Graciela y la jugada maestra de Rocha Moya
Álvaro Aragón Ayala
El gobernador electo Rubén Rocha Moya realizó una jugada maestra al anunciar que Graciela Domínguez Nava será la próxima titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas porque es una decisión que ofrece la lectura de la elaboración, en ciernes, de un plan serio y profundo para combatir la corrupción gubernamental.
El nombramiento de Graciela Domínguez Nava que se oficializará el 1 de noviembre sacudió el Tercer Piso del gobierno estatal y a la Auditoría Superior del Estado porque Quirino Ordaz Coppel no pudo domar a la diputada en funciones y porque la legisladora cuenta con las cartas credenciales para rescatar a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, “dependencia comparsa” de la corrupción gubernamental quirinista.
La presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Local ha denunciado, con datos duros, evidentes actos de corrupción del gobierno de Quirino Ordaz y la falta de “interés” de la Auditoría Superior del Estado por atender denuncias ciudadanas y exigencias de los legisladores en materia de fiscalización y auditoría.
Ha reprochado, a la vez, el trabajo de la Auditora Estatal, Emma Guadalupe Félix Rivera, por no investigar los incumplimientos financieros del gobierno de Quirino Ordaz Coppel a organismos autónomos, dependencias descentralizadas y a los poderes Judicial y Legislativo. La denuncia alcanzó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, cuyos funcionarios permanecieron inmutables.
El gobernador Quirino Ordaz logró empalmar, para su actuación en simbiosis, a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas con la Auditoría Superior del Estado. El objetivo fue la sincronización de acciones de simulación y de que se convirtieran en cómplices o “tapaderas” de los dispendios económicos, desvíos de recursos y evidentes actos de corrupción contable y administrativa de la actual administración estatal.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas es parte del Sistema Estatal Anticorrupción; no opera porque está bajo el mando directo del gobernador Quirino Ordaz. Su función es, teóricamente, –de acuerdo a la ley que no se cumple- prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción; posee funciones que no desarrolla, de fiscalización y control de los recursos públicos.
La Secretaría tiene bajo su responsabilidad emitir normas o disposiciones de carácter general orientadas a fortalecer la colaboración con la Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias en el cumplimiento de sus responsabilidades como parte del Sistema Nacional de Fiscalización.
El gobernador prostituyó la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la mutó en un “elefante blanco” y sometió a su capricho la Auditoría Superior del Estado, pero no pudo controlar y mucho menos domar a la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, quien se convirtió en una “roca en el zapato” de la administración quirinista.
La diputada ha denunciado el dispendio de más de mil millones de pesos en “gastos” de imagen del gobernador Quirino Ordaz, cantidad muy por encima autorizada por el Congreso Local; la construcción de un estadio de futbol en Mazatlán para donarlo, para su usufructo, a particulares, y la compra, a un precio “inflado” de un edificio a Inbursa, habitado antes por la empresa Homex, al que se le invirtieron además más de 400 millones de pesos en reparaciones y remodelaciones.
La actual presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso y futura titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas exigió a la Auditoría Superior del Estado “que se revise cuál es el costo que está representando el que el gobernador esté utilizando las aeronaves como si fueran un taxi aéreo para trasladarse a cuestiones que no quedan claras”.
El Congreso de Sinaloa pidió un informe al gobierno de Sinaloa sobre el uso de las aeronaves. La respuesta de las secretarías de Administración y Finanzas y de Transparencia y Rendición de Cuentas fue que los tres helicópteros y dos aviones se usan para asuntos esenciales.
“Esos informes no satisfacen la misma Ley (de Austeridad), por ello se hace necesaria esa reunión de trabajo, la comparecencia de ellos (los secretarios de Administración y Finanzas y Transparencia y Rendición de Cuentas) porque estamos hablando del incumplimiento a una ley, una ley nueva, que aparentemente tiene poco, desde 2019”, señaló la diputada.
