Voto ciudadano por jueces, magistrados y ministros al servicio del pueblo
Martín Esparza
Por primera vez en la Historia, esta generación de mexicanos tendrá la oportunidad de echar abajo un sistema judicial, el cual aplicó las leyes no en apego a los preceptos constitucionales, sino de los intereses de grupos de poder político y económico. Por tres décadas, han tenido que enfrentar las políticas neoliberales en perjuicio de su bienestar y nivel de vida.
El 1 de junio, con su voto en las urnas, millones de ciudadanas y ciudadanos podrán elegir a los nuevos 881 cargos que estarán inscritos en las boletas. De éstos, nueve serán para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, estarán en las boletas dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito; y 386 juezas y jueces de Distrito.
Del total de cargos y en apego a la equidad de género, un 50 por ciento serán ocupados por mujeres, y 50 por ciento de hombres. Y, además de la renovación del Poder Judicial de la Federación, se renovará al Poder Judicial Local en 19 entidades.
Esto impactará en las primeras instancias que, al igual que nivel federal, deben experimentar un cambio total en los actuales modelos caducos y corruptos, los cuales dejaron de proteger al pueblo hace mucho.
Es importante señalar que, desde su arranque, el proceso no estuvo exento de probables manos negras. Algunas buscaron inhibir la participación de candidatas a la SCJN, como fue el caso de la ministra Loretta Ortiz.
Ella fue objeto de aberrantes medidas cautelares por parte de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por el simple hecho de haber asistido a un encuentro con miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de cooperativas como Cruz Azul y diversas organizaciones sociales.
El caso dejó en claro que fuerzas de la derecha han tratado de mover sus hilos con la pretensión de dejar fuera de la contienda a aspirantes al máximo órgano de justicia del país, identificados con sectores olvidados y golpeados por el mafioso sistema judicial, como lo es la clase trabajadora.
Uno de los temas centrales de la propaganda vertida en las campañas de promoción de la mayoría de los aspirantes es, ahora sí, vender la idea a la sociedad que de llegar al cargo, velarán por el interés de las clases menos favorecidas.
El riesgo es que, como se ha venido denunciado en diversos medios y redes sociales, muchos de los enlistados y enlistadas presentan perfiles francamente contrarios a los intereses populares. A muchos de ellos se les relaciona con grupos fácticos, religiosos, e incluso de peligrosas facciones del crimen organizado.
Por eso, es importante que, además de ubicar la casilla en que nos toque votar y tener nuestra credencial para votar vigente, analicemos con detalle y cuidado los perfiles por quiénes habremos de sufragar para los diversos cargos en disputa.
Actuar con responsabilidad ayudará a que quienes arriben al nuevo sistema judicial sean impartidores de justicia honestos y ajenos a los intereses creados y amafiados grupos y familias, quienes se enquistaron lo mismo en los juzgados de distrito que en los tribunales colegiados, sin exentar de estos vicios a la propia Suprema Corte.
Los ciudadanos no deben olvidar que muchos de estos ministros fueron parte de una casta de excesivos privilegios y estratosféricos sueldos, al grado que, al abusar de nuestros impuestos y de su autonomía, se autoasignaban millonarios sueldos, el pago de costosas comidas, compra de vehículos de alta gama, viajes al extranjero y hasta pago de celulares a sus empleados domésticos.
No se trata de quitar a unos ladrones para poner a otros pillos, sino de transformar realmente de fondo, con el voto ciudadano, el Poder judicial. Se debe colocar los perfiles que garanticen una verdadera autonomía, con juzgadores comprometidos con las causas sociales.
Los integrantes electos del tercer poder, deben defender los derechos humanos y laborales de millones de trabajadores. Además, tienen que frenar los ilegítimos despojos a los territorios indígenas y campesinos, al favorecer con torcidos fallos los intereses de los proyectos depredadores de capitales nacionales y extranjeros.
Con la historia de injusticias cometidas contra el pueblo por el Cártel de la Toga y el Birrete durante la larga noche del periodo neoliberal, podrían escribirse tomos enteros de las “Mil y un Calamidades”. El desaseo jurídico dejó a su paso un extenso rastro de abusos cometidos por jueces, magistrados y ministros corruptos.
La bajeza del expresidente espurio Felipe Calderón fue de tal calaña que propuso al exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar, sepultar el tema de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el Máximo Órgano de Justicia.
De esta manera, se libraría de toda responsabilidad a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa, Margarita Zavala. Esta mujer fue una de las principales responsables de la tragedia, donde murieron quemados 49 niñas y niños inocentes, y otros 106 más quedaron con secuelas de por vida.
A este tipo de impartidores de justicia, el pueblo no debe otorgarles un solo voto, porque no representan los intereses de la mayoría y menos el cabal cumplimiento del Estado de Derecho.
Estos mercenarios de la justicia deben quedar desterrados de los estrados, porque buscarán seguir sirviendo a los intereses de los poderes económicos y fácticos,; quieren seguir pisoteando la justa y verdadera aplicación de la ley.
La derecha y los resabios neoliberales, que han buscado dinamitar y descalificar el proceso, harán todo lo posible para que sus jueces a modo prevalezcan en sus cargos.
Por esta razón, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y los sindicatos independientes deberán alentar y apoyar en las urnas a los perfiles ajenos a estos grupos de poder.
Son miles y miles los ciudadanos y ciudadanas víctimas de los fallos ilegítimos de jueces de consigna, quienes terminaron enriqueciéndose al vender la justicia al mejor postor.
Esos impartidores de justicia extraviaron el sentido de la impartición de justicia con sentido social. Inundaron las nóminas del Poder Judicial de amigos, compadres, familiares y recomendados. Así, fomentaron una verdadera red de intereses creados y mafias desde hace muchas décadas.
La sociedad tendrá en sus manos su voto libre, directo y secreto este 1 de junio. Es necesario expulsarlos de los juzgados y tribunales, donde tanto daño causaron a quienes no tuvieron los recursos para solventar su viciado sistema de corrupciones y privilegios.
Martín Esparza Flores
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
