General Héctor Ávila: militares contra el narco, la historia que México insiste en repetir
Álvaro Aragón / SEDENA
La reciente designación del General Héctor Ávila Alcocer, ex agregado militar en Washington, como comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, reavivó una narrativa recurrente en la historia contemporánea de Sinaloa y México: la promesa -explícita o implícita- de que una nueva ofensiva militar puede “acabar con el narco” y pacificar regiones marcadas por la violencia, como hoy ocurre en Culiacán, epicentro de la disputa entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, la historia ofrece advertencias claras que el discurso oficial suele pasar por alto: tras la caída de Pablo Escobar Gaviria en Colombia, lejos de desaparecer, el narcotráfico mutó. La eliminación del capo más visible del continente no significó el fin del negocio, sino su fragmentación en estructuras más pequeñas, más discretas y, a la larga, más difíciles de combatir. El poder se descentralizó, la violencia se redistribuyó y el problema se volvió más complejo.
México ya vivió un proceso similar. La “Operación Cóndor”, desarrollada en la década de los setenta en el llamado “Triángulo Dorado” -Sonora, Sinaloa y Durango- logró desarticular temporalmente las estructuras criminales asentadas en la sierra. Pero el resultado no fue la erradicación del narcotráfico, sino su desplazamiento hacia centros urbanos como Guadalajara, donde se gestó la siguiente gran etapa del crimen organizado en el país. El Estado ganó batallas territoriales, pero perdió la guerra estratégica.
Culiacán parece hoy caminar sobre ese mismo guion. El nombramiento del General Héctor Avila Alcocer, con Maestría en Análisis Estratégico en el Colegio de Guerra de los Estados Unidos, a quien se le adjudica el conocimiento de “plaza” por haber ya ocupado la comandancia de la Novena Zona Militar, levanta expectativas sobre una virtual mayor presencia militar puede, quizá contener picos de violencia, imponer un orden temporal o incluso inclinar la balanza a favor de una facción sobre otra. Sin embargo, el ejército por sí sólo no ha demostrado históricamente capacidad para desmantelar una economía criminal profundamente integrada a los mercados globales.
Porque el narcotráfico no es solo un problema de armas y hombres, sino de flujos. Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de drogas del mundo; los dólares del mercado ilícito continúan regresando a México como combustible financiero del crimen organizado; y el tráfico de armas desde el norte hacia el sur permanece prácticamente intacto. Sin tocar estas variables, cualquier estrategia centrada exclusivamente en el despliegue militar está condenada a ser reactiva.
En ese contexto, la figura del comandante militar, por más experimentado que sea, enfrenta límites estructurales. Puede administrar la violencia, pero no eliminarla. Puede reordenar el tablero local, pero no cambiar las reglas del juego. El Ejército actúa sobre las consecuencias visibles del narcotráfico, no sobre sus causas profundas. El riesgo es conocido: una presión militar intensa rompe equilibrios criminales existentes, acelera disputas internas y produce estallidos de violencia focalizada. Luego viene una aparente calma, celebrada como éxito, hasta que una nueva mutación del crimen vuelve a emerger.
La pregunta, entonces, no es si el general Ávila Alcocer tiene las credenciales para combatir al narco, sino si el Estado mexicano -en coordinación real con Estados Unidos- está dispuesto a enfrentar las condiciones estructurales que hacen del narcotráfico un negocio rentable, resiliente y perpetuo. Hasta ahora, la historia sugiere que México no ha dejado de repetir la misma estrategia esperando resultados distintos. Y en esa repetición, la violencia no desaparece: solo cambia de forma, de actores y de territorio.
