Retos para Sinaloa en sus instituciones de policía
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Prevenir y combatir la delincuencia requiere de policías preparados y con prestaciones dignas para arraigar en ellos pertenencia y honradez en la función.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública es el órgano de la administración pública federal y sus homólogos en las entidades federativas los que elaboran continuamente diagnósticos sobre las condiciones de integración y funcionalidad de las policías. El panorama que dibujan es negro, pero tampoco hacen nada para aclararlo.
Diversos son los indicadores para identificar las fortalezas y las debilidades de las instituciones policiales. Son mucho más las debilidades que se registran porque las fortalezas no se ven todavía por ninguna parte.
De los diez indicadores que considera el sistema nacional de seguridad pública, sus estándares son muy desalentadores para afirmar que en Sinaloa y en México tenemos instituciones policiales con solvencia institucional y de aptitudes para la función de seguridad pública.
De esos diez indicadores, se fija como punto de inicio que debe haber en las policías un estado de fuerza mínimo, y este debería ser el de la recomendación internacional para países como México que debería tener cuando menos 300 policías por cada cien mil habitantes. En el diagnóstico del Sistema Nacional realizado por la información proporcionada por los Consejos Estatales de Seguridad Pública, dicen que hay 1.05 policía por cada 1,000 habitantes o sea 105 policías por cada cien mil habitantes. Por eso estamos como estamos.
Quiere decir que las entidades federativas en general cuentan con un estado de fuera policial de 130,355 elementos, de los que no todos han salido aptos en las evaluaciones de control y confianza. De ese número de policías, el 6% ha salido no apto para trabajar como policía o sea aproximadamente 7,600 policías. Por lo que este número habrá que descontarlo de los 130,355 ¿Qué desastre verdad? Solo habría 127,962 policías en los 32 estados del País.
¿Dónde está el compromiso aprobado por el Congreso Federal para que la federación le aportara a los gobiernos estatales para la formación de nuevos policías y abatir ese rezago vergonzoso de policías? Ese fue el fundamento para reformar la Constitución Federal y mantener a la fuerza armada militar hasta el 2028.
Los policías preventivos y del combate al crimen, solo tienen una capacitación práctica de 30 horas mínimas anuales en materia del Sistema de Justicia Penal, con apego al Programa Rector de Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. De los tres talleres obligatorios en la materia que son: 1. La función del primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia; 2. La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación, y 3. Taller de Investigación criminal conjunta (prevención e investigación). De esos tres talleres, solo el 42.70% cumplen con uno solamente.
Las academias, institutos y en el caso de Sinaloa, la Universidad de la Policía, es una institución policial que no recluta, no forma y tampoco capacita. Por ello, la determinación política de acabar con el sistema judicial por las graves ineficiencias en el terreno de las policías y de ministerios públicos.
Finalmente, en este breve espacio del diagnóstico oficial, nos permite observar las graves condiciones que tenemos en las corporaciones policiales. Una ausencia de profesionalización, elevada corrupción, y por ello, una nula confiabilidad; y si le agrega la precaria condición laboral, ya que perciben un salario promedio mensual de $9,950.00 que no les alcanza para una alimentación adecuada, y unas autoridades que les regatean crédito para vivienda, gastos escolares, seguro de vida, prestaciones dignas y un fondo de ahorro para obtener incentivos de previsión social, y apoyos para las viudas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, entre otros muchos. Una simulación gubernamental que son la causa de esas precarias prestaciones salariales y sociales que hacen de las policías un foco muy proclive a la corrupción. Cuidado, porque puede ocurrir lo mismo con el soldado vestido de policía.
El problema está, y no se engañen, en las corporaciones de policía y las fiscalías, y no en el poder judicial. Ese es el revanchismo político contra la actuación de los jueces frente a una desaseada policía, e ineficiencia de los fiscales ¿Al delincuente se le libera por las nulas actuaciones de las policías y fiscales, por eso la decisión de nombrar a jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular o por el de los delincuentes?
