¿“Paro nacional” o chantaje?
Alvaro Aragón Ayala
Hay que decirlo sin rodeos: en México no existe una amenaza real de “paro nacional del campo”. Lo que se enfrenta —con una precisión casi quirúrgica— es la amenaza de un bloqueo carretero organizado. En efecto: mientras el discurso opositor intenta colocar en escena una lucha social/campesina, los objetivos reales son estrictamente económicos y los actores en el asfalto son muy distintos a los que pretenden representar.
El campo mexicano, por naturaleza, no se detiene; la tierra no espera consignas ni sabe de agendas políticas. En tanto se advierte que se colapsará al país, en miles de hectáreas se sigue sembrando, regando y programando cosechas. El “paro” es una narrativa mediática; el bloqueo y el desquiciamiento de las arterias del país es el instrumento de presión real. Es una táctica de toma de rehenes donde la víctima es la economía nacional.
El relato de quienes se autodenominan “líderes campesinos” dibuja una imagen que ya no corresponde a la realidad del siglo XXI. Ya no vemos al campesino de subsistencia con herramientas rudimentarias luchando por el pan diario. Basta observar la logística de los anteriores bloqueos: tractores de alto valor, maquinaria agrícola moderna y flotillas organizadas con una capacidad de movilización envidiable. Lo que se ve no es pobreza extrema, es el capital agrícola en acción utilizando la botarga de la protesta.
Para entender este fenómeno, es necesario analizar la transformación estructural iniciada con la reforma al Artículo 27 en 1992. Bajo el modelo neoliberal, se permitió la venta de tierras ejidales y se consolidó la renta de parcelas, fragmentando el ejido como unidad productiva. Según datos de la FAO y el Banco Mundial, más del 50 por ciento de la tierra ejidal hoy se trabaja bajo esquemas de renta o cesión. Esto ha dado paso al “neolatifundio operativo”: un sistema donde la propiedad puede estar pulverizada legalmente, pero el control productivo está concentrado en manos de unos pocos.
Hoy, el sector rural está dominado por tres perfiles, pero solo uno tiene el poder de paralizar al país. Primero, el ejidatario envejecido que sobrevive rentando su tierra; segundo, el heredero desvinculado que vende o arrienda; y tercero, el productor empresarial. Este último es el verdadero protagonista de los bloqueos. No es un sujeto vulnerable; es un operador agrícola con acceso a financiamiento, tecnología y redes de comercialización, que utiliza la máscara de “movimiento social” para defender márgenes de utilidad.
Los manifestantes argumentan precios bajos y costos de insumos inalcanzables. Hay una base real en ello, pero la verdad está incompleta. La FAO documenta que México depende en más del 60 por ciento de fertilizantes importados, exponiendo al productor a la volatilidad global. Sin embargo, el Banco Mundial es claro: la rentabilidad en México está ligada a la escala. La traducción es brutal: en esta crisis no todos pierden igual; pierden más los pequeños, pero quienes presionan y cierran carreteras son los grandes, buscando que el Estado absorba sus riesgos operativos.
Aquí reside la gran mentira del movimiento: si el gobierno cede y libera subsidios o apoyos extraordinarios, ¿quién gana realmente? La evidencia de la OCDE es sistemática: los apoyos agrícolas tienden a ser capturados por productores de mayor escala. Quienes tienen más hectáreas y maquinaria absorben los recursos, amplifican sus beneficios y dejan las migajas para el resto. Los subsidios en México, lejos de corregir la desigualdad, históricamente la han profundizado.
México no tiene un campo colapsado; es una potencia mundial. Es líder en productos de alto valor como el aguacate, las berries y otros productos agrícolas. El problema es la dualidad estructural: convive una agricultura de exportación altamente tecnificada con una de subsistencia rezagada. El bloqueo no busca resolver este atraso, sino mantener los privilegios de la agricultura de escala bajo el disfraz de una lucha por la soberanía alimentaria.
El patrón de movilización es puramente estratégico. Se advierte que se tomarán áreas logísticas vitales como la autopista México–Querétaro, la México 15 o la vía Culiacán–Mazatlán. No son puntos elegidos al azar; son las arterias que alimentan el consumo y el comercio exterior. No es una protesta espontánea, es una operación táctica diseñada para maximizar el daño económico a México y forzar una negociación política desde el chantaje.
El mayor peligro no es el bloqueo físico, sino la narrativa que intenta legitimarla Si la sociedad y el Estado aceptan que esto es “el campo levantándose”, se invisibiliza al verdadero actor, se distorsiona el diagnóstico y se diseñan políticas públicas equivocadas. El resultado inevitable es que los recursos públicos terminen, una vez más, donde ya hay capital acumulado.
México no está de frente a productores con capacidad económica defendiendo sus márgenes de ganancia mediante la amenaza de la parálisis nacional. Si el Estado responde sin precisión, los más pobres del campo volverán a quedar fuera. No es el ejidatario quien bloquea carreteras; es el empresario agrícola con escala quien negocia/vende los movimientos. Ceder sin distinguir es una condena: el dinero público no aliviará la pobreza rural, simplemente financiará, una vez más, la concentración del poder agrícola en México.
