Más de 133 mil razones para seguir buscando
La decisión del Comité más allá de verse como una medida de apremio al Estado mexicano, debe de mirarse como una oportunidad histórica para la apertura del país a la cooperación y asesoría internacional, para implementar medidas y estrategias extraordinarias en beneficio de las más de 133 mil personas desaparecidas y de las cientos de miles de familias que buscan a sus seres queridos, así como de los más de 70 mil cuerpos que esperan a ser identificados para su restitución a sus familiares.
Ma. Alejandra Díaz Castro y Michel Cervantes Padilla / Integrantes Colectivo Buscadoras Guanajuato
En semanas recientes, la desaparición de personas en México se ha convertido en epicentro de la discusión pública en múltiples espacios y foros, debido a diversos factores y eventos recientes que han venido a cuestionar la capacidad de respuesta de las autoridades del Estado mexicano frente a este tema. Sin duda alguna, uno de los más determinantes fue el anuncio por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de someter a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación de la desaparición de personas en México, señalando la existencia de bases razonables de que en el país se han cometido desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática, mismas que podrían configurarse como crímenes de lesa humanidad. Dicho anuncio fue realizado a tan solo unos cuantos días después de haberse presentado la nueva estrategia de búsqueda de personas por parte de la Presidencia de la República.
Entre las consideraciones del Comité para adoptar dicha decisión se encuentra la identificación de indicios de que el fenómeno de las desapariciones se comete de manera generalizada en gran parte del territorio nacional. Esta situación la ha venido advirtiendo el Comité desde el año 2015 a las autoridades mexicanas, realizando distintas recomendaciones, como la de adopción de un registro único de casos que permitiera identificar el número de desapariciones forzadas y aquellas cometidas por particulares. Las cifras son importantes; no se puede atender un problema si no dimensionamos la magnitud de este. En los últimos años ha existido una disputa al interior del propio Estado mexicano para conocer el número exacto de personas desaparecidas en este país, enfrentándonos a los amplios subregistros de aquellas personas ausentes sin un reporte o denuncia formal por su desaparición, así como de las personas migrantes desaparecidas durante su paso por México. En los últimos años se han presentado distintos criterios para contabilizar el número de personas desaparecidas; sin embargo, incluso hasta la cifra más baja refleja a la desaparición de personas como un fenómeno generalizado en todo el país.
Aunque son fundamentales, las cifras no son suficientes para comprender los contextos en los que se suscitan las desapariciones, las dinámicas de violencia en las entidades y el grado de participación de los agentes estatales en los hechos; de ahí la importancia de escuchar y colocar al centro de esta discusión a las familias y a los colectivos, así como de contrastar las narrativas oficiales con el testimonio directo de las víctimas.
Recientemente, en el mes de marzo fue presentado desde la Presidencia de la República un nuevo informe en materia de desaparición de personas, en el que se anunciaba como nuevo criterio para contabilizar las desapariciones la existencia de alguna carpeta de investigación. La complejidad del fenómeno de la desaparición de personas y su búsqueda no puede supeditarse a la existencia de un expediente judicial o una carpeta de investigación; de lo contrario, se estaría invisibilizando la realidad de miles de familias que por distintos factores no pueden denunciar de manera formal la desaparición de sus familiares. Asimismo, también se estaría ignorando el amplio universo de casos de personas desaparecidas cuyas investigaciones fueron clasificadas bajo otro tipo penal distinto al de la desaparición, ya sea por la ausencia de marcos legales al momento de los hechos o por omisión de las autoridades, permitiendo el cierre o archivo de los expedientes, sin que hubiere una investigación o búsqueda exhaustiva de por medio. Las cifras en torno a los casos de desaparición de personas son fundamentales; no obstante, debemos ser críticos en torno a la presentación de los datos, cuestionarnos los posibles escenarios de subregistro y entender que las cifras no necesariamente reflejarán las dinámicas y contextos de violencia de este país.
Por su parte, también se ha pretendido minimizar el carácter de sistematicidad de las desapariciones forzadas en el país a solo cuatro entidades de la república, señaladas en el propio informe del Comité contra la Desaparición Forzada, tratándose de los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. No obstante, esto no debe entenderse o ser interpretado como la inexistencia de otros casos en el país en los que las desapariciones hayan sido cometidas de manera sistemática, sino que es un síntoma de la ausencia de investigaciones independientes y exhaustivas que permitan entender las complejas redes de criminalidad detrás de las desapariciones y los posibles vínculos entre actores estatales y no estatales. En la gran mayoría de estos crímenes atroces, las investigaciones son deficientes y superficiales, caracterizando a las desapariciones como hechos aislados atribuibles de manera directa a la delincuencia organizada como un ente abstracto y descartando de inmediato cualquier tipo de participación o responsabilidad por parte de los agentes del Estado.
El clima de violencia en contra de las familias que buscan a sus seres queridos ha sido un factor determinante para que muchos de estos crímenes atroces permanezcan en la impunidad, permitiendo la continuidad de las estructuras y redes de colusión entre actores estatales y no estatales: ¿Cómo denunciar o alzar la voz en aquellos contextos donde las autoridades guardan una estrecha relación con los grupos criminales?
Por otro lado, en muchas ocasiones son los propios hallazgos forenses los que han dado cuenta de la atrocidad y la colusión entre agentes estatales y grupos criminales, sacando a la luz aquello que se buscaba silenciar. ¿Cómo es posible explicar el hallazgo de una fosa clandestina en Veracruz en el año 2019 con 300 cráneos, o el hallazgo de 80 cuerpos en Guanajuato en 2020, o el de una fosa clandestina con 90 cuerpos en Colima en el año 2023, sin que las autoridades de cualquier nivel hayan tenido el mínimo de conocimiento acerca de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podemos explicarnos los constantes hallazgos de campos de reclutamiento de la delincuencia sin la existencia de un solo reporte previo de las autoridades?
En medio de este contexto, la decisión del Comité, más allá de verse como una medida de apremio al Estado mexicano, debe mirarse como una oportunidad histórica para la apertura del país a la cooperación y asesoría internacional, para implementar medidas y estrategias extraordinarias en beneficio de las más de 133 mil personas desaparecidas y de las cientos de miles de familias que buscan a sus seres queridos, así como de los más de 70 mil cuerpos que esperan ser identificados para su restitución a sus familiares.
Hablamos desde uno de los tantos colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada en este país, pero también en representación de aquellos cientos de padres y madres que fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos.
Alzamos la voz por aquellas familias que han sido desplazadas dentro y fuera del país por el simple hecho de buscar a sus seres queridos.
Recordamos y exigimos justicia para las decenas de mujeres y hombres asesinados en los últimos años por el solo hecho de buscar a sus familiares. Tenemos todo en contra, y a pesar de ello, decidimos seguir buscando la forma en que todos nuestros desaparecidos y desaparecidas algún día regresen a casa.
[1] Alejandra Díaz es integrante del Colectivo Buscadoras Guanajuato, por 18 meses estuvo buscando a su hermano Felipe desaparecido en Guanajuato. Actualmente acompaña a más familias en su búsqueda a través de la vinculación y gestión proyectos para la incidencia política, cultural y de acción ciudadana.
[1] Michel Cervantes Padilla es abogado especialista en casos de desaparición de personas, actualmente es consultor para diversas organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
