 14 a 7 y tiempos de resolución de 100 a 24 días, para la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, una sola revisión integral por ejercicio, prohibición de retroactividad indebida y eliminación de la doble tributación. La utilidad de estas medidas, es una respuesta a las quejas históricas del sector privado en contra de la burocracia, la regulación excesiva, la incertidumbre y la falta de energía.
Lo que se busca es reducir costos operativos, aligerar la carga fiscal y administrativa y generar confianza en el marco jurídico, sin embargo, el modelo aún y estando bien planteado, depende de la ejecución de los funcionarios encargados, eso es de suyo un problema interno por resolver. Los decretos dicen una cosa, pero los criterios individuales de quienes son los responsables de llevarlos a cabo, pueden diferir para convertirse en un obstáculo.
Aunque los decretos facilitan el trámite no resuelven la desconfianza de fondo, la incertidumbre y el temor generados por la reforma judicial siguen produciendo un efecto negativo en la confianza del empresariado, recuperarla depende de la estabilidad de las reglas, no de la rapidez de una ventanilla única. El gran reto de la implementación recae en que, ningún servidor público involucrado en estos procesos, contravenga lo dispuesto por intereses o factores ajenos a la esencia de la intención y la instrucción.
El esquema le resta poder de decisión a los funcionarios y limita considerablemente el margen para tomar ventaja y beneficiarse a través de los consabidos actos de corrupción, que median en la relación del gobierno con las empresas. Habrá algunos que por la inercia del pasado, tendrán la tentación de frenar o impedir aún y cuando la política pública haya cambiado, la supervisión será fundamental en ambos sentidos, tanto en la revisión de los trámites como en su consecuente aprobación.
Analíticamente el gobierno tendrá que enfrentarse a sí mismo para fomentar, incentivar, desregular y aprobar, no solo porque se trata de una herramienta para el desarrollo y el crecimiento, sino porque implícita y conceptualmente en su función de Estado promotor, cede controles, también porque con ello podrá combatir adecuadamente la corrupción.
