Continúa venta de vapeadores pese a prohibición

Karen Ibeth Cardona

Después de tres semanas de que entrara en vigor la prohibición oficial del uso y compra de los vapeadores, estos dispositivos siguen disponibles en el mercado, aunque de manera ilegal y sujeta a sanciones. 

En uno de los tianguis más grandes de la zona metropolitana, el tianguis de San Juan, que se instala a lo largo de la avenida Texcoco y conecta Iztapalapa con Ciudad Nezahualcóyotl, varios comerciantes continúan ofreciendo vapeadores con precios que oscilan entre los 100 y los mil pesos. 

A pocos pasos de una de las entradas principales, ubicada en la avenida López Mateos, es posible encontrar a la venta distintos modelos de cigarros electrónicos de marcas “originales” como Waka y Flonq. 

“Arándano con mora azul, sandía con durazno y mango, fresa con sandía, sandía con fresa y uva y plátano con fresa, todos se convierten en hielo cuando aprietas el botón, toda la pantalla prende”, así se ofertan los “vapes”.

Los precios y sabores varían dependiendo del precio y la marca, pero no solo eso, también se ofertan “Waxs”, un vaporizador específicamente para la concentración alta de cannabis, la cual puede ser desde índica o sativa y cualquier especificación de la planta que se desee consumir, así como los gramos que contiene. 

Durante un recorrido realizado por Reporte Indigo, se identificaron al menos cinco puestos de venta de vapeadores, algunos de los cuales ofrecían promociones como uno por 120 pesos o tres por 300 pesos. La mayoría de estos productos son de origen extranjero.

A pesar de la reciente reforma a la Ley General de la Salud, estos dispositivos continúan a la venta de manera normal, incluso a plena luz del día y sin supervisión. Algunos comerciantes los promocionan como los “últimos que quedan”, mientras que otros ofrecen la opción de “sólo por encargo”.

El 9 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales que prohíben por completo el uso de vapeadores y cigarros electrónicos con 324 votos a favor y 129 en contra ante la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta iniciativa, que modifica la Ley General de Salud en lo referente a la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, establece penas de uno a ocho años de prisión por su venta.

Además de una multa que va desde 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale a 11 mil trescientos 14 pesos y 200 mil doscientos ochenta pesos por la venta de “vapes”.

Esto con el fin de prohibir en todo el territorio nacional la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como “todos los actos de publicidad o propaganda” para su consumo.

Dicha iniciativa también califica el vapeo como “una amenaza a la salud pública”, con ello se busca implementar políticas públicas para disminuir la dependencia de su consumo y proteger a los grupos vulnerables, “asegurando el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios”, señalaron los legisladores.

Venta continúa a través de redes sociales

Los puntos de venta físicos no son los únicos que ofrecen estos productos; también se comercializan a través de redes sociales, en grupos específicos de vapeo e incluso en plataformas como Marketplace.

Los anuncios suelen indicar: “$100 cada uno o precio de mayoreo”. Al igual que en los establecimientos físicos, se venden según el número de “vapeadas”, con una variedad de sabores y a “buen precio”. Además, son recargables y se pueden entregar en diversas zonas de la Ciudad de México.

Las ofertas también están orientadas a la venta al por mayor e incluyen referencias que garantizan la calidad del producto, así como un catálogo con toda la información necesaria para realizar la compra.

De acuerdo con usuarios de estos dispositivos, los precios se han mantenido y no ha existido un incremento tras la prohibición e incluso algunos señalaron a este medio que desconocen la reforma que prohíbe su uso. 

La investigación realizada por Defensorxs, “Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado”, señala que ahora las organizaciones delictivas han visto un negocio importante en el contrabando del tabaco, tráfico de vapeadores y cobro de derecho de piso por la venta de cigarrillos apócrifos. 

De igual forma, señalan que la prohibición de los cigarros electrónicos impulsa la actividad criminal a causa de la política prohibicionista, que al contrario de regular, el vapeo se convierte en un producto más del crimen organizado. 

Un riesgo para la salud

Los vapeadores aparecieron como una alternativa aparentemente saludable para el consumo de tabaco e incluso como una solución para dejar el cigarro. Lo que llevó a su popularidad en su mayoría en la población joven. Sin embargo, queda la incógnita de qué tan efectivos son para superar la adicción al tabaco.

En 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una la alerta sanitaria para vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier producto emergente del tabaco debido a los graves daños a la salud que pueden ocasionar.

Estos son denominados como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN).

Tras una revisión técnica por personal especializado de la Cofepris y la Conadic concluyeron que con base en la evidencia científica, el uso de estos productos es peligroso para la salud pulmonar, además de catalogarlos como altamente adictivos. 

Asimismo, enfatizaron que ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte de Cofepris, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo.

