La consulta popular que promueven Morena y el PAS
Álvaro Aragón Ayala
Por convicción y porque es parte de su plataforma de participación social y democrática, el Partido Sinaloense que lidera Héctor Melesio Cuén Ojeda se convirtió en un activo promotor de la consulta popular-social del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se celebrará el domingo para que la población, con su voto, decida si se lleva o no a los tribunales a cinco expresidentes neoliberales.
La consulta que el PAS alienta coordinado con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional será un ejercicio de democracia participativa sin parangón que permitirá darle base social-jurídica al enjuiciamiento de los hechos del pasado y constituirá un importante “movimiento social en las urnas” para rescatar la memoria histórica, social y democrática del país.
La participación de la sociedad en las urnas será el primer paso para construir una Comisión de la Verdad o la Ley Memoria Histórica –como el caso español- a fin de darle forma legal, jurídica, a la invocación social, colectiva, histórica, democrática, para procesar legalmente a quienes abusando del poder cometieron delitos deleznables.
La democracia participativa
El Partido Sinaloense se ha caracterizado desde su nacimiento por promover la participación ciudadana porque –dice Héctor Melesio Cuén Ojeda- es un partido alejado del autoritarismo en donde sus militantes y la sociedad tienen derecho a la formulación de políticas acordes a la realidad social e histórica.
Así, en el marco de la democracia participativa el PAS ha realizado varias consultas populares de trascendencia histórica:
En el 2013 consultó a los sinaloenses si estaban de acuerdo o no con la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En junio del 2016 el Partido Sinaloense consultó a los sinaloenses si estaban de acuerdo o no con la unión de personas del mismo sexo y la posibilidad de que adoptar a menores de edad.
El PAS recurrió también la consulta directa a la sociedad, por medio de la plataforma electrónica respaldada con una intensa movilización social, para exigir al Congreso Local, con más de 100 mil firmas, que legislara en torno al uso obligatorio para frenar la ola de contagios y muertes por coronavirus en Sinaloa.
Con el respaldo social, en unos con más de 100 mil firmas y en otras con más de 200 mil, el Partido Sinaloense llevó al Senado de la República iniciativas de ley como la revocación de mandato, la NO al cambio de uso horario, la reducción de presupuestos a los partidos políticos, etc.
En la consulta del domingo, PAS y Morena complementan y comparten una agenda que busca la participación ciudadana y los mecanismos más idóneos para involucrar a la sociedad en la solución de los grandes problemas nacionales.
El paso histórico
Sea cual sea el resultado de la consulta obligará al Poder Legislativo a construir el andamiaje jurídico-legal para que las instancias gubernamentales desarrollen, en el marco de la ley, indagatorias periciales y/o la apertura de expedientes judiciales contra los cinco expresidentes.
La consulta representará un éxito y fortalecerá el prestigio del mecanismo de las consultas como camino de mayor participación popular en la toma de decisiones gubernamentales cuando se trate de enjuiciar sucesos que dañen la economía y atenten contra la vida de la población
Al recordar los “errores” del pasado o los delitos de lesa humanidad cometidos por los exmandatarios de la nación no solo se trata de colocar en el banquillo de los acusados a los culpables, sino de hacer un reconocimiento a las víctimas, a la sociedad, que sufrió y aún sufre las consecuencias de los malos o pésimos gobernantes.
Los delitos de los expresidentes
La consulta para enjuiciar a los ex presidentes manda la lectura de que nadie debe ser intocable. Que deben crearse las leyes para que la sociedad tenga en su poder los instrumentos para desarrollar y proteger su espíritu crítico democrático sin temor a represalias.
La narcopolítica, los delitos de lesa humanidad, la corrupción, el saqueo de recursos públicos y la irresponsabilidad que cobra vidas, no pueden ni deben de quedar impunes. Todo, todo debe ser castigado: Los asesinatos, la tortura, la migración forzosa, los desplazados, el ataque generalizado y el robo del dinero de los programas de apoyo a los pobres como ocurrió con la Estafa Maestra.
La sociedad debe decidir si son enjuiciados o no por traición a la patria u otros delitos graves los ex presidentes que sometieron a la nación a los designios de Washington y privatizaron la banca, Teléfonos de México, Ferrocarriles, Petróleos Mexicanos, que impulsaron en 1992 la Ley Nacional de Aguas para entregar este recurso a las grandes empresas, a los que modificaron el Artículo 27 para extinguir el ejido, a los que han permitido el saqueo de los metales preciosos de territorio nacional, a los que crearon el Fobaproa para sacar a los magnates de la banca privada de la quiebra a costillas de los contribuyentes mexicanos y aquellos que negociaron el Tratado de Libre Comercio que pulverizó la economía nacional.
Además, si deben ser sometidos o no al imperio de la ley quienes dictaron las órdenes para la matanza de Acteal, El Charco, el Asalto a Atenco, la represión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los que solaparon el crimen de Pasta de Conchos y Ayontzinapa, los que ordenaron la represión de la Siderúrgica las Truchas, el que ordenó la liquidación de la empresa Mexicana de Aviación echando a la calle a 8 mil trabajadores, y los que participaron por omisión o directamente en los escandalosos fraudes de Enciclopedia, Oceanografía, Odebrech, y otros crímenes cometidos contra el erario público y la sociedad mexicana.
Memoria histórica y democrática
En el caso valenciano, la memoria democrática busca el recuerdo y el reconocimiento de aquellos que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de los que lucharon contra la dictadura en defensa de los derechos y libertades democráticas; pero a la vez incluye también a los que hicieron posible la autonomía política de los valencianos, tanto en la Segunda República, como en la Transición iniciada en 1975.
Se busca por tanto el tributo al pasado y potenciar la identidad de una sociedad, a la vez que se le dota de una herramienta para la defensa de la democracia. Esta visión más amplia se recoge en la Ley 14/2017 de la Generalitat, que incluye dentro de la memoria democrática de los valencianos el periodo inscrito entre la proclamación de la Segunda República Española (1931) y la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (1982
En el caso español se concibe la memoria histórica como un ejercicio político y jurídico, es decir, un conjunto de iniciativas públicas y privadas para compartir socialmente el reconocimiento de un “pasado concreto y trágico”, que pretenden vincular a las víctimas de ese pasado más o menos reciente con la sociedad actual. La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, circunscribe este periodo a los acontecimientos ocurridos entre el estallido de la Guerra Civil (1936) y el fin de la dictadura franquista (1975)
