Reforma eléctrica; Estado empresarial de EU vs. Estado mexicano
Carlos Ramírez
El Encuentro Bicentenario México-Estados Unidos duró apenas unos cuantos días: el gobierno estadounidense decretó la extraterritorialidad de sus leyes de seguridad para tomar el control de la lucha contra el narcotráfico en México y no en su país. Y México está buscando aprobar una ley eléctrica que reconstruya el dominio del Estado en el sector estratégico-social de la energía a sus ciudadanos.
Sobre estos dos temas se está redefiniendo no solo la relación bilateral entre dos países vecinos con una enorme carga histórica de desconfianzas y resentimientos, sino que se estaría precisando el marco referencial de la candidatura presidencial de Morena para 2024 al construirse un escenario nacionalista.
El presidente López Obrador cometió un error estratégico en 2018 al autorizar la reforma del Tratado de Comercio Libre en los términos del gobierno de Trump y de su comisionado Jesús Seade que nunca garantizó el enfoque nacionalista. El problema estuvo en que el candidato López Obrador se había comprometido de manera muy formal a reformar la ley eléctrica el presidente Peña Nieto para liquidar su contenido privatizador.
La reciente visita, esta semana, de la secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, y sus nada veladas amenazas potenciadas por el embajador Ken Salazar han enfriado las relaciones bilaterales definidas en el Entendimiento Bicentenario de finales de 2021, sobre todo porque la Casa Blanca firma todo tipo de convenios y al final aplicar los que sirven a sus intereses de dominación empresarial en el extranjero.
A pesar de que los términos del Tratado establecen con claridad los espacios para litigios en tribunales especiales, el gobierno de Biden obedece a los criterios de seguridad nacional que se definen en las oficinas estratégicas y que nada tienen que ver con voluntarismos demagógicos de sobra conocidos. En 1979, el presidente demócrata Jimmy Carter le dijo al presidente López Portillo que aceptaba los términos del gasoducto, pero a la hora del discurso oficial se echó para atrás. Ante el reclamo del presidente mexicano, Carter dijo: “yo sí quiero, presidente, pero Casa Blanca dice…”
Lo que es de esperarse es que el presidente López Obrador no se deje intimidar por las presiones directas de funcionarios de la Casa Blanca y acuda a tribunales internacionales a revelar el contenido leonino de los contratos eléctricos aprobados por el gobierno de Peña Nieto, subordinándose a las amenazas estadounidenses.
El gobierno lopezobradorista tiene un as en la manga que debiera usarse en el corto plazo: la reforma a la ley de inversiones extranjeras de 1993 para reformular el criterio de la supeditación de los inversionistas foráneos a las leyes, criterios y regulaciones nacionales.
La presión de la secretaria estadounidense de Energía reveló que la Casa Blanca es una estructura de poder coercitivo sobre otras naciones para proteger y defender con presiones extraterritoriales a los intereses de sus empresarios; por tanto, el Estado estadounidense se encuentra el servicio de la dominación económica de los empresarios y no vacila en mandar mensajes de política exterior que rompen el equilibrio de relaciones entre Estados.
Hacia el interior de México, López Obrador está buscando recuperar la preponderancia del Estado en la definición de actividades productivas que forman parte de la canasta básica de los mexicanos. Los datos de su reforma señalan el límite de 54% de participación estatal en la emisión de energía eléctrica y no el 100% con el que están atemorizando los inversionistas estadounidenses. La clave de la reforma se va a localizar en la capacidad del Estado para ampliar su participación en la generación de energía eléctrica, proporcionar precios bajos a los consumidores por estratos sociales y terminar con la corrupción de funcionarios y sindicato que durante años se apropiaron de la Comisión Federal de Electricidad.
La reunión de la secretaria estadounidense de Energía con el presidente López Obrador dejó muy en claro de que no hay espacios intermedios para negociaciones y que los criterios presidenciales determinaran el desarrollo de cualquier controversia, conflicto en tribunales y sobre todo de redefinición de las relaciones bilaterales.
En realidad, el conflicto eléctrico está enfrentando a la Casa Blanca como Estado empresarial a favor de una minoría frente al Estado mexicano que busca recuperar la soberanía energética que entregó sin miramientos el presidente Peña Nieto con su reforma eléctrica.
