En el nuevo desorden global
Rolando Cordera Campos
En este 2026, inicio del segundo cuarto del siglo XXI, el mundo global está enfilándose hacia un abierto e inclemente (des)orden. No sólo económico o financiero, al estilo 2008-2009, sino con epicentros en eso que hemos dado en llamar geopolítica. Un trastocamiento sistémico que afecta y afectará todos los ámbitos de la vida: de la económica y sus intercambios (comerciales, financieros, industriales) a los organismos de acción colectiva de Naciones Unidas y los sistemas de gobernanza. Nada parece quedar en pie del eufórico discurso globalizador de las últimas décadas del siglo XX.
“La década de 2020 va camino a ser la de más débil crecimiento mundial desde la de 1960, lo que está ampliando brechas de ingreso y niveles de vida entre los países que ya eran ricos, los llamados ‘en desarrollo’ y los de ingreso bajo”, señaló hace un par de días el Banco Mundial y agregó: “Este panorama global muestra un ritmo de crecimiento insuficiente para reducir la pobreza extrema y crear empleos donde más se necesitan”. (“Esta década será la de menor crecimiento mundial desde 1960: BM”, La Jornada, 14/1/26, Dora Villanueva).
Mala economía y política; discursos autoritarios y de odio; reglas rotas. Éstas y otras noticias no traen nada bueno, aunque fuese en los márgenes, pero los peores escenarios se dibujan en países que, como el nuestro, tienen economías sin crecimiento, generan escasos empleos formales del todo insuficientes, con reducidas inversiones y espacios fiscales muy acotados. Las necesidades esenciales no se compadecen de estos panoramas económicos y crecen sin pausa, lo que contribuye a mantener y reproducir nuestras desigualdades y a profundizar las brechas sociales y territoriales.
Dadas estas condiciones, la insistencia en el tema no puede verse como rutinaria: México necesita encontrar un camino que le permita a su economía crecer y redistribuir, tejer vínculos entre las políticas macroeconómicas y una agenda de desarrollo productivo sostenible que permita ir cerrando consistentemente las brechas que marcan faz, geografía, talantes.
Recientemente, el célebre economista y financiero británico Michael Roberts (se) preguntaba “¿Qué hacer con la desigualdad?” (¿Qué hacer con la desigualdad extrema?, Sin permiso, 13/12/25) y señalaba que de acuerdo con el más reciente informe global de desigualdad (World Inequality Lab), que reúne a destacados investigadores, entre otros el Nobel Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, subraya que las desigualdades pueden ser reducidas mediante la inversión pública en educación y salud, echando mano de eficaces programas de fiscalidad y redistribución. Propuesta secular pero siempre pospuesta.
El informe propone medidas como la inversión pública en educación y salud y programas redistributivos entre los que, destaca Roberts, se encuentran “(…) las transferencias de efectivo, las pensiones, las prestaciones por desempleo y el apoyo específico a los hogares vulnerables pueden trasladar directamente los recursos de la parte superior a la parte inferior de la distribución”.
Hablamos de medidas pertinentes y, en el mejor de los casos, implantadas a gotas. Vistos en conjunto, estos y otros “paquetes” para la acción pública reconocen y subrayan la importancia de la política fiscal (el incremento sustantivo de los ingresos públicos y una programación racional del gasto). Esta es y ha sido por décadas una de las herramientas principales para enfrentar las desigualdades y la crónica falta de crecimiento económico.
De ahí nuestra insistencia: México requiere esforzarse por lograr una reforma social del Estado; un empeño serio que contemple recuperar las funciones básicas del Estado como articulador y coordinador de la sociedad y sus contradicciones. Este Estado, para serlo, ahora tendría que ser social, de derecho, derechos y constitucional.
Para que el Estado sea capaz de respetar y cumplir en los hechos la universalidad de los derechos sociales, debe tener la capacidad de recaudar, gastar y administrar con transparencia y rigor los recursos públicos. Para enfrentar la pobreza y la desigualdad, no es suficiente, se ha dicho, entregar apoyos monetarios directos; son necesarias políticas económicas que contribuyan a que la economía crezca redistribuyendo, a través de los salarios, sin duda, pero sobre todo a partir del empleo.
El Estado mexicano debe actualizar sus funciones, en nuestro caso “truncadas” por su permanentemente reducida capacidad tributaria y su renuencia e incapacidad política para avanzar hacia una reforma estatal inscrita –formal y políticamente–, en objetivos calibrados al logro de un crecimiento económico con equidad.
En medio de las incertidumbres y refriegas con las que amaneció este 2026, ahora abrumadas por la confusión social y política ambiente, podemos aspirar a forjar una estrategia nacional de transformación social, económica y productiva, como una brújula que nos oriente en medio de las tempestades.
Una estrategia que nos convierta en el México social que resume nuestra historia.