Las autoridades sanitarias señalaron que estos están compuestos por carcinógenos, es decir, sustancias que pueden causar o promover el desarrollo de algún tipo de cáncer, así como promover el crecimiento celular descontrolado. Otras de las sustancias encontradas son metales como cadmio, níquel, plomo entre otros. 

Otro de los más importantes riesgos es que un cartucho contiene el 5 por ciento de sal de nicotina, lo que equivale a uno y tres paquetes de cigarrillos. Lo que afecta a largo plazo el desarrollo del cerebro de niños, niñas, adolescentes y fetos en formación. 

Los principales problemas a la salud que puede provocar el vapeo son daños respiratorios debido a la inflación del tejido pulmonar, provocando enfermedad pulmonar crónica (EPOC), asma y cáncer.

Además de daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea que ocasiona arteriosclerosis e infartos al corazón. Además de los daños mutagénicos como aumentar el riesgo de padecer cáncer o alteraciones a nivel reproductivo como la disfunción eréctil.

Cabe destacar que también se han encontrado problema secundarios como la explotación de algunos dispositivos y que ha derivado en la pérdida de los dedos de las manos e incluso de fractura de mandíbula.

¿Medida de salud o impulso al mercado ilegal?
A casi un mes de que el Senado aprobara la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, estos productos siguen circulando de manera ilegal a plena luz del día y sin ningún control sanitario.

En su momento, la oposición en el Senado advirtió sobre este escenario, mientras que el bloque oficialista se mantiene y defiende con firmeza la medida avalada por la mayoría legislativa el pasado 10 de diciembre.

La senadora morenista Margarita Valdez Martínez sostiene que impedir el acceso de estos productos a menores de edad constituye un acto de conciencia social y de protección hacia las futuras generaciones.

“Nuestro objetivo no es criminalizar, sino garantizar que los jóvenes no enfrenten riesgos innecesarios de adicción”, asegura.

Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, afirma que la aprobación de la reforma envía un mensaje contundente:

“La salud de los mexicanos está por encima de cualquier interés comercial. Esta medida protege a quienes aún no desarrollan adicciones y refuerza la responsabilidad del Estado frente a la salud pública”.
“La salud de los mexicanos está por encima de cualquier interés comercial. Esta medida protege a quienes aún no desarrollan adicciones y refuerza la responsabilidad del Estado frente a la salud pública”.

Maki Esther Ortiz Domínguez, también del PVEM, enfatiza que la reforma va más allá de los vapeadores y señala que contempla la compra consolidada de medicamentos e insumos, así como mejoras en infraestructura y tecnología, incluida la implementación de un expediente electrónico, para avanzar en la integración del sector salud.

Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, advierte a Reporte Indigo que la medida enfrenta múltiples problemas que ponen en riesgo la salud pública y limitan la efectividad de la ley.

La senadora también alerta sobre las consecuencias económicas y sociales de la prohibición: la migración del mercado legal al clandestino implica pérdida de ingresos fiscales y expone a los consumidores a productos ilegales, que a menudo se venden junto con sustancias narcóticas.

Claudia Anaya considera que, a la fecha, la prohibición es en gran medida “letra muerta”, pues aún no se implementan operativos efectivos para sancionar a quienes poseen o venden estos productos de forma ilegal. 

En la misma línea, la panista Mayuli Latifa Martínez Simón advierte que el cierre del mercado legal deja el negocio en manos del crimen organizado y añade que “prohibir sin regular no elimina el consumo, simplemente empuja a los jóvenes y a la población a canales clandestinos sin garantía de calidad ni seguridad”. 

El emecista Luis Donaldo Colosio Riojas critica que el dictamen “optó por el castigo y no por la prevención”, de ahí que la estrategia representa “una renuncia del Estado a su responsabilidad de proteger la salud pública mediante educación, regulación y supervisión efectiva”. 

“Sin programas de información y sin alternativas seguras para quienes consumen, la reforma no resuelve el problema; solo lo desplaza hacia la ilegalidad”, insiste.

Necesario, reforzar vigilancia

Diputados federales del PAN y de Morena hicieron un llamado a las autoridades de Salud, concretamente a la Cofepris a reforzar la vigilancia para evitar la venta ilegal de vapeadores en tianguis y a través de internet.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró necesario que las autoridades sanitarias, de manera paralela, emprendan una intensa campaña a través de los distintos medios de comunicación para que alerten a la ciudadanía de que está prohibida la venta de los vapeadores, cigarros electrónicos y de otros aditamentos similares.

“Se necesita que haya verificadores y que se dé seguimiento en los lugares donde se están vendiendo de manera ilegal; necesitamos que las autoridades cumplan con las verificaciones y se apliquen las sanciones”.

El secretario de la Comisión de Salud, el diputado morenista Guillermo Rendón afirmó que corresponde a las autoridades reforzar la vigilancia y las acciones de inspección para impedir su comercialización. 

Por ello, Guillermo Rendón destacó que los diputados del partido en el gobierno no van a permitir que se normalicen prácticas que ponen en riesgo la salud de la población.