LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO/GOBIERNO EN LAS JUBILACIONES DINÁMICAS UNIVERSITARIAS

Casi en la quiebra, las Universidades Públicas Estatales están al borde de la rebelión institucional

Alvaro Aragón Ayala

Las crisis financieras que provocan los pagos de las jubilaciones dinámicas en las Universidades Públicas Estatales siempre han sido planteadas bajo un enfoque unilateral: responsabilizar únicamente a las instituciones educativas. Sin embargo, hay otra arista jurídica y política: la corresponsabilidad del Estado mexicano en la construcción, tolerancia y prolongación de modelos pensionarios que hoy considera financieramente inviables.

¿Cómo sostener el argumento de que las universidades actuaron solas en el uso del presupuesto para cubrir prestaciones de retiro cuando el gobierno federal conocía el funcionamiento de esos sistemas? Durante décadas, las universidades públicas pagan jubilaciones dinámicas y complementarias utilizando subsidio federal y estatal bajo la “supervisión” de la SEP, la SHyCP, la Auditoría Superior de la Federación y organismos de fiscalización federales.

El Estado sabía, entonces, que muchas universidades sostenían y sostienen modelos pensionarios sin respaldo actuarial, sin Fondos ni Fideicomisos y financiados con recursos originalmente destinados a educación. Sabía que el crecimiento del costo de las jubilaciones universitarias terminaría provocando crisis estructurales. Y aun así permitió que los sistemas continuaran aplicándose.

Si la autoridad fiscaliza, revisa y conoce durante años una irregularidad estructural sin intervenir oportunamente, se configura una forma de corresponsabilidad institucional. Si no se actúa no se incurre únicamente en omisión administrativa, sino también en permisibilidad gubernamental. Las auditorías de la ASF, los estudios actuariales de la Subsecretaría de Educación Superior no aparecieron repentinamente en el 2025-2026. Los deterioros financieros universitarios era conocidos desde hace muchos años.

Sobre las crisis había alertas federales, indicadores y evidencias suficientes de que los sistemas empujaban a las instituciones a la inviabilidad. Sin embargo, el Estado mexicano prefirió administrar políticamente el problema en lugar de resolverlo jurídica y presupuestariamente. Como consecuencia, las universidades heredaron obligaciones financieras gigantescas sin reglas claras de transición.

Por eso el nuevo escenario abre un debate distinto. Si el gobierno federal ahora sostiene que las jubilaciones dinámicas financiadas exclusivamente con subsidio son incompatibles con la reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces no puede trasladar todo el costo político y social a los Rectores actuales.

Los Rectores en funciones no crearon el problema; lo recibieron. Y muchos de ellos son precisamente quienes intentan corregirlo con reformas integrales, consultas sindicales y la creación de fondos o fideicomisos contributivos, cumpliendo con las exigencias de sostenibilidad planteada por la Federación, pero mientras las universidades avanzan hacia la reconversión pensionaria, el gobierno federal no asume su propia responsabilidad política y jurídica en la transición.

En efecto, una transformación de esta magnitud no puede recaer únicamente sobre las autoridades universitarias. Por esa razón, se consolida una tesis en las universidades: si el gobierno federal determinó que los viejos modelos jubilatorios son inviables, entonces debe asumir formalmente la conducción jurídica y financiera de la transición otorgando mayor presupuesto y fijando lineamientos nacionales, acuerdos ejecutivos y políticas públicas federales.

Incluso podría sostenerse que el tamaño del problema exige un acuerdo nacional firmado por SEP, SHCP, Subsecretaría de Educación Superior, ASF y ANUIES para establecer reglas homogéneas, mecanismos de transición, responsabilidades compartidas y esquemas extraordinarios de rescate financiero universitario. De lo contrario, las universidades podrían cargar solas con el costo político de desmontar sistemas cuya creación toleró el Estado por así convenir a sus intereses de estabilidad.

Así las cosas: si el Estado mexicano decidió cambiar el paradigma pensionario nacional y reformar al artículo 127 Constitucional y los criterios de la Corte Federal y las nuevas políticas federales indican que los viejos modelos de jubilaciones extralegales financiadas íntegramente con subsidio público dejaron de ser viable, esquemas que fueron permitidos durante décadas, entonces la transición no puede descargarse exclusivamente sobre las universidades. La corresponsabilidad obliga al gobierno federal a acompañar jurídica y financieramente la transformación que hoy exige presionando las instituciones.

LAS UNIVERSIDADES AL BORDE DE LA REBELDÍA

Como siempre, el gobierno federal responsabiliza a las Universidades Públicas Estatales por las crisis financieras derivadas de las jubilaciones dinámicas, pero oculta y omite que durante años fue permisivo y tolerante con esos sistemas. Prueba de ello fue la existencia del Fondo de Apoyos para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, eliminado del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019. Desde entonces, las universidades quedaron prácticamente solas frente a sus pasivos pensionarios.

Ahora, ante los colapsos de las universidades, la SEP y la SHCP deben asumir la responsabilidad histórica que también les corresponde y construir un nuevo Modelo Financiero Universitario Nacional ya que no basta con permitir que las universidades sigan pagando jubilaciones; si continúa el mismo esquema financiero, muchas instituciones no tendrán capacidad para cubrir salarios, prestaciones ni crecimiento de matrícula.

Urge, entonces, crear, un fondo nacional para absorber pasivos pensionarios históricos, diseñar un subsidio basado en costo real por alumno, garantizar incrementos presupuestales por encima de la inflación y establecer mecanismos actuariales permanentes. Sin esas medidas, 2026 podría quedar registrado como el año en que el Estado mexicano perdió la capacidad para sostener a las universidades públicas como motor de movilidad social, investigación científica y soberanía intelectual.

De antemano, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 marcó un punto crítico: la inversión pública en educación superior cayó al equivalente del 0.6 por ciento del PIB. Y aunque oficialmente se anuncian aumentos, el ajuste inflacionario revela un deterioro real del financiamiento universitario. Para las universidades, un incremento nominal inferior a la inflación equivale a un recorte encubierto. Reciben más pesos, pero pueden adquirir menos infraestructura, menos tecnología y menos capacidad académica.

En las Universidades Estatales, el incremento promedio de 1.79 por ciento representa en realidad un proceso de desfinanciamiento progresivo. El subsidio por alumno quedó rezagado frente a sistemas universitarios comparables. La matrícula crece, pero el financiamiento real disminuye. En concreto: El déficit acumulado del sector universitario nacional supera los 50 mil 400 millones de pesos, según cifras de la ANUIES.