El laberinto de la sucesión en Sinaloa
Alvaro Aragón Ayala
La política es aritmética de votos y, ante todo, gestión de alianzas y lealtades. En Sinaloa, la designación de la figura del “Coordinador Territorial” es el preludio del poder real para el 2027. Equivocarse en este nombramiento implicaría reconocer que la estructura de Morena es una masa amorfa, no un sistema de vasos comunicantes que dependen de una señal clara de unidad. Si la designación se percibe como una imposición ajena a la realidad local, el riesgo no sería la derrota inmediata, sino la parálisis de la maquinaria que aceita el triunfo.
En la teoría del Estado, el gobernador en funciones es el articulador natural de las fuerzas territoriales. Pretender dejar fuera de la definición de la candidatura a Rubén Rocha Moya sería un ejercicio de alto riesgo ya que desafiaría las leyes de la gravedad política. Como eje del morenismo sinaloense, Rocha controla los hilos de la gobernabilidad y la interlocución con los sectores de poder. Desplazarlo de la mesa de decisiones debilitaria su figura y fracturaría el ecosistema de poder, dejando a la futura candidatura en un estado de orfandad operativa en un territorio que sólo responde a liderazgos validados.
La baraja de aspirantes revela una tensión entre distintas formas de entender el poder. Enrique Inzunza Cázarez representa la columna vertebral jurídica e institucional; su fuerza radica en el control del aparato y la continuidad del proyecto rochista desde la técnica legislativa y operativa. Por otro lado, Julio Berdegué Sacristán emerge como el puente con el centro del país, con un perfil de corte técnico-internacional que ofrece una narrativa de modernización agrícola y vinculación directa con la visión de la Presidenta. Ignorar el equilibrio entre la mano institucional de Inzunza y la proyección nacional de Berdegué sería desaprovechar las ventajas competitivas que cada uno aporta al sistema.
En este tablero, Juan de Dios Gámez Mendívil actúa como la variable de proximidad y relevo generacional. Su gestión en el corazón político de Sinaloa —Culiacán— le ha permitido construir una base de apoyo social y territorial que no puede ser ignorada en la definición del Coordinador. Gámez representa la vitalidad de la estructura municipalista y el vínculo afectivo con las bases que movilizan el voto. Una decisión que no lo integre o que desestime su peso en el centro del estado dejaría un flanco abierto en la zona de mayor densidad electoral, donde se ganan o se pierden las gubernaturas.
Existe hoy un sector que, por inercia o lectura lineal, da por sentada la candidatura de la Senadora Imelda Castro. Sin embargo, en política, lo que parece inevitable suele ser lo más vulnerable ¿Qué pasaría si esta designación no sucede? Se generaría un vacío de expectativas que podría traducirse en una “huelga de brazos caídos” por parte de los sectores orgánicos. Imelda representa el puente con la narrativa histórica de la izquierda; romper ese puente sin una alternativa de igual peso simbólico detonaría una crisis de identidad, obligando al partido a una reingeniería discursiva de emergencia que la oposición no tardaría en capitalizar.
Para desentrañar el laberinto político se requiere entender que el riesgo no es solo quién llega, sino a quién se deja en el camino. Si el proceso de selección privilegia la lealtad ciega al centro sobre la eficacia territorial probada de actores como Inzunza o Gámez, se corre el riesgo de crear un “candidato de cristal”: brillante por fuera, pero frágil ante las presiones de un Sinaloa que exige conocimiento profundo de sus dinámicas internas. La alternativa es una candidatura que logre la síntesis: la solidez institucional de Inzunza, la visión global de Berdegué y el empuje territorial de Gámez, todos bajo el arbitraje de Rocha.
Más allá de la ruptura abierta, el mayor riesgo es la desmovilización silenciosa. Si las bases perciben que la encuesta es un simulacro y que la opinión del articulador local (Rocha) fue ninguneada, el activismo se convertiría en burocracia. En Sinaloa, el voto de Morena es mayoritariamente pragmático y depende de una estructura que debe sentirse parte del proyecto. Sin esa “pertenencia”, el motor electoral perdería potencia, y el flujo de los programas sociales, aunque eficiente, carecería del rostro humano que garantiza la lealtad en las urnas frente a contextos de crisis de seguridad o economía.
En Sinaloa el poder se ejerce con códigos propios. El mayor error sería creer que el logo de Morena es suficiente para ganar sin una estructura cohesionada. Si la designación del Coordinador se convierte en un trofeo de guerra para una facción, el partido estaría sembrando la semilla de su propia vulnerabilidad. En 2027, la oposición no será el rival a vencer; el verdadero peligro es la implosión de un sistema que, al intentar depurarse sin el consenso de sus piezas clave, termine por desarticular el motor que lo mantiene en la cima del poder.
