Sinaloa 2027: Coordinadores y riesgo de fractura en Morena

Alvaro Aragón Ayala

Se ha demostrado, una y otra vez, que los partidos dominantes no caen por la fuerza de la oposición, sino por sus propias divisiones internas. Cuando el poder se fragmenta, cuando los acuerdos se rompen y cuando el centro pierde control sobre sus territorios, comienza el desgaste que antecede a la derrota. Esa es la advertencia que hoy gravita sobre Morena rumbo al 2027.

En la ruta de las elecciones, la designación de coordinadores estatales, territoriales y distritales se convierte en el primer movimiento real de la sucesión dado que no serán figuras decorativas, sino los constructores de la estructura electoral, los articuladores del territorio y, en muchos casos, los perfiles que podrían terminar convirtiéndose en candidatos. .

Sinaloa, por su peso político y por las condiciones internas de Morena, se perfila como uno de los escenarios más sensibles de ese proceso. Lo que ocurra con los coordinadores no solo marcará la ruta electoral, sino que definirá el nivel de cohesión o fractura del movimiento en el estado.

El primer escenario es el más delicado: que los enviados desde el centro del poder político no estén alineados con el proyecto del gobernador Rubén Rocha Moya. Si eso ocurre, se configuraría una dualidad de poder. Por un lado, el gobierno estatal operando la gobernabilidad; por el otro, una estructura política paralela operando la sucesión. Esa bifurcación generaría tensiones, dividiría lealtades y debilitaría la operación territorial.

En ese escenario, los municipios y distritos comenzarían a responder a dos mandos distintos. La estructura institucional cuidando la estabilidad del estado y la estructura partidista empujando posicionamientos. El resultado natural sería la fragmentación operativa: liderazgos locales obligados a tomar partido, grupos políticos en competencia interna y una base social confundida.

El segundo escenario se construye a partir del choque entre los coordinadores y los aspirantes locales. Si los enviados no encajan en los proyectos de figuras como Imelda Castro, Enrique Inzunza y Julio Berdegué u otros cuadros relevantes, el conflicto se trasladaría al interior del movimiento. Se activarían campañas internas adelantadas, se intensificaría el golpeteo político y se rompería el eje rector que sostiene la unidad.

Cuando más de tres fuerzas compiten dentro de un mismo partido por el control del proceso, la operación política deja de ser estratégica y se convierte en una disputa de desgaste. En términos prácticos, el partido deja de sumar y comienza a dividirse.

El tercer escenario es el más explosivo: la eventual imposición de un perfil externo o ajeno a las dinámicas locales. Si desde el centro – Ciudad de México – se impulsa una candidatura que no surge del equilibrio interno del estado, la reacción puede tomar varias formas.

La primera es el alineamiento pragmático: los grupos aceptan la decisión a cambio de espacios, candidaturas y posiciones. Es el escenario de control político clásico, donde la disciplina prevalece sobre la inconformidad.

La segunda es la resistencia silenciosa: se acata la decisión en lo formal, pero la operación territorial se debilita. No hay ruptura abierta, pero tampoco hay compromiso pleno. Es el escenario más común en sistemas políticos centralizados.

La tercera es la rebelión interna: grupos que se sienten desplazados comienzan a operar por fuera, ya sea migrando hacia partidos aliados, impulsando candidaturas alternas o simplemente desmovilizando estructuras. Este escenario no necesariamente provoca una derrota inmediata, pero sí reduce márgenes y abre grietas.

En todos los casos, aparece un factor determinante: los partidos aliados. El PT y el PVEM pueden funcionar como mecanismos de contención, absorbiendo inconformidades internas, o como canales de dispersión del voto oficialista si el conflicto escala. Lo que hoy es alianza, puede convertirse en válvula de escape.

Los datos duros ayudan a dimensionar el riesgo. Morena parte en Sinaloa de una base electoral cercana al 65 por ciento. Es una ventaja amplia. Pero esa ventaja depende de la cohesión. Si la fragmentación interna provoca una fuga de entre 150 mil y 200 mil votos, el escenario cambiaría radicalmente. Morena seguiría siendo competitivo, pero perdería control político y margen de maniobra.

La clave de todo el proceso está en el equilibrio. El centro del poder político necesita ordenar la sucesión, pero el territorio exige estabilidad. La imposición sin acuerdo genera ruptura. El control sin negociación produce desgaste. Y la exclusión de actores locales estratégicos abre espacios de conflicto.

Por eso, la designación de coordinadores no puede leerse como un simple movimiento organizativo. Es, en realidad, la primera prueba de fuego del proceso sucesorio. Ahí se medirá si Morena puede procesar sus diferencias sin romperse.

En Sinaloa, el desenlace dependerá de una ecuación compleja: la decisión del centro, la operación del partido y el papel del gobernador Rubén Rocha como eje articulador del equilibrio político. Si esas tres variables se alinean, la continuidad está asegurada. Si se desarticulan, el riesgo de fractura será inevitable.

La tesis no deja lugar a ambigüedades: cuando el poder se divide, el sistema se debilita. Y cuando el sistema se debilita, la derrota deja de ser una posibilidad remota. En Sinaloa, la hipótesis que adquiere fuerza es que el resultado de la elección de 2027 no se va a definir en las urnas, sino que dependerá de cómo Morena resuelve su propia sucesión.