El abstencionismo marcó la primera elección judicial
Ricardo del Muro
A pesar de las críticas, los cuestionamientos legales y la incertidumbre generalizada, México celebró su primera elección judicial, en una jornada inédita donde la participación ciudadana fue de alrededor del 13%, muy por debajo de la que recogían las últimas encuestas.
Es decir, con 13 millones de votantes, han sido electos nueve ministros de la Corte, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales federales y diversos jueces de Distrito y de Tribunales estatales, un total de 2 mil 681 cargos federales locales.
Ante la escasa legitimidad que tendrán las nuevas ministras y ministros, el Poder Judicial estará bajo la lupa de la oposición y la mirada escéptica de los ciudadanos, en un proceso de “experimentación” donde cualquier mínimo tropezón, será magnificado.
Los desafíos para los nuevos integrantes del Poder Judicial no son menores: deberán demostrar su independencia, profesionalismo, combatir la corrupción y su compromiso con “la construcción de una justicia más transparente y más cercana para el pueblo de México”, que es el objetivo ideal planteado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
El proceso electoral, impulsado por el gobierno morenista como parte de una profunda reforma al sistema de justicia, desde su anuncio enfrentó críticas y obstáculos. Pese a todo, las urnas se instalaron, pero el proceso estuvo marcado por la incertidumbre y el abstencionismo. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la elección fue un “éxito” y para otros, un “rotundo fracaso”.
En opinión de la analista Viri Ríos, la calidad de las campañas, selección de candidatos y la baja participación, hacen necesaria una profunda autocrítica para la coalición gobernante.
“Era de esperarse que la participación en la elección judicial fuera baja” –indicó Ríos en su artículo en Milenio–. “Las elecciones judiciales en Estados Unidos suelen tener una participación de apenas 20%. Aun así, el que la participación haya sido tan baja en esta elección sí debe ser un llamado de atención para mejorar el proceso. El objetivo de la elección judicial fue incluir al pueblo en las decisiones judiciales y ello, desafortunadamente no sucedió”.
Los resultados oficiales comenzarán a publicarse a partir del 5 de junio, pero el carácter inédito de esta elección y las controversias que la han rodeado, hacen previsible que se presenten diversas impugnaciones relacionadas con el funcionamiento de las casillas y otras irregularidades.
Antes de la jornada electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había recibido más de 3 mil 800 medios de impugnación relacionados con la elección judicial, según informó la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Estas impugnaciones abordaban diversas irregularidades, como errores en las boletas, falta de transparencia en la selección de candidatos y cuestionamientos sobre la idoneidad de los aspirantes.
Las impugnaciones deberán resolverse a más tardar el 28 de agosto. Este plazo fue establecido para garantizar que los nuevos jueces, magistrados y ministros electos puedan asumir sus cargos el primero de septiembre, conforme al calendario oficial del proceso .
Desde su anuncio, la elección judicial generó división entre los actores políticos, el gremio jurídico y la sociedad civil. Las principales críticas giraron en torno a tres ejes: la falta de información sobre los candidatos, la manera en que fueron seleccionados los aspirantes —en su mayoría propuestos por el Congreso y el Ejecutivo— y el riesgo de politizar el Poder Judicial.
Durante la jornada, ciudadanos en distintos estados reportaron confusión al momento de votar, principalmente por boletas largas y perfiles desconocidos. En redes sociales y medios, se multiplicaron los testimonios de electores que no sabían por quién votar o que anularon su sufragio.
Más allá de los votos, lo ocurrido este domingo marca el inicio de un cambio de fondo en la relación entre justicia y ciudadanía. Por primera vez, la toga pasó por las urnas. Y aunque el camino es incierto, la apuesta por reformar lo intocable ya está en marcha.
