Sinaloa: Si Morena postula a una mujer ¿cuál sería su propuesta sobre seguridad y narcotráfico?
Álvaro Aragón Ayala
En Sinaloa, que por décadas ha navegado en una especie de “estado profundo”, varias mujeres van en pos de la primera candidatura por el flanco de Morena bajo certeza de que la implementación de políticas de seguridad pública y la capacidad para luchar contra el narcotráfico no depende del género de quien llegue a gobernar, sino a una mezcla o combinación de factores estructurales, recursos institucionales, estrategias implementadas y la cooperación entre distintos niveles de gobierno. El género es irrelevante para la eficacia operativa y estratégica.
El “estado profundo” (o deep state) es un concepto político que describe una supuesta red secreta de personajes que no son políticos elegidos y que habrían de operar fuera de la vista pública influyendo en la toma de decisiones o manteniendo una agenda propia. Las teorías de la conspiración, algunas que rayan en lo novelesco, precisan que esta “organización” penetró las fuerzas armadas, las agencias de inteligencia y tienen vínculos con élites que le son necesarios para entramar sus riquezas con la economía lícita.
Una mujer podría moverse, cuando menos en la superficie del “estado profundo” y desplegar acciones contra los “poderes fácticos” para garantizar la paz en Sinaloa, sólo si recurre al uso de la inteligencia y la estrategia para implementar y dirigir acciones sofisticadas de recopilación y análisis de información para desarticular redes criminales. El combate al narcotráfico requiere un enfoque basado en la ley y la inteligencia, más que en la fuerza bruta.
Para combatir la delincuencia, una gobernadora deberá combatir la corrupción y fortalecer la estructura primaria y secundaria institucional. Le sería fundamental allegarse de la colaboración efectiva de las autoridades federales (incluyendo fuerzas armadas y agencias de inteligencia) y otros estados. La capacidad de un líder para fortalecer las instituciones locales y erradicar la corrupción es un determinante crítico, independiente de su género.
Además, le urgiría la disponibilidad de recursos financieros esenciales para financiar y equipar a las fuerzas de seguridad y los programas de prevención; para obtener resultados en su gobierno necesitaría también atender las causas subyacentes del narcotráfico, como la desigualdad y la falta de oportunidades.
Sin embargo, aunque tienen las cuatro mujeres alfiles de Morena -Imelda Castro Castro, María Teresa Guerra Ochoa y Graciela Dominquez Nava (ojo: no se descarte a Estrella Palacios), registran un “alto kilometraje” recorrido en Sinaloa, en sus foros, reuniones a puertas cerradas a abiertas, discusiones públicas o apariciones en asambleas con representantes de los sectores productivos o las llamadas “fuerzas vivas”, esquivan la agenda de seguridad y no abordan el tema del narcotráfico como problema real y estructural de Sinaloa.
Sí, en efecto, todas ellas argumentan que no andan en campaña, que sus acciones son parte de la presencia territorial de cada quien en su quehacer político legislativo, una como Senadora de la República, otra como diputada local y la otra como diputada federal. Han acuñado frases ad hoc como esa de “el territorio nos llama”, aquella que de que “la transformación se hace en el pueblo”, o de la “volver al territorio y rendir cuentas es parte de nuestro compromiso”, sustrayéndose del tema de la violencia y la criminalidad.
Una mujer que aspire a abanderar la candidatura de Morena -ya es tiempo-, debe proponer y exigirle al gobierno federal y estatal el desarrollo de una estrategia integral que combine la seguridad pública con la justicia social, la prevención del delito y el fortalecimiento de las instituciones. Las propuestas deben abordar las causas profundas de la violencia y la infiltración del crimen organizado en la sociedad y en ciertas esferas del gobierno.
En sí, el perfil de una mujer que planee incursionar en la competencia electoral 2026-2027, y que proyecte gobernar Sinaloa, debe reflejar una voluntad inquebrantable para enfrentar a los grupos criminales y demostrar que está dispuesta a tomar decisiones difíciles y liderar con valentía, plantando, de cara a la sociedad, un compromiso con la transparencia para evitar la colusión entre autoridades y el crimen organizado.
